Carlos García Juliá

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Carlos García Juliá (31 de octubre de 1955, Madrid, España) es un patriota español. En 1977 ajustició a varios agitadores del Partido Comunista de España, motivo por el cual terminó convertido en un preso político durante varios años.

Biografía

García Juliá es hijo de un militar español.

Militó brevemente en Fuerza Nueva y luego se unió a FE de las JONS.

En 1977 sería uno de los protagonistas de un violento episodio en un escondrijo del Partido Comunista de España. Sucedió que la noche del 24 de enero de 1977, junto a sus amigos José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, visitó armado una oficina en la calle madrileña de Atocha, con la intención de amedrentar a Joaquín Navarro, un dirigente comunista y agitador subversivo que estaba promoviendo y organizando una huelga de trabajadores del transporte. Lo motivaba a ello su espíritu patriótico y su conciencia ciudadana. Al llegar al lugar, empero, no encontraron a Navarro, pero si encontraron a nueve personas vinculadas al ilegalizado PCE manteniendo una reunión. Rápidamente se enrareció el ambiente, por lo que los comunistas confrontaron verbalmente a los tres muchachos. García Juliá efectuó un disparo inintencional con su pistola, lo que motivó a uno de los comunistas a intentar extraer un arma, obligando a los muchachos a abrir fuego contra los presentes para proteger sus vidas. Cinco agitadores murieron y los otros cuatro resultaron heridos.

García Juliá fue arrestado dos meses después de aquel incidente, siendo juzgado recién en febrero de 1980. Durante el juicio, Mariano Sánchez Covisa afirmó que, varias horas antes de que se produjese el tiroteo, él mismo había informado a la policía sobre la reunión clandestina de los militantes comunistas, pero nadie había dado la orden de intervenir en el lugar, haciéndolo sospechar que los jóvenes patriotas habían sido utilizados como instrumentos de una pelea interna de facciones del PCE que el gobierno conocía y que quería resultara favorable al grupo sobreviviente (cabe recordar que el lugar donde ocurrió el hecho funcionaba habitualmente como despacho de Manuela Carmena y de otros abogados marxistas afines a Santiago Carrillo, los cuales habían intercambiado escondrijo ese día).

A García Juliá y Fernández Cerrá les impusieron la pena draconiana de 193 años de prisión -Lerdo de Tejada recibió una condena menor, ya que él no le había disparado a nadie esa noche sino solamente se había ocupado de anular las líneas telefónicas para que los comunistas no pudieran comunicar los sucesos.

En 1994, tras catorce años de cautiverio y gozando de la libertad condicional, García Juliá partió a Paraguay para trabajar en la empresa Traflumar de ese país. Aunque ya estaba rehabilitado, no era peligroso y estaba reinsertándose socialmente, políticos y periodistas de izquierdas reclamaron que volviese a ser encarcelado en territorio español. Ante la presión de volver a padecer de un encierro interminable, García Juliá decidió huir de las autoridades y fijar residencia en Sudamérica.

Agentes de inteligencia españoles consiguieron plantarle cocaína en 1996 mientras se encontraba en Bolivia, razón por la cual fue aprisionado en ese país. Sin embargo a fines de 1999 consiguió evadirse de su cautiverio, por lo que pudo continuar viviendo en libertad pero usando un seudónimo y documentos falsos para no ser reconocido. Pese a ello en agosto de 2019 fue detenido por la policía brasileña en la ciudad de São Paulo, donde vivía con una identidad ajena. Fue extraditado a España en febrero de 2020. Al ser revisado su caso por el sistema judicial español, se llegó a la conclusión que su condena ya estaba cumplida, por lo que en noviembre de 2020 fue puesto en libertad, más allá del reclamo de los elementos de izquierdas.

En 2023 fue propuesto por FE de las JONS para ser candidato a concejal en la ciudad de Bilbao, pero finalmente no autorizaron al partido a presentar su lista en las elecciones municipales.

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