Espíritu del 12 de febrero

El espíritu 12 de febrero fue un programa tímidamente reformista que protagonizó Carlos Arias Navarro, presidente del último gobierno de Francisco Franco en España.

Se tomó como nombre la fecha de un discurso pronunciado en esa fecha de 1974 ante las Cortes Españolas, cuyo punto más importante fue el de asociacionismo político, que se debería concretar posteriormente.

Hechos posteriores, como la conocida Revolución de los claveles de Portugal (abril de 1974), hicieron que Arias Navarro se replanteara el nuevo estatuto de asociacionismo, de forma que nunca se llevó a cabo su apertura real, dejándolo prácticamente como estaba: Las "asociaciones políticas" previstas deberían tener un mínimo de 25.000 afiliados y una presencia en al menos quince províncias. Por supuesto tenían que ser asociaciones compatibles con el Movimiento Nacional.

El nuevo gobierno de Arias

El nuevo ministro, José García Hernández, era, como Arias, ex colaborador del general Camilo Alonso Vega. El antiguo ministro de Trabajo, el falangista Licinio de la Fuente, proveniente del gobierno de Carrero Blanco, fue conservado en su puesto, lo que hacía prever el mantenimiento de las tesis próximas al nacionalsindicalismo en las relaciones laborales. En concreto, Arias conservó a ocho ministros de Carrero Blanco e introdujo o reintrodujo a cierto número de falangistas de la línea dura. Prácticamente, la única concesión a la modernidad, y que en su día pareció pequeña, fue la conservación de Antonio Barrera de Irimo, ex presidente, tiempo atrás de la Compañía Telefónica Nacional de España, en el cargo de ministro de Hacienda.

Para sorpresa de prácticamente toda la clase política, su primera declaración sobre la política a seguir fue relativamente liberal. Su celebrado discurso del 12 de febrero de 1974 echó las bases para una apertura controlada, al hablar de una participación política más amplia para todos los españoles, aunque dentro de los límites del orden más estricto.

Contenido del plan

Un plan limitado preveía la elección, frente al nombramiento gubernamental, de los alcaldes y altos funcionarios locales. El número de diputados electos en las Cortes sería incrementado de un 17 a un 35 por 100. Los sindicatos verticales serían dotados de un mayor poder de concertación. Se prometió la creación de asociaciones políticas, pero no de partidos políticos. No era mucho y, además, en los siguientes dos años todo aquello iba a ser reducido a la nada por el llamado 'búnker'. Con todo, se trató de la declaración más liberal nunca efectuada por un ministro de Francisco Franco.

Al principio, la declaración tuvo su traducción en la actitud menos represiva hacia la prensa y los editores, adoptada por Pío Cabanillas, ministro de Información. Ello, unido a un aumento de la tolerancia con los sectores más moderados de la oposición, dio lugar a cierto optimismo.

Con la salud de Franco ya en crisis se percibía una cierta sensación de pánico. Arias se daba cuenta de que la liberalización era algo que debía hacerse, pero, enfrentado al malestar obrero y estudiantil y ante el aumento del problema terrorista, adoptó medidas aun más duras.

Mientras el Caudillo siguió con vida, la vieja guardia del búnker continuó siendo muy poderosa y capaz de movilizarse contra las reformas, apelando a los valores de la guerra civil. Esto hizo insostenible la postura de Arias. Su tarea era la de intentar ajustar las formas políticas del régimen a la nueva situación socioeconómica. En plena crisis energética esto se convertía en un reto imposible. Además de los problemas derivados de la urgencia de cubrir sus propias necesidades energéticas, España padecía las graves consecuencias de la crisis del petróleo.

La consiguiente recesión a nivel europeo iba a costarle caro pronto en lo que hacia a una de sus principales fuentes de divisas extranjeras: el turismo y las remesas de los trabajadores emigrantes. La perspectiva de un aumento del desempleo y de un bajón del nivel de vida anticipaba un paralelo aumento de la militancia obrera, por lo que un reforma política limitada pareció ser una concesión sensata, con el fin de evitar problemas más serios a toda la estructura de poder en España. Por desgracia para Arias, el hecho de necesitar aplacar constantemente al búnker, le obligó a adoptar medidas que tuvieron un efecto contrario y que destruyeron su credibilidad.

Dos semanas después del discurso del 12 de febrero, Arias se vio obligado a probar que el nuevo espíritu manifestado en su declaración no le impediría defender los valores fundamentales del franquismo.

Caso Añoveros

Después de la muerte de Carrero se produjo una breve tregua con la iglesia. Arias había hablado de un nuevo entendimiento y se había enviado una delegación al Vaticano, en un intento de mejorar las relaciones. Sin embargo, el 24 de febrero el obispo de Bilbao, monseñor Antonio Añoveros Ataún, publicó una pastoral en la que se hacía un llamamiento para que se reconociese la identidad cultural y lingüística del pueblo vasco.

Decir esto poco después del asesinato de Carrero Blanco por los miembros de ETA, era más de lo que el franquismo podía tolerar. Añoveros fue acusado de lanzar ataques subversivos contra la unidad nacional. Arias se plegó a las presiones y condenó a Añoveros y a su vicario general, monseñor Ubieta López, a arresto domiciliario. Poco después, las esperanzas de una reconciliación con la Iglesia fueron barridas por el intento de expulsar a Añoveros de España. El obispo se negó a abandonar el país, alegando que sólo lo haría bajo órdenes directas del Papa. Una expulsión forzada sería considerada una violación del Concordato y traería consigo la excomunión de todo católico que pusiera las manos encima al obispo.

El asunto atrajo mucha expectación y se convirtió en cuestión extremadamente delicada para el Gobierno español. Arias se vio forzado, al final, a proceder a la retirada, y tras haber logrado sólo acelerar la retirada de la Iglesia de la órbita de las fuerzas del régimen.

Caso Puig Antich

El golpe dado a la credibilidad del llamado espíritu del 12 de febrero acabó de completarse poco después con una nueva prueba de que Franco y el búnker no se hallaban dispuestos, en absoluto, a hacer concesión alguna que pudiera interpretarse como debilidad. El 1 de marzo, Franco se negó a conmutar la pena de muerte a que había sido condenado el anarquista catalán Salvador Puig Antich. Fue ejecutado al día siguiente.

Como resultado, el 28 de abril, José Antonio Girón publicó una airada arremetida contra Pío Cabanillas -responsable de la relajación de la censura- y contra el otro miembro del gobierno relativamente liberal, Barrera de Irimo. El "Gironazo", publicado en el Diario Arriba, fue acompañado de denuncias virulentas del Gobierno por parte de Blas Piñar.

La ofensiva verbal fue acompañada asimismo por una serie de triunfos tangibles. El i3 de junio el jefe del Estado Mayor, el general liberal Díez Alegría, fue destituido como castigo tras una visita a Rumanía. El 15 de junio, cuando Arias anunciaba su plan para la asociaciones políticas, simultáneamente se declaró que éstas no deberían alterar el papel del Movimiento ni el espíritu del régimen.

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