Crisis política en Venezuela

De Metapedia

Conocidos como escuderos y armados con escudos, piedras y bombas Molotov, estos manifestantes son la primera linea de lucha contra las fuerzas represoras del régimen.

La Crisis política en Venezuela se desarrolla desde el año 2013 hasta la actualidad, motivada por las ineficaces políticas económicas del gobierno chavista de Nicolás Maduro, un desconocimiento de la Constitución y el atropello sistemático a de los derechos humanos de los venezolanos.

Contenido

Desarrollo

2013

El 5 de marzo de 2013 puede ser considerado un punto de inflexión en la política venezolana. El anuncio del fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez fue el final de un proceso iniciado con su elección en diciembre de 1998. Su ausencia ha supuesto un vacío de poder que no ha llenado ningún actor político, ingresando el país en una crisis política, económica y social sin precedentes en su historia.

Chávez había designado como sucesor a Nicolás Maduro al no poder ejercer el poder tras la operación de cáncer a la que fue sometido en Cuba. Sin embargo, la ajustada victoria en las elecciones del 14 de abril de 2013 frente al candidato opositor Henrique Capriles, por menos del dos por cien de los votos levantó graves denuncias de fraude por parte del gobierno y tuvo como consecuencia la aparición de importantes dudas sobre la legitimidad de su elección, así como sobre su capacidad para conducir el país.

2014 - 2015

La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos. Esta falta de divisas junto con la políticas de expropiaciones, regulación de precios y tipos de cambios tuvo como resultado un un grave desabastecimiento.

Hacia fines de 2014, y durante 2015, la continua escasez de productos y los bajos precios del petróleo produjeron un recrudecimiento de las protestas. Consultoras como Datanalisis indican que si en mayo de 2013, Maduro tenía un nivel de aceptación del 50%, para marzo de 2015 dicho apoyo apenas superaba el 20%.

El 10 de septiembre de 2015, el gobierno condenó a prisión al líder opositor Leopoldo López acusado de incitación a la violencia en las manifestaciones de 2014, duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad con saldo de 43 personas muertas y cientos de heridos. Le condenaron a 13 años y 9 meses. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente.

2016

En 2016, las protestas han ocurrido luego de la controversia surgida tras las trabas impuestas a la Asamblea Nacional después de las elecciones parlamentarias de 2015, en las que triunfó la oposición, sumado a la situación económica. En los primeros dos meses de 2016 ocurrieron más de 1000 protestas junto con decenas de saqueos.

La suspensión del proceso de convocatoria del referéndum revocatorio desató una nueva crisis política en 2016, con un llamado de la oposición venezolana a marchas pacíficas multitudinarias a partir del miércoles 26 de octubre de 2016.

2017

Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la Crisis Constitucional de Venezuela de 2017 se produjo por la ruptura del hilo constitucional en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, originando una nueva oleada de protestas. Las sentencias produjeron la condena internacional y agravaron la crisis siendo calificadas como un autogolpe de Estado orquestado por el gobierno chavista.

Violando la legislación nacional e internacional, el gobierno comenzó a juzgar a civiles en tribunales militares, donde no pueden elegir a su propios abogados y tanto los fiscales como abogados defensores y los jueces mismos están subordinados al presidente Maduro[1].

Convocatoria a una reforma constitucional

El 1 de mayo de 2017, el presidente de facto Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Una trampa que según la oposición busca crear una nueva constitución nacional que le dote de superpoderes. De acuerdo con los artículos 346 y 348 de la constitución, el presidente puede lanzar la iniciativa de una constituyente pero no convocarla[2]. Únicamente el pueblo en referéndum por votación directa, universal y secreta puede convocarla y elegir a los constituyentes encargados de redactar el texto. Pero en lugar del voto universal y directo, el gobierno anunció que de los 540 miembros de la constituyente, 176 serían seleccionados por sectores afines al gobierno. Los restantes 364, serían elegidos territorialmente según el criterio dictado por el gobierno, en el que a regiones con muchos mas habitantes se le asignan la misma cantidad de representantes.

La constituyente tendría la potestad de disolver todos los poderes, asignarse sus funciones y gobernar por decreto; además el texto constitucional no dice hasta cuando. Por ese motivo, el líder opositor Henrique Capriles apunta que ya sea que los cambios hechos a la constitución se deban aprobar o no mediante referéndum, la constituyente puede usarse para que el régimen se perpetúe en el poder de manera indefinida[3] y le habilita a destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz que investiga sus crímenes, encarcelar a opositores y disolver el parlamento[4].

Elecciones fraudulentas

El 30 de julio de 2017, se votaron los miembros para la Asamblea Nacional Constituyente en una elección donde participaron alrededor de 3 millones de personas según la oposición y 8 millones según el gobierno. Los funcionarios públicos y aquellos que reciben beneficios sociales como alimentación o vivienda, fueron obligados a votar no admitiéndose el voto nulo en el sistema electoral. Los centros de votación estuvieron desiertos como lo documentaron medios periodísticos[5], lo que forzó al gobierno a prohibir al periodismo independiente acercarse a menos de 500 metros de los locales. El evento estuvo plagado de denuncias de fraude y la autoridad de la Constituyente será desconocida por Alemania, Suiza, España, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Paraguay, Estados Unidos, la Unión Europea y Guatemala. A favor de la Constituyente se manifestaron Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Como consecuencia, Venezuela enfrentará sanciones económicas impuestas por EE.UU., Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú.

Para el presidente del Parlamento, Julio Borges, la cifra de 8 millones que ofreció el Consejo Nacional Electoral otorga un millón de votos más a Maduro que cuando fue escogido como presidente en 2013, a pesar de que en 2016 perdió la Asamblea Nacional a manos de la oposición. “Yo creo que eso hoy no lo cree ni la mamá de Maduro”[6], señaló Borges. El dirigente del partido Primero Justicia acusó al Consejo Nacional Electoral de haberse convertido abiertamente en una “mafia”.

El 1 de agosto de 2017, el rector del Comité Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció graves irregularidades en el proceso electoral[7].

El 2 de agosto se supo que la empresa Smartmatic que ha abalado los resultados electorales en Venezuela desde el año 2004, confirma que hubo fraude electoral en la elección de la Constituyente, con por lo menos un millón de votos fraudulentos[8]. Sin embargo, se requeriría una auditoría para determinar la magnitud total del fraude.

Referencias

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