Carapintadas

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Los carapintadas fueron varios grupos de activistas militares, algunos de ellos de ideología nacionalista, que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra los gobiernos de Raúl Alfonsín y luego de Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de pintura de camuflaje por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos levantados contra los protagonistas de la lucha contra la subversión marxista en Argentina en la década del 70. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente Menem en 1989.

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Primer alzamiento

El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987. En protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los militares que participaron en la lucha contra la subversión, el mayor Ernesto Barreiro, que había tenido participación activa en dicha lucha, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a los cargos que se le imputaban.

Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel 130, entre oficiales y soldados; se amotinaron, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico, entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones), que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú planteando que los jefes que impartieron las órdenos "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen" y exigiendo una solución política para los juicios. Y decía Rico que "si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".

Los principales partidos del país: Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, Unión de Centro democrático, Partido Demócrata Cristiano, Partido Intransigente, Partido Comunista y Partido Socialista suscribieron el Acta de Compromiso Democrático, oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en el combate a la subversión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda como el Movimiento al Socialismo, el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, el Partido Obrero, y las Madres de Plaza de Mayo a distanciarse del grupo de los firmantes.

El presidente Alfonsín parlamentó con Rico en Campo de Mayo, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro se escapó y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia, Barreiro la militar y Rico la civil, siendo juzgado en San Isidro por insurrección. Finalmente, meses más tarde, la Ley de Obediencia Debida satisfaría algunos de sus reclamos. Rico fue el único que permaneció en prisión, que debería cumplir en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, a la espera del juicio.

Segundo alzamiento

Sería nuevamente Rico la principal figura del segundo levantamiento militar, que tuvo lugar en enero de 1988 en la localidad provincia de Corrientes de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Interior ordenó su captura inmediata.

Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo comandante, el coronel Alvarez de Igarzabal declaró que adhería al planteo de Rico, bautizado como Operación Dignidad. Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos y, aunque los juicios relativos a la guerra contra la subversión disminuyeron, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura de los sublevados.

Tercer alzamiento

El tercero y último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de elite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín consideró el problema menor, al no provenir del Ejército sino de una fuerza de menor importancia, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que nuevamente coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, cabeza de los carapintada. Seineldín, un carismático y heroico veterano de la guerra de Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del ejército, afirmó que el objetivo de la acción era salvar el honor de las Fuerzas Armadas.

Caridi movilizó rápidamente las tropas leales, rodeando rápidamente la guarnición de Campo de Mayo. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en Provincia de Córdoba y provincia de Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad. Acantonados allí, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e inmunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Bajo el lema un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre, el gobierno accedió a éstas casi sin excepción. Seineldín fue procesado, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde. Caridi fue pasado a retiro, y las exigencias militares de incrementos presupuestarios y salariales fueron atendidas.

Primera serie de indultos del gobierno de Menem

Otras peticiones se verían realizadas por el indulto decretado por el nuevo presidente, Carlos Menem, en octubre de 1989, que incluían a 164 de los carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por la guerra antisubversiva, y los mandos culpables de negligencia durante la guerra de Malvinas.

Cuarto alzamiento

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a rebelarse el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección.

Segunda serie de indultos del gobierno de Menem

Luego del último alzamiento, pocos días más tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua, entre ellos el general Ramón Camps. Sólo Seineldín, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.

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