Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España

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La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) fue una ONG pro inmigrantes marroquíes surgida en Madrid, en 1989, donde tuvo su sede central, contando a su vez con delegaciones en Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Cartagena, Jaén, La Rioja, Murcia, Pamplona, Parla, Sevilla, Toledo y Valencia.

Llegó a contar con 15.000 afiliados. Funcionaba tanto con personal contratado como con voluntarios. Participaba, a nivel europeo, en la Coordinadora de las Asociaciones Democráticas de Inmigrantes Marroquíes en Europa (CADIME) y en el Foro Europeo de la Inmigración y, a nivel nacional, en el Foro de Integración de los Inmigrantes.

Acciones

Su objetivo era la defensa de los intereses particulares de los inmigrantes marroquíes en España. Para lograrlo actuó básicamente en los planos jurídico (asesoramiento y tramitación de documentos, entre otros muchos los relacionados con la discriminación positiva), logístico (proporcionar de manera directa bienes y otros servicios a los inmigrantes marroquíes), cultural (enseñanza de la lengua árabe a los hijos de los inmigrantes), propagandístico a favor del inmigracionismo y de la interculturalidad para España (dirigida esta propaganda, sobre todo, hacia la población española y utilizando con frecuencia para ello las infraestructuras escolares y las de las asociaciones de vecinos) y también político, como lobby o grupo de presión, con un nivel de confrontación bastante elevado.

Subvenciones

Como viene siendo habitual es España, esta ONG pro inmigrantes recibió cuantiosos fondos públicos en concepto de subvenciones para la realización de sus particulares actividades. En el año 2010, por ejemplo, alcanzó la cifra de 620.000 euros.

Escándalos e irregularidades

Hasta su disolución de hecho, esta ONG pro inmigrantes ha protagonizado diversos escándalos:

  • El 26 de diciembre de 2006, el presidente de la delegación de ATIME-Almería, Hanafi Hamza, fue detenido como presunto autor de un delito de estafa y de falsedad en documento público y mercantil[1]. Este responsable había montado una asociación ficticia (para lo que había falsificado la firma y datos de residencia de dos personas, a las que después reclamaba la Agencia Tributaria la percepción de unos rendimientos de capital obtenidos a través de una subvención pública que nunca recibieron). Y así el presidente de ATIME-Almería se hizo con 24.000 euros que la Junta de Andalucía dio como subvención a esta ONG ficticia; si la Agencia Tributaria y la policía no hubieran intervenido se hubiera apropiado Hanafi Hanza de otros 24.000 euros de dinero público pendientes de ingresar en la cuenta de la ONG ficticia a la que sólo él tenía acceso. ATIME destituyó a Hanza, no sin recordar, significativamente, la presunción de inocencia del tal Hanza. Todo ello en el marco de una declaración grandilocuente, característica de esta ONG, en la que también se afirmaba que: "la trayectoria de Atime ha demostrado un alto nivel de transparencia y profesionalidad que no pueden ser perturbadas por cualquier conducta individual de cualquiera, sea o no miembro de la misma".
  • El Tribunal de Cuentas, en su Informe de fiscalización sobre los fondos públicos aplicados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración para la Integración de los Inmigrantes analizó entre otras ONGs a ATIME (págs. 203-220) y fiscalizó las subvenciones recibidas por esta ONG para su aplicación en el ejercicio de 2007. El Tribunal de Cuentas encontró numerosas irregularidades, entre otras casi 200.000 euros recibidos por ATIME cuyo gasto en los programas de la ONG no se puede justificar de ninguna manera[2]. El Tribunal de Cuentas dice que: “El importe total de las dos subvenciones concedidas para la ejecución de los nueve programas subvencionados, se elevó a 622.739,48 euros. El importe total de las justificaciones aportadas en la ejecución de los programas subvencionados, una vez aplicados por este Tribunal de Cuentas los excesos de imputación, reclasificaciones y límites por partida de gasto y territorios existentes, se elevó a 423.657,46 euros. Por tanto, los fondos totales no aplicados ascenderían a 199.082,02 euros, cantidad que, junto a los intereses de demora a que hacen referencia los artículos 37.1 y 38.2 de la Ley General de Subvenciones, debe ser requerida, a juicio de este Tribunal de Cuentas, por el órgano concedente de las subvenciones analizadas, es decir, por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, a la entidad ATIME”[3].
  • Desde 2011 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social busca a los responsables de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España para que justifiquen el gasto del dinero recibido en concepto de subvenciones en 2010 (la justificación es obligatoria según el artículo 17 y siguientes de la Orden TAS/1043/2007 y el artículo 30 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones). Suman 620.000 euros[4], más de cien millones de pesetas, casi lo que consiguió Movimiento contra la Intolerancia en 2012[5]. El 14 de octubre de 2011 nadie de ATIME acudió al Foro de Integración de los Inmigrantes; lo mismo pasó en las reuniones sucesivas de esta burocrática entidad. ATIME sigue dada de alta en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior (número 88.643) pero todas las gestiones que ha hecho el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para localizar a sus responsables han resultado infructuosas: visita a la sede central de la asociación, encontrándose cerrada y posiblemente abandonada, llamadas a números de teléfonos fijos y móviles, que ya no existen, envío de correos electrónicos que son devueltos con el mensaje “destinatario desconocido”[6]. Tampoco los teléfonos de las delegaciones responden y el dominio www.atime.es está en venta.

Referencias

Artículos relacionados

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