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Masacre de José León Suárez
Prolegómenos
La Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Había miles de presos políticos, entre ellos algunos militares peronistas detenidos en el buque-prisión "Washington", internado aguas adentro del Puerto de Buenos Aires. Allí estaban los generales Juan José Valle y Tanco, entre otros oficiales. Conspiraban para diseñar un movimiento que exigía: cese de la persecución al peronismo; restitución de la Constitución de 1949, y libertad a los presos políticos. Conductores del movimiento eran: generales Valle y Tanco; los coroneles Cogorno, Alcibíades Cortínez, Ricardo Ibazeta; capitán Jorge Costales, entre otros.
Desarrollo del movimiento
En la noche del 9 de junio de 1956 comenzó la insurrección en varias partes del país, pero fue rápidamente desbaratado. En los enfrentamientos los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera- sin contar, por supuesto, los que fueron luego fusilados.[1]
Aramburu e Isaac Rojas (Presidente y Vice de facto del gobierno), sabían de la conjura pero habían decidido no abortarla. Así en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, y dejó el decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los decretos eran correlativos y se publicaron así en el Boletín Oficial con posterioridad.
Los sublevados habían previsto leer la "proclama revolucionaria", a las 23 del 9 de junio. La instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción debía ser escuchar una pelea por radio en el Luna Park, de Buenos Aires. Respecto del propósito de los rebeldes dice Page:El equipo de Valle estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, el capitán Costales y varios civiles. Eran las 22. La radio se instaló en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. Pero a las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama sólo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Otros lugares de la alzada eran: Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, por el sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, por Cogorno; el grupo de civiles, entre otros, operando en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron los Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión y Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario (tomaron por varias horas exitosamente el Regimiento), Rafaela, Viedma. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso y debe huir y esconderse. Mientras el general Valle se oculta en Buenos Aires, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y fracasado.
Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno establece a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la ley marcial a los sublevados ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. La masacre por fusilamiento estaba decidida por el gobierno de Aramburu. Entre las 2 y las 4, se asesina a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del teniente coronel Desiderio Fernández Súarez le ordena al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles, de los cuales siete logran huir pero cinco mueren. Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, será el "fusilado que vive" que permite reconstruir la historia.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu, ya en Buenos Aires el 10 de junio al mediodía, sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno, entonces, firman el decreto 10.364 que detalla la lista de once militares que deben ser fusilados (único documento de fusilar, oficialmente inscrito en la historia argentina). No existen registros de esos juicios sumarios. No existe registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte.
El 12 de junio, Valle decide entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. Le toca al antiperonista capitán de navío Francisco Manrique, enviado de Rojas, ir a buscarlo. A las 14 de ese día, Valle ingresa con su amigo Gabrielli y Manrique al Regimiento I de Palermo donde es interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el general Lorio.
Después, Valle es enviado a la Penitenciaría Nacional (demolido, actualmente es un parque), en la Av. Las Heras. El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recuerda que "el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares" en la vieja penitenciaria de la Av. Las Heras. Valle fue alojado en el 6º piso. El clima psicológico en el penal era helado por lo tenso. La última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. Ese 12 de junio, a las 22:20 hs., Valle fue fusilado con fusil Máuser 7,65 mm Mod. Arg. 1909, por un pelotón cuyos nombres se clandestinizaron como secreto de Estado.
No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Ni registro de los responsables. El 13 de junio, cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Brierre. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), general Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Pero el haitiano Briere, con arrojo, logró salvarlos. El saldo de esas 72 horas de junio de 1956 fue trágico y premonitorio: 18 militares y 13 civiles asesinados.
