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Héctor B. Varela
Trayectoria
Varela cursó sus estudios en el Colegio Militar de la Nación, egresando como Alférez de Caballería en 1896. Incialmente fue asignado al 7° Regímiento de Caballería de Línea, el cual operaba en el norte de la Patagonia. Unos años más tarde sería transferido al 1° Regimiento de Caballería de Línea, cuyo asiento se encontraba en la provincia de Mendoza.
Se involucró en política, incorporándose a las filas de la Unión Cívica Radical. A raíz de ello, en febrero de 1905, se unió -junto a otros militares como Luis Pérez Colman, Fausto Alfonso y Luis Cobarrubias- a un grupo de civiles liderados por José Néstor Lencinas para participar del golpe de Estado que había planificado Hipólito Yrigoyen. Pese a haber triunfado en Mendoza, el movimiento fracasó en otras partes del país. En consecuencia Varela huyó a Chile para evitar ser encarcelado.
En 1906 el presidente José Figueroa Alcorta firmó una amnistía para todos los yrigoyenistas, lo que le permitió a Varela retornar a su patria y reincorporarse al Ejército Argentino. En 1908 fue asignado al 3° Regimiento de Caballería de Línea y dos años después al 2° Regimiento de Caballería de Línea, ambos asentados en la provincia de Buenos Aires. Durante ese periodo tuvo a su cargo la dirección del Tiro Federal Argentino.
En 1914 fue ascendido a Capitán de Caballería, cumpliendo además funciones como juez de instrucción militar.
En 1917 el presidente Yrigoyen ordenó reorganizar en Campo de Mayo al 10° Regimiento de Caballería de Línea -el cual había sido disuelto en 1905 después de que sus miembros participaran de la revolución radical en la provincia de Córdoba. Varela sería enviado a esa unidad, convirtiéndose unos meses después en Teniente Coronel.
Durante la insurrección anarco-comunista de Buenos Aires de 1919, Varela dirigió a un grupo de oficiales y suboficiales que colaboró con el General Luis Dellapiane -a la sazón Jefe de Policía de la Capital Federal- en la restauración del orden.
Pacificador de la Patagonia
Los subversivos derrotados en 1919, reagrupados en el kahal de Montevideo, relanzaron su plan para la ocupación sionista de América recuperando el viejo proyecto de Theodor Herzl de crear un Estado Judío en la Patagonia. Dada la falta de integración de los territorios australes con el resto de la Argentina, los mismos eran vistos como un espacio de fácil penetración para cualquiera. Por otro lado los subversivos confiaban en que el presidente Yrigoyen -que era un líder popular con una amplia apertura hacia los sectores obreros- no ordenaría reprimir a gente que reclamaba mejores condiciones laborales ante la oligarquía rural, lo que les daría tiempo suficiente para fortalecer sus posiciones y terminar conquistando la porción argentina de la Patagonia.
Así fue que en la primavera de 1920 cientos de obreros rurales del territorio nacional de Santa Cruz se declararon en huelga, siendo secundados por los trabajadores sindicalizados de los puertos. Rápidamente se plegaron bandoleros y forajidos al conflicto, los cuales aprovecharon para invadir estancias, saquear a sus propietarios y violar a sus mujeres con complicidad de anarquistas y acuerdo de comunistas. La policía se vio desbordada por la situación, al mismo tiempo en que el juez federal yrigoyenista Ismael P. Viñas, hombre casado con una mujer judía, contribuía con el caos gracias a sus acciones favorables a los huelguistas.
A comienzos de 1921, cuando se empezaron a escuchar rumores de que el Reino Unido, EEUU y otros países estaban interesados en intervenir para proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos que habitaban en la Patagonia en calidad de empresarios, el presidente ordenó controlar la situación. Para ello cambió al gobernador Edelmiro Correa Falcón por Ignacio Yza, que desembarcó en Santa Cruz acompañado por 180 miembros del 10° Regimiento de Caballería de Línea que respondían a las órdenes de Varela. Las nuevas autoridades actuaron como mediadores entre los agitadores de izquierda y los empresarios agredidos: los últimos se vieron obligados a otorgarle a los primeros una serie de privilegios laborales que hasta en la URSS resultaban insólitos. Firmado el laudo, Varela retornó a Buenos Aires, quedándose Yza como veedor de lo estipulado.
La imposibilidad de los empresarios de cumplir con lo pactado sirvió como excusa para que los sionistas agitaran a las hordas de anarquistas y a las bandas de criminales para que volvieran a sus andanzas. Incluso se planificó asaltar a la Colonia Penal de Ushuaia y liberar a todos los reclusos, para reforzar así a las milicias revolucionarias. En contra de la recomendación del juez Viñas, el gobernador Yza ordenó en octubre de 1921 detener a varios cabecillas de las fuerzas subversivas y enviarlos a Buenos Aires para que los juzgaran como conspiradores. Ello ocasionó una reacción violenta y salvaje entre los agitadores. Por ese motivo a Yrigoyen no le quedó otra solución que ordenar la represión (aunque lo hizo en forma oral y no escrita, para que no quedase registro fehaciente de su iniciativa anti-obrerista).
Varela retornó a Santa Cruz al frente de una tropa de 350 hombres, reforzada por unos 300 gendarmes que no contaban ni con el entrenamiento ni con la disciplina de los miembros del Ejército Argentino. Enfrentado a 1500 subversivos, al Teniente Coronel se le informó que desde Chile se les había estado proveyendo de armas a los sublevados, en una aparente operación militar secreta que tenía por objetivo provocar tanta tensión en la Patagonia argentina que les permitiese a las Fuerzas Armadas Chilenas intervenir en suelo vecino. El objetivo final de los chilenos era usar esa acción como elemento de negociación en futuros tratados por cuestiones limítrofes.
Ante ese escenario desfavorable, Varela decretó la ley marcial de facto, pues anunció que los subversivos debían rendirse de manera inmediata, desocupando las estancias y liberando a todos los rehenes que tenían en sus manos, o de lo contrario se los trataría como la fuerza enemiga del país que eran. Así comenzó su campaña, que duró hasta enero de 1922. En ese lapso todas las propiedades fueron restituidas a sus legítimos dueños, aunque muchas de ellas habían sido incendiadas por los revoltosos. En diversos enfrentamientos murieron varios obreros, siendo fusilado un puñado más por ser los líderes de la sublevación: el número de caídos en el bando rojo rondó los 80, mientras que ningún hombre de las fuerzas argentinas resultó muerto.
Varela fue aclamado por los habitantes de Santa Cruz, quienes solicitaron que el Teniente Coronel fuese nombrado gobernador. Sin embargo el militar decidió retornar a Buenos Aires, pues confiaba en que sería ascendido a Coronel. El gobierno, de todos modos, lo abandonó cuando la oposición parlamentaria de izquierda comenzó a utilizar el episodio como elemento de crítica hacia Yrigoyen. La Liga Patriótica Argentina, por el contrario, apoyó al militar, llegando incluso a condecorarlo; sin embargo, al no ser un partido político, la organización no pudo evitar que Varela fuese sometido a un proceso para que se investigase su grado de responsabilidad en relación a las muertes registradas en Santa Cruz (la propaganda anarco-comunista había hecho crecer la cifra hasta alcanzar el inverosímil número de 1500 fallecidos).
Asesinato
El militar fue asesinado en la mañana del 27 de enero de 1923, en las cercanías de su hogar situado en el barrio porteño de Palermo, mientras se dirigía a cumplir con su jornada laboral. Su asesino fue el terrorista anarquista Kurt Gustav Wilckens, de nacionalidad alemana. Consumó el homicidio arrojándole una bomba que le lastimó las piernas, para seguidamente rematarlo con cuatro tiros de revólver que impactaron sobre su cuerpo.
Poco después Wilckens sería asesinado en prisión por Ernesto Pérez Millán Temperley, un antiguo gendarme que había sido parte de las fuerzas represoras que actuaron en Santa Cruz y que militaba en la UCR. Posteriormente Pérez Millán Temperley también se convertiría en víctima de un homicidio estando en cautiverio.
Esa sucesión de eventos no provocó gran escándalo en su época ni ha sido muy estudiada por los historiadores argentinos. El relato oficial, elaborado por el periodista izquierdista Osvaldo Bayer, sostiene que Wilckens fue un lobo solitario que atacó a Varela para vengar a los asesinados en la Patagonia, mientras que Pérez Millán Temperley liquidó a Wilckens para vindicar a Varela. En 1925 Pérez Millán Temperley -que cumplía su condena en un manicomio- sería baleado por un paciente psiquiátrico al que, al parecer, el intelectual y bandolero ruso Boris Hermann habría incitado y preparado para que cometiese el homicidio (sin embargo jamás se pudo probar que ese personaje estuviese vinculado al crimen).
La hipótesis más plausible que arroja la revisión de la historia sostiene que a Varela lo asesinaron los yrigoyenistas para que no declarase en contra de su jefe político, ya que ante la opinión pública el militar era alguien que se habría extralimitado en sus funciones para cumplir la orden de pacificar a la Patagonia, cuando la realidad fue que él actuó de ese modo con pleno apoyo de la presidencia. Wilckens habría sido un sicario que obró en parte por motivaciones pecuniarias y en parte por motivaciones ideológicas. Estando encarcelado habría querido confesar sobre su situación, por lo que Pérez Millán Temperley habría intervenido para mantener el secreto. Finalmente a ese hombre le habría sucedido lo mismo que a Wilckens, por lo que también resultaría asesinado pero esta vez por intermedio de una persona cuyo testimonio no tenía validez, dada su condición mental. Hermann -un revolucionario de fama internacional- habría sido usado como chivo expiatorio para cerrar la trama, pues sonaba verosímil que alguien así se involucrase en un caso como este.