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Masacre de la Cárcel Modelo de Madrid
Originalmente los republicanos justificaron a las ejecuciones extrajudiciales con la excusa de que éstas se habían producido para detener un intento de fuga, pero luego la propaganda roja vindicó la masacre arguyendo que había sido un acto de venganza contra las supuestas atrocidades ocurridas durante de la Represión de Badajoz.
Sumario
Los sucesos
El escenario
La Cárcel Modelo estaba situada en el barrio madrileño de Argüelles. Contaba con cinco pabellones que tenían capacidad para albergar a 1200 internos. Sin embargo, desde fines de julio de 1936, ese número se había cuadriplicado debido a que se habían producido arrestos masivos de militares, políticos y sindicalistas que eran sospechados de ser enemigos del régimen que imperaba (aproximadamente dos tercios de la población de la cárcel estaba allí por motivos políticos).
También había un grupo de reclusos que se encontraban en el lugar simplemente por protección, pues el encierro los resguardaba de las hordas de chekistas que operaban casi sin control en la capital española, dado que el establecimiento era administrado y vigilado por el gobierno, el cual -pese a estar atravesando una situación de conmoción interna a causa de la guerra- no había renunciado a su responsabilidad en relación a la defensa del orden legal.
Asalto a la prisión
El clima que se vivía en la Cárcel Modelo era muy tenso, debido a que, hacia mediados de agosto, muchos de los internos especulaban con la llegada de las tropas nacionales a Madrid y, a causa de ello, preparaban un motín para tomar el control de la cárcel. Por ese motivo la prensa izquierdista comenzó a agitar la idea de que los prisioneros políticos de la Cárcel Modelo gozaban de enormes privilegios que les eran negados a los presos comunes, debido a que había una connivencia entre ellos y los guardiacárceles, lo que seguramente derivaría en una fuga masiva. El malestar en la gente que produjo la noticia forzó al gobierno a autorizar que el Comité Provincial de Investigación Pública realizara una visita al lugar el 21 de agosto, episodio que terminó con interrogatorios, golpizas y robos a los reclusos.
Al día siguiente, mientras el CPIP continuaba con su requisa, un grupo de presos comunes se amotinaron. Exigían que se los liberase o de lo contrario atacarían a los presos políticos. Para evitar el conflicto, se les ofreció que si se afiliaban a la Confederación Nacional del Trabajo para recibir adoctrinamiento y se unían a las filas del futuro Ejército Popular de la República para ser entrenados militarmente, entonces los indultarían. Mientras se desarrollaba esa negociación, se produjo un incendio en un sótano que estaba del lado de la cárcel en el que se encontraban los presos comunes. Ante el alboroto que ocasionó ese hecho, un grupo de milicianos anarquistas que, como equipo de seguridad acompañaba a los hombres del CPIP, abrió fuego contra los prisioneros políticos, matando a media docena de reclusos e hiriendo a una docena más.
Al escucharse los tiros, se armó un tumulto en las afueras de la prisión, alentado por chekistas deseosos de sangre. Minutos después, cuando se abrieron las puertas del recinto para dejar pasar a los bomberos, una horda de violentos ingresó al lugar y se enfrentó a los guardias, que se vieron rápidamente superados en número. Lo que siguió fue que el CPIP dejó escapar a varias centenas de presos comunes, mientras que los chekistas comenzaron a acorralar a los presos políticos. Se sugirió entonces que se montase un Tribunal Revolucionario para someter a juicio a los hombres más destacados por sus acciones en contra del régimen republicano.
Víctimas
Se confeccionó así una lista con cerca de tres mil nombres, que debían ser sometidos a la parodia del juicio. Sin embargo sólo se alcanzó a juzgar aproximadamente a una treintena de ellos, que fueron luego ejecutados por los chekistas.
Entre las víctimas se encontraban los políticos falangistas Fernando Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y Enrique Matorras, el nacionalista José María Albiñana, los cedistas Rafael Esparza García y Tomás Salort, y otros moderados como Melquíades Álvarez, Manuel Rico Avello y Ramón Álvarez-Valdés, agregando también a Elviro Ordiales Oroz, que fue asesinado en señal de venganza por haber reprimido la insurrección anarquista de 1933 en Zaragoza. Otros hombres que se contaron entre los muertos fueron los generales Osvaldo Capaz y Rafael Villegas Montesinos, el médico militar José Ignacio Fanjul (hijo de Joaquín Fanjul), y el comisario Santiago Martín Báguenas.
Cuando el gobierno pudo finalmente recuperar el control de la Cárcel Modelo, frenó la masacre y ordenó deshacerse de los cadáveres. Algunos fueron transportados al Cementerio del Este, pero al resto los abandonaron en baldíos y descampados.
Repercusiones
El episodio causó conmoción en los representantes de los diversos cuerpos diplomáticos que se encontraban en Madrid, pues ello desmentía la imagen que el Bando Republicano quería imponer de si mismo, según la cual ellos eran víctimas pacíficas de la violencia fascista. Algunos embajadores advirtieron que, de no cesar las matanzas, abandonarían al país retornando a su patria con la recomendación de romper relaciones diplomáticas con la República de España.
Según los testimonios que se conocieron décadas después, personajes de la calaña de Indalecio Prieto y Manuel Azaña se enfurecieron y entristecieron con la Masacre de la Cárcel Modelo, debido a que habían entendido que, al dejar que suceda, ya no contarían con el eventual apoyo de Francia y el Reino Unido para frenar al Bando Nacional.
Como consecuencia, el gobierno decidió regular la acción de los chekistas creando a los Tribunales Populares, un cuerpo judicial especial conformado en su mayoría por sindicalistas y políticos de izquierdas, pero que permitía la presencia de un grupo de miembros del Cuerpo Judicial que debían vigilar que los procesos contra los imputados se ajustaran a derecho. Con ello pretendían disminuir la cantidad de asesinatos que se registraban a diario en la zona republicana.
