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Proyecto Varela
El Proyecto Varela fue una iniciativa que nació en 1988, dirigida por Oswaldo Payá y que busca llamar a un referendum para mejorar las libertades y los Derechos humanos de los cubanos. Adquirió su nombre en honor a Félix Varela, un líder religioso cubano. El movimiento logró cierta repercusión internacional entre 2002 y 2003. Plantea reformar la constitución nacional de manera de que la dictadura castrista deba respetar algunos de los derechos humanos en la isla. Se convertirían en leyes, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. También el derecho de los ciudadanos a tener sus empresas, algo que ahora es privilegio de los extranjeros. Además propone una modificación de la Ley Electoral No 72, que considera inconstitucional; y pide una amnistía para presos políticos y nuevas elecciones[1].
Sumario
Base legal
Esta iniciativa era legal según la legislación cubana y se basaba en el artículo 88(g) de la constitución de 1976, que permite que los ciudadanos propongan leyes si 10.000 electores registrados presentan sus firmas a favor de la propuesta. La organización reportó haber conseguido 11.200 firmas, más del número requerido para ser considerado por la Asamblea Nacional Cubana.
Punto final a las reformas democráticas
El Comité de la Constitución y Asuntos Legales de la Asamblea Nacional Cubana respondió a la iniciativa del Proyecto Varela con su propia iniciativa, proponiendo que la constitución cubana fuera enmendada para hacer permanente el carácter socialista del estado cubano. Los socialistas salieron a las calles masivamente y firmaron la iniciativa del gobierno dando fin al proyecto. Según el gobierno cubano, 9 millones de personas firmaron. Un reportero de la cadena británica BBC dijo haber observado a muchos cubanos declarar que se sintieron presionados para firmar la petición del gobierno[2].
De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos:
| “ | Los activistas reportaron hostigamiento incrementado por agentes de seguridad estatales. Las autoridades arrestaron y detuvieron a activistas del Proyecto Varela, confiscaron firmas, multaron y amenazaron a activistas y firmantes, y obligaron a los firmantes a anular sus firmas. Además, miembros de la seguridad del estado fingieron ser voluntarios y paulatinamente infiltraron la organización de activistas. Durante mayo y junio, Oswaldo Payá reportó que agentes de seguridad del estado visitaron y presionaron a más de 50 firmantes del Proyecto Varela para que anularan sus firmas y denunciaran a los activistas quienes habían recogido sus firmas[3]. | ” |
Según el Departamento de Estado, el Código Penal cubano incluye el concepto de "peligrosidad" definido como "la tendencia de una persona a cometer crímenes, demostrado por su conducta en contradicción a las normas socialistas". Si la policía decide que un individuo exhibe signos de peligrosidad pueden traer al acusado a corte o someterlo a terapia o "re-educación política". De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta provisión es igual a un criterio subjetivo utilizado por el gobierno para justificar violaciones a la libertad personal y el proceso legal correspondiente para aquellas personas cuyo único crimen es tener una opinión distinta a la opinión oficial[4].
El opositor Oswaldo Payá sigue libre, pero la opresión de las autoridades ha resultado en la encarcelación de 75 prisioneros políticos en lo que se conoció como la primavera negra, con sentencias de 6 a 28 años, luego de ser acusados y convictos de actos rotulados como "contra la independencia o la integridad territorial del Estado". Muchos de los arrestados no tenían conocimiento de los cargos contra ellos ni acceso a abogados hasta momentos antes de su juicio de un día, presidido por un juez subordinado al Partido Comunista. El Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación con los arrestos y juicios ligeros, como lo hicieron muchos gobiernos, organizaciones internacionales y el público[4].
