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Ley contra la violencia de género
La Ley contra la violencia de género (oficialmente Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) es una ley española creada por el feminismo radical para castigar exclusivamente actos cometidos por hombres donde las víctimas de violencia sean sus parejas del sexo opuesto. Fue aprobada el 28 de diciembre de 2004 por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de Diputados. Su implantación vulneró principios fundamentales como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia del varón.
Radicalización
En 2018 el gobierno de Pedro Sánchez anunció que sería modificada por decreto. Los cambios incluyen el adoctrinamiento a jueces en la ideología de género dejando al hombre en un estado de completa indefensión. No hacen ya falta sentencias, basta una denuncia de la mujer para que el varón sea detenido, expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida, sin saber si realmente es culpable o inocente[1]. Con una ley como ésta una mujer puede denunciar a un compañero de trabajo alegando violencia de género, como excusa para vengarse por una rencilla personal o profesional. La palabra del varón carecerá de valor en un caso así frente a la de la mujer, que puede hacerle perder el puesto de trabajo o multarlo con la más mínima excusa, y sin apenas garantías judiciales. Sólo por el hecho de ser varón.
Financiamiento
¿Por que se insiste tanto con leyes que solo gustan a una minoría de feministas radicales? La ley impulsada por Zapatero en 2004 no fue más que una tapadera para canalizar decenas de miles de millones de los fondos europeos. Había que demostrar que la mujer era la víctima y el varón el verdugo. Si no, no había dinero. Nada menos que 24.000 millones de euros, hasta el año 2012[1]. Desde entonces, la industria de los malos tratos funciona como un negocio.
