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Juan María Bordaberry
Juan María Bordaberry Arocena (Montevideo, 17 de junio de 1928 - Montevideo, 17 de julio de 2011) fue un político uruguayo perteneciente al Partido Colorado que ejerció como presidente constitucional entre 1972 y 1973 y como dictador entre 1973 y 1976.
Gobierno
Bordaberry presidió un golpe de Estado el 27 de junio de 1973, disolvió el Parlamento, las organizaciones sociales, los partidos políticos y suprimió las libertades civiles. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el "proceso cívico militar". Asimismo creó un Consejo de Estado controlado por los militares, como órgano superior al gobierno y mantuvo su cargo. A diferencia de otras dictaduras militares, la de Uruguay tenía a un civil a la cabeza para cuidar las apariencias. Su gestión, sin embargo, era controlada de cerca por las Fuerzas Armadas.
Cuando en 1975, propuso a los militares imponer un nuevo sistema constitucional de inspiración fascista y franquista, eliminando definitivamente a todos los partidos políticos para entonces ilegalizados y suprimir las instituciones liberales, la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas consideró que la propuesta de eliminar los partidos políticos era muy arriesgada. Por ello, el 12 de junio, decidió destituir a Bordaberry y designar a Alberto Demicheli para reemplazarlo. Éste a su vez, se negó a habilitar con su firma pesadas proscripciones de dirigentes políticos, por lo que fue destituido por los militares y reemplazado el 1º de septiembre de 1976 por Aparicio Méndez.
Condena
En 2006, Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad ocurridos en oportunidad del golpe de Estado y de la dictadura que él encabezó, siendo acusado de violar la Constitución y de ser el autor intelectual de secuestros y desapariciones de opositores políticos al régimen.
Aunque los uruguayos en referéndum votaron una amnistía general para todos los implicados en la lucha contra la subversión del período 1973-1985[1], la Ley de Caducidad ha sido usada por la izquierda para exonerar a uno solo de los bandos, la guerrilla marxista. En el caso de los militares, se ha sostenido que no quedarían cubiertos al tratarse de crímenes lesa humanidad. La guerrilla también estuvo implicada en esa clase crímenes pero después del retorno a la democracia no ha habido voluntad de investigar en ese sentido.
