Felipe González

Felipe González

Felipe González Márquez (Sevilla, 5 de marzo de 1942) es un político español, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 a 1997 y tercer presidente del Gobierno desde la reinstauración de la democracia en España, desde 1982 a 1996.

Estuvo 13 años y medio en la presidencia del gobierno, uno de los mandatos más largos de la democracia en España. Durante su gobierno estallaban uno tras otro los casos de corrupción: Filesa, lbercorp, AVE, Juan Guerra (que ocasionó la dimisión del vicepresidente, Alfonso Guerra), Luis Roldán, y la sombra del GAL.

Como presidente logró el récord absoluto de parados en la historia de España. En 1995 consiguió llevar la tasa de desempleo al 24%, la recesión económica se situaba en el 1,1% y la deuda del estado rondaba los 360.000 millones de euros.

En política internacional, el gobierno apoyaba abiertamente la Guerra del Golfo contra Irak, cediendo instalaciones y hasta enviando tropas.

En las elecciones generales en 1996, es derrotado por José María Aznar del Partido Popular. Felipe González dimitía como secretario general en el XXXIV Congreso del partido, en 1997.

Casos de corrupción durante los gobiernos de Felipe González

Terrorismo de Estado: GAL

Agrupaciones armadas parapoliciales practicaron lo que se denominó terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo terrorista ETA y su entorno durante el gobierno de González. Creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, los grupos armados de liberación (GAL) estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos, incluyendo a víctimas sin relación con el terrorismo.

Caso Lasa y Zabala

Se conoce con ese nombre al secuestro y asesinato de José Antonio Lasa Arostegui y de José Ignacio Zabala Artano en 1983. Fue uno de los casos más conocidos de la denominada "guerra sucia" contra ETA. Después de un largo y complicado juicio, el juez dictó sentencia condenatoria contra el general Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julián Elgorriaga y el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para el pago de las indemnizaciones.

Fondos Reservados

Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico. Durante el juicio quedó probado que el dinero sustraído, unos 5 millones de euros, fue utilizado para uso privado, pago de sobresueldos y gratificaciones a funcionarios y altos cargos de Interior y, en algunos casos, en enriquecimiento personal. Los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera fueron absueltos de todos los cargos. Rafael Vera Fernández-Huidobro (ex secretario de Estado de Seguridad) fue condenado a siete años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos. José María Rodríguez Colorado (ex director general de la Policía) fue condenado a seis años de prisión por el mismo delito. Julián Sancristóbal (ex director de la Seguridad del Estado) fue condenado a cuatro años de prisión como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos pero con la concurrencia de la circunstancia atenuante apreciada. La investigación del juez Baltasar Garzón sobre los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Sin embargo, frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

Caso Roldán

Fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, y que estuvo al frente de la Benemérita durante el gobierno de Felipe González entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. Luis Roldán aprovechó su cargo para enriquecerse ilícita y delictivamente mediante el cobro de comisiones de obras, de estafas a los constructores y mediante la malversación de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Roldán también recibió, a partir de 1990, sobresueldos de 30.000 euros al mes a cargo a los fondos reservados y por parte de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad. Esa cantidad fue elevada a 60.000 euros desde 1991 y hasta su destitución.

Luis Roldán fue condenado en febrero de 1998 por la Audiencia Provincial de Madrid a 28 años de cárcel por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, estafa y fraude fiscal. Roldán reconoció durante el juicio que se había llevado irregularmente más de 2,614.403 euros de los fondos reservados y casi 11 millones de euros en comisiones. La sentencia fue ampliada por el Tribunal Supremo en 1999 hasta los 31 años, imponiéndole además una multa de 9.616.194 euros y una indemnización al estado de 3.479.259 euros. Junto a Roldán fueron condenados su esposa Blanca Rodríguez-Porto y su testaferro Jorge Esparza Martín y absueltos por prescripción Elisa Rodríguez López (ex compañera sentimental de Roldán), Agustín Blázquez, José Herminio Lastra y Jorge Prieto Pardina. Jorge Esparza fue la persona que ayudó a Luis Roldán a ocultar los más de nueve millones de euros. La sentencia rechazaba el argumento de que el dinero que guardaba Roldán en sus cuentas suizas eran fondos destinados al PSOE.

Caso Juan Guerra

A partir de ser nombrado Alfonso Guerra vicepresidente del Gobierno por Felipe González se le acusó de beneficiar a su familia directamente. Juan Guerra era un desempleado que cobraba 28.023 pesetas (unos 150 euros) de prestación por desempleo y fue contratado a finales de 1989 por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. Sin embargo, el despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas. Por ello Juan Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. Fue absuelto por el Tribunal Supremo respecto del uso del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

El caso Juan Guerra, conocido como por los detractores del entonces vicepresidente como el «hermanísimo», fue conocido por mediación de su ex mujer Ángeles López Rubio, quien harta de las palizas de su marido (según consta en la denuncia que formuló contra él en comisaría) distribuyó documentación que comprometía a su marido hasta que ésta acabó en manos de Manuel Fraga, entonces líder de la oposición. Juan Guerra fue condenado en 1995 junto a su socio Juan José Arenas. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia en abril de 2001.

El escándalo Juan Guerra provocó la dimisión del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra.

Caso Filesa

Fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura. José María Sala i Griso, senador socialista, fue condenado por un delito de falsedad en documento mercantil y por un delito asociación ilícita. La condena por falsedad en documento mercantil fue anulada por el Tribunal Constitucional. El diputado socialista Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Tribunal Supremo. El 1 de diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. Otros acusados condenados fueron Aída Álvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo y los empresarios Juan Antonio Molina y Eugenio Marín, quienes tuvieron que indemnizar a los accionistas de la hoy llamada Iveco-Pegaso y de Cepsa, por resultar en su día perjudicados.

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