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Ajuste estructural
Ajuste estructural es un término que se utiliza generalmente para describir los cambios de políticas implementados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (las instituciones Bretton Woods) en países en desarrollo. Estos cambios de política son condiciones para obtener nuevos préstamos del FMI o del Banco Mundial, o para obtener tasas de interés más bajas sobre los empréstitos ya existentes. Los programas de ajuste estructural son creados con el fin de reducir el desequilibrio fiscal de los países prestatarios. La elección del banco que hará el préstamo depende del tipo de necesidad. Así, en general, los préstamos tanto del Banco Mundial como del FMI deben ser designados a promover el crecimiento económico, generar ingresos y saldar la deuda que estos países han acumulado.
Se espera que los programas de ajuste estructural (PAE) permitirán a las economías de los países en desarrollo tomar una mayor orientación hacia el mercado, lo que las forzaría a concentrarse más en el comercio y la producción para que pueda mejorar su economía. Las condiciones son implementadas para asegurar que el dinero prestado sea gastado de acuerdo con los objetivos globales del préstamo. Desde fines de los años 1990, algunos defensores del ajuste estructural, como es el caso del Banco Mundial, se han referido a la "reducción de la pobreza" como una meta. A menudo, los programas de ajuste estructural fueron criticados por implementar políticas genéricas de libre mercado, así como por su falta de relación con el país prestatario. Para incrementar su participación, se promueve que los países en desarrollo redacten Documentos de estrategias para la reducción de la pobreza. Estos documentos esencialmente toman el lugar de los programas de ajuste estructural. Algunos creen que el incremento de la participación de los gobiernos locales en crear la política conducirá a una mayor propiedad de los programas de préstamos, por lo tanto a una mejor política fiscal. El contenido de estos documentos ha resultado ser bastante similar al contenido original de los Programas de Ajuste Estructural, de autoría del Banco Mundial. Los críticos argumentan que las similitudes muestran que el Banco Mundial y los países que lo financian están todavía demasiado involucrado en el proceso de elaboración de políticas.
Sumario
Condiciones
A través de las condiciones, los programas de ajuste estructural generalmente implementan programas de liberalización, de forma regulada y progresiva. Estos programas incluyen tanto cambios internos (en particular, privatización y desregulación) como externos, especialmente la reducción de barreras comerciales. Los países que no logran adoptar estos programas pueden ser sujetos a una severa disciplina fiscal. Los críticos argumentan que las amenazas financieras a los países pobres equivalen a un chantaje que dichos países no tienen más remedio que aceptar.
Algunas de las condiciones para el ajuste estructural pueden incluir:
- Recorte de gasto social, también conocido como austeridad;
- Enfoque del rendimiento económico en la exportación directa y en la extracción de recursos;
- Devaluación de monedas;
- Liberalización del comercio o levantamiento de restricciones a la importación y a la exportación;
- Incremento de la estabilidad de las inversiones (al complementar a la inversión extranjera directa con la apertura de mercados bursátiles domesticos;
- Presupuestos balanceados y ausencia de gasto excesivo;
- Remoción de controles de precios y subsidios estatales;
- Privatización o desinversión de todas o parte de las empresas propiedad del Estado;
- Mejora de los derechos de los inversionistas extranjeros de cara a leyes nacionales;
- Mejora de la gobernanza y lucha contra la corrupción política.
Consecuencias
Económicas
Estas condiciones también han sido etiquetadas con el nombre de Consenso de Washington. De acuerdo con Stiglitz el tratamiento sugerido por el FMI es demasiado simple: "una dosis rápida". Estabilizar, liberalizar y privatizar, sin priorizar o guardarse de los efectos secundarios. Las reformas no siempre funcionaban de la manera prevista. Los críticos, por su parte, argumentan que los decepcionantes resultados han justificado sus preocupaciones acerca de lo inapropiado del programa estándar de reformas. dichas políticas, no ha llevado a ninguna bonanza económica mayor en América Latina, sino más bien agravar las crisis económicas y la acumulación de deudas externas paralizantes que endeudan al país objetivo con el primer mundo.
Soberanía nacional
Los programas de ajuste estructural ponen en peligro la soberanía de las economías nacionales, ya que una organización exterior dicta la política económica nacional. Los críticos argumentan que la creación de una buena política es de propio interés de la nación soberana; por lo tanto, los programas de ajuste estructural serían innecesarios, dado que el Estado estaría actuando en su mejor interés. No obstante, en muchos países pobres, el Gobierno favorece las ganancias políticas sobre los intereses económicos nacionales, de forma que buscan rentas prácticas para consolidar su poder político, en lugar de abordar los problemas económicos cruciales.
Si bien la deuda pública en países en desarrollo y desarrollados es un hecho casi universal, los países de bajos ingresos se enfrentan a una posición mucho más vulnerable para mantener una balanza de pagos equilibrada. Por otra parte, debido a la casi universalidad de la deuda, una crítica popular es que los términos del ajuste estructural se han convertido en un modelo para la gestión de gran parte de la humanidad. Por lo tanto, algunos argumentan que el proceso político democrático de un sinnúmero de países se ha visto socavado por las decisiones formuladas a kilómetros de distancia por burócratas económicos occidentales y que la implementación de tales políticas solo ha beneficiado a los más grandes donantes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón).
Privatización
Una política común necesaria en el ajuste estructural es la privatización de las industrias y los recursos de propiedad estatal. Aparentemente, esta política tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la inversión, a la vez que disminuye el gasto público. Los recursos de propiedad del Estado deben ser vendidos sea que generen beneficios fiscales o no. No obstante, los críticos han condenado los requisitos de la privatización. Cuando los recursos son transferidos a las empresas extranjeras o a las élites nacionales, el objetivo de la prosperidad pública es reemplazado por el objetivo de acumulación privada. Además, las empresas estatales pueden tener pérdidas fiscales, ya que cumplen un rol social más amplio, como puede ser el suministro de servicios públicos a bajo costo y puestos de trabajo. Muchos han argumentado, por ejemplo, que la privatización del sector del agua en Bolivia o del sistema de salud en el África subsahariana han perjudicado más que ayudado a los pobres.
