Carles Puigdemont

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Carles Puigdemont
Carles Puigdemont Casamajón (Amer, 29 de diciembre de 1962) fue presidente de la Generalidad de Cataluña desde el 12 de enero de 2016 hasta el 27 de octubre de 2017, cuando tras declarar la independencia de Cataluña es destituido del cargo por decisión del senado en aplicación del artículo nº 155 de la Constitución española de 1978. ​

Hacia finales de octubre de 2017, se supo que Puigdemont había huido a Bélgica junto a cinco exconsellers de su partido Convergencia Democrática de Cataluña, intentando evadir los cargos por malversación de fondos, prevaricación, rebelión, desobediencia y sedición[1]. Según la juez Carmen Lamela, "promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional"[2].

Puigdemont es masón y su cónyuge, la rumana Marcela Topor, está vinculada a la brujería y el satanismo[3].

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Acusaciones

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que el expresidente de catalán debe responder ante la justicia por alentar un movimiento de insurrección activa[2]. Hizo "nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación", relata la juez al explicar su "frontal" desobediencia a las resoluciones judiciales suspendiendo las leyes de desconexión encaminadas a la independencia, que finalmente se declaró en el Parlament.

A su juicio, impulsó los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana "como medio intimidatorio y violento" para el conseguir "el fin secesionista de manera coactiva".

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una querella contra el presidente de la Generalitat y todo su gobierno por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al haber hecho caso omisión a la prohibición del Tribunal Constitucional de no permitir actos vinculados a la hoja de ruta independentista. También han añadido el de malversación de caudales público que, en caso de condena, comportaría penas de ingreso en prisión.

La querella detalla que los miembros del Gobierno catalán han actuado con "absoluto desprecio" a las "reiteradas" decisiones del Tribunal Constitucional que prohibían cualquier acto que comportara un referéndum independentista, "dinamitando" el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado recogido en la Carta Magna. Y agrega que la "arbitrariedad" de las decisiones tomadas por los querellados radica no ya en la desobediencia de las decisiones del Constitucional, sino que van dirigidas a "la adopción de unos acuerdos que implican un espeso rechazo a la fuerza de obligar" de la misma máxima norma, "sustituyendo así el ordenamiento jurídico vigente por su propia voluntad".

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