Intervencionismo

Se entiende en un sentido amplio por intervencionismo a la acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público o privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquel. En un sentido estricto el término alude a un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del intervenido, sin embargo el término es más usado en el terreno económico como la afectación de la actividad económica por el Estado.

Clasificación

El intervencionismo estatal ha existido siempre y en todos los ámbitos de la vida pública y privada. De hecho, la actividad reguladora mediante normas jurídicas, al tratar de ordenar la vida social, ya es una acción intervencionista. Sin embargo, el término se usa para significar distintos casos en los que esa actividad es considerada por algunos sectores políticos y económicos como rechazable.

1. En el orden de política internacional, se denomina intervencionismo a los actos mediante los cuales un Estado trata de influir en la decisión de otro de forma no legítima, mediante el uso o no de la fuerza.
2. Dentro de la propia política interna de un Estado se entiende por intervencionismo a las acciones de la administración central encaminadas a limitar la autonomía política de otras administraciones territoriales.
3. En materia económica, para el liberalismo, el intervencionismo son aquellas acciones del Estado mediante las cuales se condiciona la actividad económica del país mediante la regulación del mercado laboral, fijación de precios y salarios, control de mercado cambiario, nacionalización de determinados sectores (financiero, industria pesada) y, en general, atribuye una amplia capacidad al Estado como productor de bienes y servicios.

Economía

Según los grados, el intervencionismo económico es mejor o peor valorado por distintos pensamientos políticos. Así, mientras los liberales consideran que el papel del Estado en la economía debe ser el menor posible, el socialismo y el nacionalismo consideran que en determinadas circunstancias debe ser precisamente el Estado quien desarrolle ciertas actividades económicas que, en manos de particulares, condicionarían de forma exagerada la economía de un país y dejarían en desamparo los derechos de la mayoría.

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