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Crisis bancaria de 2002 en Uruguay
Sumario
Orígenes
Entre otras causas, el proceso se inició con la crisis económica de diciembre de 2001 en la Argentina. Desde hacía muchos años, miles de ciudadanos argentinos venían depositando su dinero en el sistema bancario uruguayo, caracterizado por su seguridad (cada vez que un banco uruguayo entraba en problemas, el Banco Central intervenía con fondos), por su liberalidad (es muy sencillo abrir una cuenta) y la libre circulación de divisas (nunca se pesifican depósitos, y además es posible depositar en varias monedas). El volumen de depósitos de argentinos, entonces, era considerable para la pequeña economía de Uruguay; por tanto, los masivos retiros por parte de argentinos a lo largo de la primera mitad de 2002, afectaron al sistema bancario uruguayo. Un caso particular fue el argentino Banco de Galicia, que no fue asistido por el Estado uruguayo "por no ser un banco uruguayo". Y esto, a su vez, tuvo un efecto de "boomerang", los ahorristas de todas partes se apuraron a seguir retirando sus depósitos.[1]
Desarrollo
Todo esto implicó considerables aportes por parte del Estado para auxiliar a los bancos con problemas, que a la postre implicarían una reestructura bancaria. Los bancos afectados más importantes fueron el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera, el Banco Montevideo y el Banco de Crédito, que enfrentaban altos grados de dificultades de solvencia.
Muchos analistas consideran que la actuación del gobierno de Jorge Batlle Ibáñez en este caso fue irresponsable, al proporcionar considerables auxilios financieros a instituciones bancarias sin aplicar las mínimas medidas de control. Para mediados de 2002, las ayudas entregadas por el Banco Central del Uruguay a la banca comercial ascendían a varios millones de dólares. Esto provocó la caída del impopular ministro de economía Alberto Bensión. Se declaró feriado bancario, se nombró ministro de Economía al parlamentario Alejandro Atchugarry, y también fue sustituido el directorio del Banco Central del Uruguay, cesando César Rodríguez Batlle y asumiendo Julio de Brun. Entretanto, la cotización del dólar estadounidense se disparó, llegando a 35 pesos uruguayos.[2]
El Parlamento uruguayo aprobó sin dilatorias la "Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario", que reprogramó depósitos a plazo fijo y dispuso medidas para su gradual devolución a los ahorristas. Muchos consideran que esta medida fue un mal menor, comparada con el "corralito" argentino.[3]
Corolario
Esta crisis significó la virtual desaparición de la banca privada de capitales nacionales. Actualmente, el mayor banco es el estatal Banco de la República Oriental del Uruguay, seguido por varios bancos de capitales extranjeros como el Banco Santander Uruguay, el Banco Itaú, etc. El Nuevo Banco Comercial sustituyó en nombre al extinto Banco Comercial, y en los hechos recogió los depósitos de éste, del Banco Montevideo y del Banco La Caja Obrera.
Esta crisis arrojó numerosas lecciones. Pero sobre todo, terminó con la hasta entonces habitual costumbre del Estado uruguayo, de asistir a los bancos quebrados; como consecuencia se instrumentó un seguro de depósitos bancarios con cobertura parcial.[4]
Efectos y consecuencias actuales
Aún hoy está pendiente el juzgamiento de responsabilidades individuales en la gesta y administraron de la crisis de 2002. Juzgamiento que parece necesario para muchos actores políticos y organizaciones sociales tales como los Grupos de ahorristas damnificados. La crisis del 2002 no sólo afectó en aspectos macro de la economía del país, sino que tuvo graves consecuencias sociales que tienen rostros de verdad, la pobreza aumentó considerablemente y con ello aparejado muchos de los problemas actuales que vive el país.