United Fruit Company
Tenía muchísimo poder en los países centroamericanos ya que, con la colaboración del gobierno estadounidense, ayudaba al derrocamiento de gobiernos y a la implantación de dictaduras en aquellos países que presentaban hostilidades a su actuación empresarial. Es lo que dio lugar a que esos países o sus gobiernos fueran llamados "repúblicas bananeras", ya que la empresa estableció líderes locales para poder favorecer sus intereses económicos.
Historia
Diversas actuaciones ilegales han salpicado su historia, como en Colombia, en 1928, que ante las protestas de los trabajadores agrícolas demandando mejoras laborales, la compañía logró que las autoridades locales reprimiesen la manifestación a tiros, asesinando vil e impunemente a muchisímos manifestantes. Es lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras.
Luego de 1948, Spruille Braden, conocido en Argentina por su intervención durante las elecciones de 1946, percibió un sueldo como lobbista de la compañía.
En 1954, en Guatemala, cuando Jacobo Arbenz Guzmán intentó aplicar una ley moderada a favor de la expropiación de las grandes propiedades, a las que indemnizaría con bonos a largo plazo, fue depuesto por Carlos Castillo Armas, gracias a la colaboración del gobierno de Washington. Se dio un conflicto de intereses brutal ya que Allen Dulles, director de la CIA, era además abogado de la United Fruit Company. Muchos de lo empleados gubernamentales tenían intereses privados en la empresa.
En Cuba era una de las compañías que controlaban la producción de azúcar y fueron expulsados en 1959, tras la revolución cubana que un año más tarde, el 1 de enero de 1960, nacionalizaría todas sus posesiones.
En 1969 fue comprada por Zapata Corporation, empresa relacionada con George H. W. Bush. La empresa cambió su razón social como Chiquita Brands y hasta el día de hoy opera bajo este nombre.
En 2007 Chiquita Brands enfrentó un juicio en Estados Unidos por haber financiado grupos de autodefensa paramilitar en Colombia que fueron responsables de la masacre de sindicalistas y campesinos; la compañía tuvo que pagar una multa a las autoridades de su país pero ahora las autoridades colombianas buscan cooperación de Estados Unidos para que extraditen a los funcionarios responsables de estos delitos y sean juzgados en el país.
