Salvador Alarcón Horcas

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Salvador Vicente Alarcón Horcas (5 de abril de 1884, Baena, España - 13 de agosto de 1936, Madrid, España) fue un jurista español. Llegó a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la II República de España, antes de ser asesinado por milicianos izquierdistas al comienzo de la Guerra Civil.

Biografía

Carrera judicial

Aunque su padre quería que fuese sacerdote, Alarcón Horcas terminó estudiando derecho.

A partir de 1908 ocupó diversos puestos en juzgados de Andalucía, pasando entre junio de 1921 y diciembre de 1922 por las Islas Canarias, donde ejerció el cargo de Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial.

Fue catedrático en la Universidad de Sevilla y miembro del Ateneo de Sevilla.

Especializado en el área del derecho laboral, en 1923 asistió al jurista regeneracionista Antonio Rodríguez Martín en la redacción del libro Accidentes del trabajo. Al año siguiente publicó la monografía Protección jurídica del niño pobre en el nuevo derecho internacional. En 1927 daría a imprenta el primer tomo de sus aclamados comentarios al Código del Trabajo, obra que terminaría de volverse accesible al público en 1929 con la publicación de su segundo y último tomo. Ese texto lo convirtió en la máxima autoridad en materia de derecho laboral de la España de la época y en una referencia obligatoria para todo aquel que quisiese abordar el tema.

En 1928 se instaló en Madrid, donde pasó a ser Juez de Primera Instancia e Instrucción del Distrito de la Latina. En febrero de 1934 ascendería finalmente a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia de España.

Combate contra el peligro rojo

Alarcón Horcas era un hombre de profundas convicciones católicas, que tenía muy presente que la cuestión obrera en España podía abordarse desde la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia. Gracias a ello el gobierno de Miguel Primo de Rivera lo tuvo en alta estima y le confirió la responsabilidad de organizar el Juzgado de Instrucción Especial Anticomunista, el cual persiguió a famosos comunistas como José Bullejos, Vicente Arroyo Pérez y Jesús Hernández Tomás.

Emilio Mola -a la sazón Director General de Seguridad- preocupado por lo poco que se había hecho para neutralizar la avanzada de los comunistas en territorio español, convocó a Alarcón Horcas para que intensificase la represión estatal contra los subversivos que respondían al Komintern. Así fue que a principios de 1931 el jurista viajó a Suiza para participar de un congreso de la Entente Internacional contra la Tercera Internacional, llevando consigo un amplio informe sobre la penetración soviética redactado por el policía Mauricio Carlavilla. A su regreso a España, se especuló con que Alarcón Horcas remplazaría a Mola en su puesto, pero la proclamación de la Segunda República alteró los planes.

Tentado en más de una ocasión por monárquicos y republicanos para que saltase a la arena política, el jurista optó por no hacerlo, convencido de que podía hacer más por su patria desde su puesto en los juzgados.

En 1932, queriendo iniciar una ola de violencia anticlerical como la de 1931, un par de jóvenes homosexuales incendiaron la Iglesia de San Julián, asiento de la Hermandad de Hiniesta, una cofradía católica a la que Alarcón Horcas pertenecía. El barbárico hecho conmovió al jurista, que donó dinero para la reconstrucción del templo.

En 1934 recayó sobre Alarcón Horcas la responsabilidad de investigar el secuestro de arsenales clandestinos hallados en Asturias, Andalucía y las Vascongadas. Su pesquisa lo llevó hasta tener que tomarle declaración a Manuel Azaña y a Santiago Casares Quiroga, los líderes del partido Izquierda Republicana. La instrucción del sumario, aunque hecha de manera impecable, no contentó a los políticos republicanos, pues unos querían que el juez presionase a Azaña y Casares Quiroga, y los otros querían que la acusación sobre ambos dirigentes fuese anulada. Finalmente el Congreso de los Diputados votó para que no se expulsase del cuerpo a los políticos investigados por Alarcón Horcas, y la causa del contrabando de armas destinadas a equipar a la masa obrera terminó sin resolución.

Asesinato

Al producirse el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936, Alarcón Horcas permaneció fiel a la República. Sin embargo José Antonio Primo de Rivera, durante una intervención en las Cortes en marzo de 1935, había vaticinado que, cuando tuviesen la oportunidad, los hombres de Azaña se vengarían del jurista.

El periódico marxista Claridad recordó a principios de agosto de 1936 que Alarcón Horcas había intentado procesar a Azaña. Poco después un grupo de chequistas, vinculados al Frente Popular, secuestró al jurista y lo ejecutó en el parque madrileño Casa de Campo. Cuando Azaña se enteró del hecho, aparentemente se habría indignado, temeroso de que lo acusen de ser el autor intelectual del homicidio de un hombre que no se había unido a los sublevados. De todos modos la pobre investigación judicial para encontrar a los homicidas nunca arrojó resultados y el crimen terminó quedando impune.

Alarcón Horcas fue uno de los dos miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la II República de España que cayeron asesinados durante la Guerra Civil.

Bibliografía

  • Accidentes del trabajo (junto a A. Rodríguez Martín). Madrid: Reus, 1923.
  • Protección jurídica del niño pobre en el nuevo derecho internacional. Sevilla: Imprenta Eulogios Las Heras, 1924.
  • Código del Trabajo. Comentarios, jurisprudencia y formularios (dos tomos). Madrid: Reus, 1927-1929.

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