Ataque terrorista al cuartel de La Tablada

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Imágenes del ataque terrorista a La Tablada

Se denomina ataque terrorista al cuartel de La Tablada al intento de ocupación de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano del Ejército Argentino en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989 por parte de miembros del grupo terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP). Resultaron muertos 32 terroristas, 9 militares y 2 policías.

Antecedentes

Al momento de realizarse el ataque, en la conducción del MTP se encontraban, además de Enrique Gorriarán Merlo, otros que como él habían militado en el ERP pero que habían estado en la cárcel hasta el retorno de la democracia a la Argentina en diciembre de 1983, como Francisco Provenzano, Roberto Felicetti y Carlos Samojedny, que participaron en La Tablada.

Por otra parte, en diciembre de 1987 habían abandonado el MTP algunas personalidades notorias de la dirección como Rubén Dri y Manuel Gaggero, quienes habían participado allí desde el primer momento, así como grupos importantes de militantes, sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba, disconformes con el rumbo abiertamente terrorista y el cariz conspirativo que tomaba el MTP, y con la presencia cada vez más determinante de la figura del nefasto Gorriarán Merlo.

Ataque terrorista

El 23 de enero de 1989, un grupo fuertemente armado de aproximativamente 40 guerrilleros del Movimiento Todos Por La Patria (MTP, fundada en 1986 por el ex líder del ERP Enrique Gorriarán Merlo) atacó el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 (RI Mec 3) en sus cuarteles de La Tablada. Penetraron los cuarteles chocando un camión robado en la reja principal, seguido por varios otros vehículos.

El informe oficial sobre el ataque por el jefe del Ejército Argentino, General Francisco Gassino informa de que el ataque del MTP, formado por varios ex miembros del (ERP), tenía como objetivo incitar a la población civil a marchar hacia el centro de Buenos Aires y tomar el poder en la creencia de que los carapintadas estaban intentando un golpe militar desde los cuarteles de La Tablada.

La Brigada Mecanizada 10 "Teniente General Nicolás Levalle" del coronel Omar Giménez, recibió la orden de retomar los cuarteles de La Tablada y las calles alrededores de donde se reportó disparos de francotiradores.

En total 39 personas murieron y 60 resultaron heridos durante el ataque (la mayoría de las armas convencionales). Nueve eran militares, dos eran agentes de policía y los 28 restantes eran militantes izquierdistas del MTP. El abogado Jorge Baños estaba entre los muertos. Además, 53 soldados y policías fueron heridos en los combates.

Al día siguiente, el presidente Raúl Alfonsín (UCR, 1983-1989) visitó el lugar del combate, protegido por comandos del Ejército Argentino, junto con el juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere, quien más tarde fue miembro del tribunal que examinó el caso AMIA, el ataque terrorista yihadista de 1994.

Los guerrilleros del MTP fueron acusados de violaciónes de derechos humanos en la batalla. Como conscripto en el Regimiento de Infantería 3, Eduardo Navascues fue tomado prisionero temprano en la batalla y sufrió heridas de metralla. A pesar de haber sobrevivido un intentado varios años más tarde para silenciarlo, él ha dado varios testimonios alegando violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura física y mental a manos de los guerrilleros en La Tablada. Otro conscripto, Víctor Eduardo Scarafiocco afirmó que él y otros fueron utilizados como escudos humanos por los guerrilleros y que el conscripto Héctor Cardozo fue muerto como resultado.

Revolución sandinista

El MTP estaba muy influido por la marxista Revolución sandinista que había triunfado en Nicaragua, en cuya última etapa había participado Gorriarán Merlo, y la decisión del ataque fue la creencia de que pese a la instalación de la democracia podía repetirse en Argentina aquella experiencia, tras el fracaso en los años '70 de la teoría de la guerra de guerrillas o de la guerra popular y prolongada. Para ello, según su visión, había que provocar hechos que aceleraran las condiciones de posibilidad del levantamiento marxista.

Artículo de opinión

A 26 años, homenaje a los caídos el 23 de enero de 1989, por Emilio Guillermo Nani - Teniente Coronel (R)


El 23 de enero de 1989, un número importante de terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo, que tanto daño ocasionara a los argentinos en la década del ’70, ahora devenido en el Movimiento Todos por la Patria fundado, entre otros, por Enrique Harolodo Gorriarán Merlo, Carlos A. Burgos, Jorge Baños, Roberto Fellicetti, Francisco Provenzano, José Maria Serra, Antonio Puigjane, Rubén Dri, Manuel Justo Gaggero, Alejandro Ferreyra Beltrán, Pablo Díaz, Hernán Invernizzi, Carlos Samojdeny, Daniel Rollano, Melitón Vázquez, que contaron con la invalorable colaboración de quienes fueran Secretario y Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Matarollo, los integrantes del Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) López Meyer, Juan Jaime Cesio, Cesar Perlinger, José García, Augusto Ratembach, Horacio Ballester, Mitelbach y D’Andrea Mhor y otros “defensores de los derechos humanos” como Néstor Vicente, Luis Zamora, Marcelo Parrili, Santiago Vernazza, irrumpió en las instalaciones del Regimiento de Infantería 3 y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 con asiento en La Tablada, perpetrando un nuevo e inaceptable derramamiento de sangre de jóvenes argentinos.

Esta repugnante acción fue llevada a cabo durante, y con la complicidad, del gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, contra un cuartel desguarnecido, debido a la época del año en que se realizó, caracterizada por la licencia anual de los integrantes de ambas unidades militares; la hora en que se produjo el ataque; los cambios de destino de Oficiales y Suboficiales y, fundamentalmente, como consecuencia de la implementación del irracional proceso de desmantelamiento de las FF.AA. iniciado por el régimen de turno.

En estas acciones caen asesinados el Teniente Coronel Horacio Fernández Cutiellos, el Teniente Primero Ricardo Alberto Rolón, el Suboficial Principal Ricardo Raúl Esquivel, el Sargento Primero Ramón Wladimirio Orué, el Sargento José Gustavo Albornoz y los Soldados Conscriptos Roberto Tadeo Taddía Domingo Julio Grillo, Héctor Cardozo y Leonardo Martín Díaz y el Comisario Inspector Emilio García García y el Sargento Primero JOSE MANUEL SORIA, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Pocos años más tarde, a partir de Enero de 2000, recurriendo a cuanta felonía tuvo a su alcance y demostrando su desprecio por Instituciones, como el Ejército Argentino y las Policías de la Provincia de Buenos Aires y Federal Argentina, que dejaron su saldo de muertos y heridos en la neutralización de aquel ataque, defendiendo el orden constitucional y los intereses de la Nación, el aparato estatal se puso en funcionamiento para lograr la libertad de quienes habían atentado contra su pueblo.

El desprejuicio y la irracionalidad evidenciados por funcionarios, y legisladores para liberar a los terroristas y el silencio cómplice de los integrantes del Poder Judicial, sólo encontró explicación en la connivencia o complicidad de los unos con los otros.

En esta trama macabra participaron representantes de la corporación política que detenta el poder desde 1983, muchos de los cuales todavía ocupan puestos en los poderes del Estado, desde donde continúan con su prédica de odio y destrucción, como por ejemplo el Auditor General de la Nación Leandro Despouy, a (en aquel entonces funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Alicia Pierini, terrorista montonera y actual defensora del pueblo; Federico Storani; Carlos Becerra; Diana Conti (que se desempeñaba como subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación); la terrorista montonera Alicia Oliveira quien fuera Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Alfredo Bravo; Alfredo Villalba; Floreal Gorini; Simón Lazara; Enrique Pérez Esquivel; quien fuera canciller del gobierno kirchnerista, Jorge Taiana (en aquél entonces Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); el actual diputado nacional por el radicalismo Ricardo Gil Lavedra (en aquel entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos); Ramón Torres Molina, oficial de la organización terrorista Fuerzas Armadas Peronistas y actual director del Museo de la Memoria y las “humanitarias organizaciones filoterroristas Familiares de Desaparecidos, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz y Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora y Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Movimiento Judío por los Derechos Humanos.

El 24 de febrero de 2001, producto de las oscuras manipulaciones políticas, los terroristas recuperaron su libertad, habiendo logrado que el gobierno les conmutara las penas que les había impuesto la Justicia por los crímenes cometidos.

Alguien dijo que el peor enemigo de la verdad no era la mentira, sino la estupidez; y en esto se equivoca. Los peores enemigos de la verdad son la hipocresía y el cinismo.

Es por esto que el objetivo perseguido con este escrito, es provocar la motivación para hurgar en el pasado con la finalidad de refrescar la memoria, más aún si se tiene en cuenta que a partir del año 1984, y con mayor intensidad desde el 25 de Mayo de 2003, se ha instalado en los medios de comunicación social un largo proceso de desinformación tendiente a desviar la verdad histórica para borrar del inconsciente colectivo del pueblo argentino todos los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas.

En todo este largo proceso, con la inapreciable colaboración de periodistas y escritores -muchos de ellos con sus manos manchadas de sangre- como Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Tenembaum, Zlotoviajda, Eduardo Anguita, Eduardo Aliverti, Florencia Saintout, Miguel Bonasso, Martín Granovsky, Horacio Verbitsky, Juan Gelman, Silvina Walger, Juan Gasparini, María Seoane, Gabriela Cerrutti, Horacio González, Norma Morandini, Osvaldo Bayer y tantos otros, quienes, mediante el uso del ocultamiento y la tergiversación de la verdad o de la simple y descarada mentira, fueron desapareciendo de los medios de comunicación los atroces atentados, las desapariciones forzadas de personas, los asesinatos, secuestros, robos y tantas otras acciones llevadas a cabo por los terroristas.

Pero por favor no creamos que lo que lo que está sucediendo son hechos aislados. Absolutamente no.

Todo esto no hace más que demostrar que para los personeros del crimen, el rencor y el odio, la guerra continúa, lo que queda materializado en la mentira, el resentimiento y la venganza promovidos desde el actual gobierno, al que vemos “orgulloso” de su cínica e hipócrita política de derechos humanos, una política caracterizada por exaltar a quienes atentaron contra la Patria y a encarcelar a quienes la defendieron o esconder a aquellos que murieron para que ella aún sobreviva.

Un ejemplo de lo expresado fue el regalo de Fin de Año de la corte suprema de justicia, que dispuso reabrir una causa por la supuesta desaparición de dos de los terroristas, revocando un fallo de la instancia inferior.

Hoy, a 26 años del criminal ataque, con muchísima tristeza comprobamos como el desprecio o la indiferencia por aquellos que dieron su vida por todos nosotros, se han apoderado de una sociedad adormecida que pareciera no tener la menor idea de su destino.

Es así que, con el advenimiento del gobierno de los Kirchner, aparecieron en escena quienes nunca habían combatido, los que, en una pretendida construcción de un pasado guerrero que no tuvieron y bajo la excusa lograr encontrar la verdad, la justicia y la memoria, convirtieron la Verdad en mentira; la Justicia en prevaricato y la Memoria en una antojadiza y hemipléjica reescritura de la historia.

Día a día vemos cómo el poder político judicial arrasa con las instituciones, con sus consecuencias de caos y desolación, contando para tan rastreros objetivos con la complicidad de sus integrantes, sean ellos togados o uniformados que, por acción, omisión, oportunismo o corrupción, se subordinan a las órdenes de funcionarios repentinamente enriquecidos a costa del hambre y la desesperación del pueblo argentino.

La corporación judicial federal penal produjo fallos en absoluta complacencia con los deseos del gobierno nacional, arrasando con las bases del Derecho, alejando casi definitivamente toda posibilidad de alcanzar la necesaria concordia que tanto precisamos los argentinos para poder vivir en un país serio y de la manera que nos merecemos.

Para ello, los jueces han destruido el estado de Derecho, con la consiguiente de “ausencia de seguridad jurídica” que hoy reina en nuestro país, violentando nada menos que 31 garantías procesales e instituyendo al prevaricato como metodología para negar Justicia y privar de la libertad a quienes dieron todo de sí para liberar al pueblo argentino del flagelo del terrorismo, siendo las más que más repugnan, la negación -por negligencia criminal- del acceso a un sistema de salud digno y la introducción de la accesoria de la pena de muerte por abandono de persona, que dan forma al plan criminal de exterminio de un sector de la población perpetrado por la corporación político judicial más siniestra y corrupta de toda nuestra historia. Doscientos ochenta (280) muertos en cautiverio por estas causas, avalan lo que digo, pagándose un precio demasiado alto para consumar la venganza.

Todo lo que está sucediendo, realimentará los odios del pasado y evitará el cierre de las heridas que en los ‘70 se abrieron en nuestro cuerpo social, cicatrización que necesitamos con urgencia para poder vivir en una Argentina en la que se constituya la unión nacional, se afiance la justicia y se consolide la paz interior.

A esta altura es necesario decirle a quienes integran el Poder Judicial, que no queremos el país que, con sus actos están coadyuvando a destruir. Nos cuesta aceptar que no entiendan el ruego de la ciudadanía, que hoy día más que ruego es un clamor. Queremos que sepan que, como pueblo de esta tierra, nos asquea la ductilidad de algunos jueces de adecuar sus opiniones conforme a la forma de pensar y proceder del gobierno de turno.

A pesar de lo expresado, y tal vez ya cándidamente, insistimos en nuestro pedido para que recapaciten, pues si continúan en esta peligrosa línea, la República se encamina aceleradamente hacia su disolución porque, con jueces como los que citamos; con legisladores que se han olvidado de su “honorable” misión y con políticos que demuestran estar más preocupados por la mejor forma de incrementar sus injustificados patrimonios, difícilmente se logrará la paz social que tanto necesitamos para desarrollarnos.

El camino hacia la reconciliación no se puede construir con memorias parciales, verdades a medias e injusticia. Pensemos en el país que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos, los que -no les quepa la menor duda- se merecen un futuro mejor.

Como hace tiempo que no se escuchan voces oficiales ofrendando el justo y necesario homenaje a los caídos en salvaguardia de Dios, de la Patria, de la Familia y de las Instituciones republicanas, con este escrito quiero rendir tributo a quienes murieron por nosotros y por nuestro estilo de vida. A todos los que cayeron, tanto en el ataque a los Cuarteles de La Tablada, como en todas acciones perpetradas por las organizaciones terroristas a lo largo de nuestra triste historia reciente, les expresamos nuestra gratitud por el ejemplo que nos dieron, por defendernos y por haber dado todo de sí, sin pedir nada a cambio.

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