Autodefensas Unidas de Colombia

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es una organización paramilitar de Extrema derecha, creada en abril de 1997 en Colombia, para reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos paramilitares regionales pre-existentes.

Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron clasificadas como una organización terrorista por el Gobierno de Colombia, la Unión Europea y por los Estados Unidos.

En el 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno como resultado del cual se desmovilizaron unos 30,000 miembros de las autodefensas y sus comandantes cesaron sus operaciones. Algunos líderes de las AUC no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, y varios grupos paramilitares locales, ya sea que no se desmovilizaron, volvieron a tomar las armas o se crearon posteriormente, continúan activos en Colombia.

Bajo la bandera de combatir a las narcoguerrillas comunistas, las AUC recibieron el apoyo soterrado de políticos, militares, ganaderos, empresarios y personas del común; muchas de estas personas alegaron un supuesto abandono estatal

Sus objetivos declarados son proteger a sus miembros y patrocinadores en las zonas bajo su influencia, entre ellos ganaderos y narcotraficantes, de las incursiones armadas de las guerrillas de las FARC, ELN y EPL. Su líder político tradicional fue Carlos Castaño, cuyo cadáver fue encontrado e identificado en agosto de 2006, después de más de dos años de especulaciones sobre su muerte, y otros de sus importantes miembros son Salvatore Mancuso y Ernesto Baez.

Definición: Paramilitarismo o autodefensa

En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales que se autodenominan como autodefensas y que están estrechamente ligados al narcotráfico por lo que también son conocidos como 'narcoparamilitares'. La definición de paramilitar proviene de un para-estado, es decir estos grupos al margen de la ley recibieron apoyo implícito mas no explícito de las FFMM es decir ejercieron su accionar a expensas del Ejército Nacional Colombiano.

Los grupos ilegales surgidos después de la desmovilización de las AUC se conocen como Bandas Criminales (Bacrim) o emergentes, entre las que figuran las llamadas Águilas Negras. El gobierno de Colombia ha alegado que no se les puede seguir llamando "paramilitares" a grupos que exclusivamente trafican con drogas ilegales y sólo combaten a las guerrillas por el control de las mismas. En algunos casos, dichos grupos han realizado negocios con las mismas guerrillas a través de intermediarios como Daniel Barrera Barrera. El término utilizado oficialmente por el gobierno para describir a las AUC, era "Autodefensas ilegales".

Entrenamiento sionista

Las AUC han recibido instrucciones de mercenarios israelíes como Yair Klen un exmilitar y mercenario israelí.

Caso Yair Klein

En segunda mitad de los años 80 entrenó a los grupos paramilitares colombianos, así como a las milicias del narcotráfico de ese país, encabezadas por hombres como Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria. Actualmente se refugia en su país de origen, tras intentos infructuosos de países como Colombia, que solicitaron su extradición.

Klein fue condenado por una corte colombiana en 2002, pero en ese entonces no fue capturado, entre otros motivos porque los procesos prescribieron y una circular roja de la Interpol en su contra expiró.

Tras su paso por Colombia, estuvo en Sierra Leona, país donde pagó una condena de 16 meses por proporcionarle armamento al grupo subversivo Frente Revolucionario Unido.

Klein afirmó en una entrevista con Caracol Televisión que visitó Colombia por solicitud de la policía para entrenar a sus miembros. Criticó el proceso de desmovilización de los paramilitares, calificándolo de "estupidez" y dijo que, si lo dejaran volver a Colombia, sería capaz de destruir la guerrilla de las FARC en seis meses. Dicha entrevista motivó a las autoridades colombianas a pedir nuevamente su captura. La Interpol emitió una circular roja contra él y otros dos mercenarios israelíes en abril de 2007.

Actividades

Las AUC vivieron en continuos enfrentamientos con las guerrillas. Existen muchas acusaciones y evidencias en Colombia y en el exterior sobre la colaboración de algunos miembros de las fuerzas policiales, militares y políticas con las AUC y otros grupos paramilitares.

Buena parte de las AUC participaban en el tráfico de drogas, de armas y en el contrabando. Sus miembros también han participado en el secuestro y la extorsión a comerciantes y empresarios pequeños, además de conseguir a lo largo de sus años de actividad la propiedad legal o ilegal de una cantidad desconocida de suelo agrícola y ganadero que ha sido estimada entre 2 y 4 millones de hectáreas.

Se les atribuye a miembros de las AUC la responsabilidad de crímenes selectivos y numerosas masacres de grupos de oposición, de campesinos y de otros sectores que han ocurrido en Colombia durante al menos los últimos 20 años. Han dirigido dichas acciones contra civiles que ellos consideran ser miembros y apoyos de las diferentes guerrillas o opuestos a sus intereses económicos y políticos.

En algunos de los casos no ha sido posible establecer la veracidad (o falsedad) específica de dichas consideraciones de parte de las AUC, lo que indicaría que necesariamente tanto personas inocentes como culpables de dicha acusación habrían caído asesinadas por ese grupo de manera individual y colectiva. Sus homicidios fuera de combate han sido considerados como crímenes de guerra tanto en Colombia como ante entidades jurídicas internacionales, además de haber sido consignados en informes de ACNUR, Human Rights Watch y otras ONGs que también han denunciado el reclutamiento de menores de edad.

Miembros de las AUC y en particular de anteriores grupos paramilitares participaron activamente en el aniquilamiento de militantes de la Unión Patriótica.

Masacres y fosas comunes

Este grupo paramilitar ha sido responsable de diferentes masacres en zonas rurales del país. Las autoridades han hallado fosas comunes donde se encontrarían miles de personas asesinadas por este grupo, incluidos niños. La ubicación de muchas de estas fosas aún no se conoce públicamente. Varios jefes paramilitares sometidos al proceso de desmovilización han revelado la ubicación de algunas de ellas. Según informes de prensa, a finales de los años 1990 este grupo incrementó el número de masacres llegando al punto de cometer 1 masacre cada 2 días entre los años 1999 y 2000, tiempo en el que perpetraron más de 200 masacres por año.

Descuartizamiento

Informes de prensa han revelado que algunos de los miembros de las AUC entrenaban a sus hombres en el descuartizamiento y desollamiento de personas vivas con el uso de motosierras y machetes, así como en tácticas de tortura para causar terror u obtener información. Varios desmovilizados de las AUC han relatado a las autoridades la manera cómo a los campos de entrenamiento algunos jefes paramilitares llevaban a varios campesinos amarrados en camiones para utilizarlos en cursos de instrucción que enseñaban a descuartizar personas vivas. Existe información según la cual algunos miembros de este grupo habrían seguido delinquiendo a pesar de haberse desmovilizado y continúan con estas prácticas criminales. Según las investigaciones, el descuartizamiento de personas vivas tenía un triple objetivo, desparecer a las víctimas, usarlo como ritual de iniciación para insensibilizar a los combatientes jóvenes y facilitar el cavado de una fosa poco profunda puesto que el cuerpo descuartizado era más fácil de enterrar que el cuerpo entero.

Otros métodos inusuales revelados por confesiones de antiguos miembros desmovilizados fue el de uso de serpientes venenosas para matar a sus víctimas. La orden la habría dado alias Jorge 40 a sus hombres del Bloque Norte para el momento en que tuvieran que asesinar a más de tres personas. El objetivo de este método era evitar que se considerara como masacre y se la atribuyeran al grupo puesto que el Derecho Internacional Humanitario califica como masacre actos de asesinato que incluyan a más de tres personas.

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Enlaces Externos

Comunicado de las AUC amenaza a los habitantes del municipio de Cabrera, departamento de Cundinamarca, límites con Tolima