Escándalo Schoklender

Delincuentes: Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender

Escándalo Schoklender hace referencia a las denuncias conforme las cuales Sergio Schoklender y otras personas intervinieron en el desvío de fondos entregados por el Estado por la construcción de viviendas sociales por la «Misión Sueños Compartidos», organizada por la asociación marxista Madres de Plaza de Mayo y creada por Sergio Schoklender.

Protagonistas

• Sergio Schoklender, judío, adquirió notoriedad por haber asesinado a sus padres, junto a su hermano Pablo Schoklender, en mayo de 1981. Como consecuencia del crimen fue condenado a prisión perpetua. En la cárcel conoció a Hebe de Bonafini y desde que comenzaron en 1995 sus salidas transitorias trabajó en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Llegó a ser apoderado de la entidad y mano derecha de Bonafini, se desvinculó el 8 de mayo de 2011.

• Meldorek S.A., empresa constituida en 2003 por dos jubiladas. La escribana Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno intervino en la Constitución de la Sociedad Comercial. Esta empresa fue contratada por la Fundación para construir viviendas sociales utilizando paneles de telgopor fabricados por ella. Luego de una negativa inicial, Schoklender reconoció ser titular del 90% de sus acciones. La empresa fue creada en 2003 y en 2009 se capitalizó. Antes de su compra por parte de Schoklender no tenía un giro comercial importante sino que parecía destinada a la adquisición de algunos bienes en particular. La justicia investiga qué bienes tenía Meldorek al ser vendida.

• Pablo Schoklender, judío, el coautor del doble homicidio, se incorporó a la Fundación en 2001 desempeñándose en la administración de la misma. Reemplazó a su hermano a partir de la desvinculación de éste, pero al poco tiempo dejó la entidad. Se lo investiga por el giro de fondos a la empresa Antártica Argentina SA en 2009.

• Alejandro Gotkin, judío, socio de Sergio Schoklender y presidente de Meldorek S.A. y de Antártica Argentina SA, la empresa desde la cual Sergio Schoklender compró 12 inmuebles en la localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, y otra de las firmas investigadas por desvío de fondos.

• Gustavo Serventich, judío, titular del 10 % de las acciones de Meldorek S.A. y piloto de Schoklender, a quien en 2010 conectó con el entonces dueño de la firma, un financista que la tenía para albergar sus bienes, entre ellos dos aviones.

Escándalo

Comienzo

El 8 de mayo de 2011 Sergio Schoklender se desvinculó de la Fundación Madres de Plaza de Mayo aduciendo que ese trabajo no era compatible con sus proyectos personales. Otras fuentes refieren que fue echado por Hebe de Bonafini por motivos vinculados al manejo de fondos. Estos hechos se hicieron públicos el 25 de mayo y comenzó una investigación para determinar el desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por la construcción de viviendas sociales en el marco de la Misión Sueños Compartidos.

Causas judiciales

La principal causa judicial está a cargo del juez Norberto Oyarbide y se inició a raíz de una alerta emitida por dos bancos por considerar sospechosos los movimientos en cuentas de empresas ligadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya que cheques cobrados al Estado por las Madres por el plan de viviendas eran endosados a nombre de la empresa Antártica Argentina y retirados luego por ventanilla en un banco de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente compareció la Unidad de Información Financiera (UIF) que la tuvo sin profundizar durante casi un año. El juez dispuso allanamientos en propiedades y oficinas de Schoklender, secuestró documentación y le prohibió salir del país. En esta causa los hermanos Schoklender y otras personas son investigados por los supuestos delitos de fraude al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita.

El juez solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) un informe sobre los movimientos de fondos enviados por el Estado Nacional hacia la Fundación de las Madres.También ordenó un peritaje con contadores de la Corte Suprema e ingenieros de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) sobre todas las obras de la Misión Sueños Compartidos para verificar si los 765 millones de pesos entregados por el estado fueron efectivamente utilizados en las construcciones de viviendas sociales o si hubo una administración fraudulenta.

Como querellante el juez admitió a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, pero no a Bonafini en forma individual como presidenta porque estaría en estudio si le cabe alguna responsabilidad. Las Madres dicen que fueron estafadas por los Schoklender. Igual se investiga si tuvieron responsabilidad en un presunto desvío de fondos.

Oyarbide dispuso la inhibición, embargo de bienes y levantamiento del secreto bancario respecto de sus cuentas, de cerca de cuarenta personas y treinta empresas que están siendo investigadas, entre las que figuran dos financistas cercanos a Sergio Schoklender, su ex esposa Viviana Sala y algunas personas involucradas en la venta de 4 inmuebles realizada por Meldorek poco después que estallara el escándalo. Ordenó iguales medidas respecto de Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini y además actual apoderada de Madres, haciendo lugar al pedido que formuló el fiscal al corroborar que en 2010 vendió a Meldorek en 25 mil dólares un departamento de 80 metros sito en la ciudad de la La Plata cuyo valor de mercado sería de unos 120 mil dólares, para luego adquirir una casa de 200 metros cuadrados. El fiscal quiere determinar si sus movimientos bancarios se condicen con los montos de las operaciones.

A comienzos de septiembre de 2011 el juez interviniente opinó que la investigación judicial podría convertirse en una megacausa y precisó que el caso es un tema muy complejo y que la causa tiene 70 cuerpos de actuación y 200 folios, señalando que los equipos de especialistas trabajan doce horas por día para encontrar pruebas y ayudar a determinar responsabilidades.

La segunda causa, que tramita en el juzgado federal del juez Marcelo Martínez de Giorgi, fue iniciada por un particular e investiga la responsabilidad penal que podrían tener los funcionarios que debían controlar las obras que hacían las Madres por supuesta violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. Uno de los puntos a determinar es si en las dos puntas de la contrataciación estaba la misma persona: Schoklender como apoderado de la Fundación y como titular de las empresas contratistas que hacían las obras. También investiga si hubo sobreprecios en las obras, para lo cual comenzó requiriendo a provincias y municipios la documentación de las mismas.

Montos y obras

Los fondos eran girados por la Subsecretaría de Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, o de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala, ambas del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido a los municipios o provincias que contrataban a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, sin licitación previa. No hay cifras oficiales sobre su monto y los cálculos extraoficiales varían entre los 150 y los 300 millones de dólares desde 2006.

Había obras a construir por Meldorek S.A. en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, Misiones, Chaco y Santiago del Estero. La fundación tenía por cantidad de empleados el segundo lugar entre las empresas constructoras de Argentina, apenas por debajo de Techint y muy por encima de Skanska.

Patrimonio de Sergio Schoklender

La investigación trata de determinar cuál es el patrimonio de Sergio Schoklender. Según versiones periodísticas tiene dos aviones y un yate a nombre de Meldorek, una casa en Pilar y 12 lotes en José C. Paz. Hay inmuebles en las calles Alvarez Thomas y Guevara de la Capital Federal y un entramado de empresas en las que no está claro cuál es su participación.

Hebe de Bonafini echó a Pablo Schoklender de la Fundación y acusó a Sergio de haber querido convertir la Fundación en una empresa. Pero éste por su parte afirmó el 29 de mayo de 2011: ‘’«Yo era un apoderado más de la fundación; soy el gestor claramente, pero la dirección y la presidencia del Consejo de Administración es de Hebe. No soy dueño de Meldorek. Trabajo para ellos, les facturo, cobro honorarios por eso»’’.

Creación de un fideicomiso

El 18 de agosto de 2011 se constituyó un fideicomiso que administre todos los bienes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Durante los meses siguientes se hará un análisis sobre las finanzas de la entidad, que tiene las cuentas bancarias embargadas por la justicia, además de algunos pedidos de quiebra.

Repercusiones políticas

El gobierno, pese al durísimo impacto que significó constatar que Sergio Schoklender y su hermano Pablo administraron de forma irregular el proyecto de construcción de viviendas», traspasó al control de las provincias y municipios involucrados la totalidad de las obras de construcción de viviendas que coordinaba Madres de Plaza de Mayo. En julio de 2011 el jefe de Gabinete del gobierno de Misiones, Ricardo Escobar, afirmó que la Fundación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ya no administra el programa Sueños Compartidos y que esta responsabilidad recaerá en los gobiernos provinciales y los municipios, a excepción de la ciudad de Buenos Aires.

Artículo de opinión

El escándalo Schoklender-Bonafini y el destino de los subsidios

por Guillermo Cherashny para El Informador Público

Hace bastantes años que vi jugando en el casino de Puerto Madero a Sergio Schoklender y que pude comprobar que hacía de chofer de Hebe de Bonafini al volante de un Audi 4. Por entonces empezaban también sus viajes en jet por todo el país para poner en marcha la construcción de viviendas populares. Cabe señalar que el parricida presupuestaba cada vivienda popular entre U$S 17.000 y U$S 20.000, contra 40 y hasta U$S 60.000 que facturaban las constructoras adheridas a la asociación ilícita que funciona en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Hace unos tres meses se generó un conflicto en la provincia del Chaco, donde la CAC denunció competencia desleal, porque Schoklender construía por un tercio o el 40% del valor que fijaban las grandes constructoras. Pero al ladero de Bonafini le alcanzaba con los valores que facturaba para darse todos sus gustos de sibarita. Motivos había varios. En primer lugar, no le tenía que pagar comisión a José López, Secretario de Obras Públicas.

En segundo lugar, y como consecuencia de gerenciar sin control las construcciones, ganaba más o menos 5.000 dólares por casa, multiplicados por miles que levantó a lo largo y ancho del país.

La caja feliz

Schoklender entonces metía la mano y Bonafini, quien lo consideraba su hijo, hacía la vista gorda. Pero la CAC presionaba a José López, planteando que los próceres de los derechos humanos le hacían la competencia desleal. Así llegamos hasta nuestros días. Hoy, la Secretaría de Obras Públicas les debe seis meses a todas las constructoras y lo mismo pasa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Es decir que el gobierno, con su morosidad, cortó la bicicleta financiera montada por Sergio Schoklender, quien se quedó pedaleando en el aire. Todo esto pese a la auditoría contable que hacía Felisa “bolsita” Miceli, quien se lleva de maravillas con el parricida. La verdad es que Sergio dejaba afuera de sus curros y vicios a su hermano Pablo, que empezó a armar lío. Sergio, además, estaría maradonizado, consumiendo el “café veloz”. Así fue como llegó el momento de la crisis y dejó entonces un tendal de acreedores. Sería muy interesante que un fiscal federal investigara los precios de las viviendas populares que cobraba la Fundación Madres y también los de las casas de Milagro Sala, que estarían en un nivel razonable. También se deberían comparar estos precios con los de las casas construidas por las empresas adheridas a la CAC. Todos estos elementos estaban en poder del juez federal Julian Ercolini en la causa iniciada por legisladores de la Coalición Cívica. Pero lamentablemente cajoneó el expediente.

Cabe recordar que cuando Felipe Solá gobernaba Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos, creada por él, hubo otro escándalo por la falsificación de firmas de cheques entre la diputada Gabriela Cerruti y Estela Carlotto. El hijo de ésta era entonces Secretario de Derechos Humanos bonaerense y el episodio fue extensamente relatado por Horacio Verbitsky en Página 12. Pero tampoco se investigó nada y el asunto quedó en el olvido.

Todos estos escándalos evidencian también que hay una manejo desaprensivo con fondos públicos y también con indemnizaciones a familiares de desaparecidos. Estas conductas delictuales están amparadas por el gobierno nacional y la justicia federal se niega a investigarlas. Esta falta de investigación no sería gratis. Habría para no pocos jueces patentes de corso para tramitar arbitrariamente los casos que les interesen. Todo esto dejando a salvo de cualquier investigación o procesamiento a funcionarios públicos. O a beneficiarios del negocio de los derechos humanos.

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