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Caso Skanska
Sumario
Descripción
La situación comenzó en el año 2005, cuando el Ministerio de Planificación inició un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país.
El proyecto era gerenciado por la empresa Transportadora Gas del Norte, la cual le indicó al Ente Nacional Regulador del Gas que Skanska pagaba un 152% de sobreprecios. Esta cantidad representaba alrededor de unos 17 millones.
La maniobra fue descubierta y perseguida por el juez del fuero en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien comenzó a estudiar la hipótesis de que existiera delito penal. El juez consideró probado que Skanska pagó dos años atrás 118 facturas apócrifas a al menos 23 empresas fantasma o irregulares. Una de esas firmas pantalla es Calibán, luego denominada Infiniti Group, cuyos operadores se encuentran procesados por asociación ilícita y otros delitos.
Skanska envió a un auditor interno a Tribunales, el cual confesó que algunos ejecutivos habían pagado comisiones indebidas. Siete fueron despedidos por la empresa, procesados, y recibieron prisión preventiva, aunque la propia Skanska los indemnizó en fuertes sumas para comprar su silencio. Además, se pagaron multas en la Administración Federal de Ingresos Públicos por diez millones.
El diputado Adrián Pérez del partido ARI por un lado, y los diputados Patricia Bullrich y Jerez del partido PRO, por otro, solicitaron que la investigación se extienda a funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López (secretario de Obras Públicas) y Fulvio Madaro (director del Enargas). El juez Guillermo Montenegro pidió dividir la causa y hacerse cargo él de la investigación de los sobornos. A esto le siguió el allanamiento de oficinas del Ministerio de Planificación, manejado por Julio de Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas.
El 15 de abril Aníbal Fernández, ministro del interior, presenta un pedido de remoción ante el Consejo de la Magistratura contra el juez de la causa López Biscayart. Dicho pedido se basaba en que el juez había intentado enviar a Adrián Félix López -detenido que había imputado al ministro de Planificación Julio De Vido el ser el destinatario del dinero salido de Skanska- a una cárcel de la Policía Federal ante sospechas de que su integridad física corría peligro, lo cual fue impedido por Fernández. El Consejo desestimó la denuncia días después.
El jefe de gabinete Alberto Ángel Fernández se presentó en el Congreso para realizar su informe periódico, y fue consultado por el tema. Desestimó que el gobierno pudiera estar implicado, afirmando que "si hubo coimas fue entre privados", e intentó implicar al jefe de gobierno Jorge Telerman en presuntos negociados con una de las empresas fantasmas descubiertas (Sol Group S.A.).
Existen documentos en los cuales se aprecia que el Enargas ordenó a TGN Techint que contratara a Skanska para la construcción del gasoducto, a pesar de los fuertes sobreprecios denunciados. Enargas argumentó haber forzado la contratación de dicha empresa por TGN Techint planteando que éstos demorarían la concreción de un contrato para la construcción del gasoducto para mantener alto el precio del gas. El diario porteño Clarín también publicó conversaciones secretas entre dos gerentes de Skanska en la que se reconoce el pago de sobornos a funcionarios argentinos y también en otras obras como el caso de Pluspetrol en Perú.
Impacto mediático
En diciembre de 2007, la editorial Planeta publicó un libro del periodista Pablo Abiad, titulado El club K de la Obra Pública. Skanska, un caso. El libro que analiza el caso en detalle sobre la base de abundante documentación, adopta un posición de crítica a la administración kirchnerista en materia de obras públicas organizadas desde el Ministerio de Planificación Federal.
Escaso progreso judicial
La investigación del juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, por la presunta evasión fiscal de Skanska, logró avances al ser procesados ex directivos de la compañía y el ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, como partícipe necesario. En cambio, la investigación del juez federal Norberto Oyarbide, por presunta administración fraudulenta y cohecho, no registra avances concreto a pesar de que Ulloa y el ex presidente del Enargas, Fulvio Madaro, fueron citados a declarar en calidad de sospechosos.
