Crisis política en Venezuela

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Puente internacional Simón Bolívar bloqueado por el régimen venezolano para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.

La Crisis política en Venezuela se desarrolla desde el año 2013 hasta la actualidad, motivada por las ineficaces políticas económicas del gobierno chavista de Nicolás Maduro, el atropello a la Constitución y una violación sistemática a de los derechos humanos de los venezolanos.

Desarrollo

2013

El 5 de marzo de 2013 puede ser considerado un punto de inflexión en la política venezolana. El anuncio del fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez fue el final de un proceso iniciado con su elección en diciembre de 1998. Su ausencia ha supuesto un vacío de poder que no ha llenado ningún actor político, ingresando el país en una crisis política, económica y social sin precedentes en su historia.

Chávez había designado como sucesor a Nicolás Maduro al no poder ejercer el poder tras la operación de cáncer a la que fue sometido en Cuba. Sin embargo, la ajustada victoria en las elecciones del 14 de abril de 2013 frente al candidato opositor Henrique Capriles, por menos del dos por cien de los votos levantó graves denuncias de fraude por parte del gobierno y tuvo como consecuencia la aparición de importantes dudas sobre la legitimidad de su elección, así como sobre su capacidad para conducir el país.

2014 - 2015

La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos. Esta falta de divisas junto con la políticas de expropiaciones, regulación de precios y tipos de cambios tuvo como resultado un un grave desabastecimiento.

Hacia fines de 2014, y durante 2015, la continua escasez de productos y los bajos precios del petróleo produjeron un recrudecimiento de las protestas. Consultoras como Datanalisis indican que si en mayo de 2013, Maduro tenía un nivel de aceptación del 50%, para marzo de 2015 dicho apoyo apenas superaba el 20%.

El 10 de septiembre de 2015, el gobierno condenó a prisión al líder opositor Leopoldo López acusado de incitación a la violencia en las manifestaciones de 2014, duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad con saldo de 43 personas muertas y cientos de heridos. Le condenaron a 13 años y 9 meses. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente.

2016

En 2016, las protestas han ocurrido luego de la controversia surgida tras las trabas impuestas a la Asamblea Nacional después de las elecciones parlamentarias de 2015, en las que triunfó la oposición, sumado a la situación económica. En los primeros dos meses de 2016 ocurrieron más de 1000 protestas junto con decenas de saqueos.

La suspensión del proceso de convocatoria del referéndum revocatorio desató una nueva crisis política en 2016, con un llamado de la oposición venezolana a marchas pacíficas multitudinarias a partir del miércoles 26 de octubre de 2016.

2017

Conocidos como escuderos y provistos con escudos, piedras, bombas Molotov y máscaras antigas, durante 2017 estos jóvenes manifestantes constituyeron la primera fila en la lucha contra la dictadura.

Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la Crisis Constitucional de Venezuela de 2017 se produjo por la ruptura del hilo constitucional en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, originando una nueva oleada de protestas. Las sentencias produjeron la condena internacional y agravaron la crisis siendo calificadas como un autogolpe de Estado orquestado por el gobierno chavista.

Violando la legislación nacional e internacional, el gobierno comenzó a juzgar a civiles en tribunales militares, donde no pueden elegir a su propios abogados y tanto los fiscales como abogados defensores y los jueces mismos están subordinados al presidente Maduro[1].

Convocatoria a una reforma constitucional

El 1 de mayo de 2017, el presidente de facto Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Una trampa que según la oposición busca crear una nueva constitución nacional que le dote de superpoderes. De acuerdo con los artículos 346 y 348 de la constitución, el presidente puede lanzar la iniciativa de una constituyente pero no convocarla[2]. Únicamente el pueblo en referéndum por votación directa, universal y secreta puede convocarla y elegir a los constituyentes encargados de redactar el texto. Pero en lugar del voto universal y directo, el gobierno anunció que de los 540 miembros de la constituyente, 176 serían seleccionados por sectores afines al gobierno. Los restantes 364, serían elegidos territorialmente según el criterio dictado por el gobierno, en el que a regiones con muchos mas habitantes se le asignan la misma cantidad de representantes.

La constituyente tendría la potestad de disolver todos los poderes, asignarse sus funciones y gobernar por decreto; además el texto constitucional no dice hasta cuando. Por ese motivo, el líder opositor Henrique Capriles apunta que ya sea que los cambios hechos a la constitución se deban aprobar o no mediante referéndum, la constituyente puede usarse para que el régimen se perpetúe en el poder de manera indefinida[3] y le habilita a destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz que investiga sus crímenes, encarcelar a opositores y disolver el parlamento[4].

Votaciones fraudulentas

El 30 de julio de 2017, se votaron los miembros para la Asamblea Nacional Constituyente en una elección donde participaron alrededor de 3 millones de personas según la oposición y 8 millones según el gobierno. Los funcionarios públicos y aquellos que reciben beneficios sociales como alimentación o vivienda, fueron obligados a votar no admitiéndose el voto nulo en el sistema electoral. Los centros de votación estuvieron desiertos como lo documentaron medios periodísticos[5], lo que forzó al gobierno a prohibir al periodismo independiente acercarse a menos de 500 metros de los locales. El evento estuvo plagado de denuncias de fraude y la autoridad de la Constituyente será desconocida por Alemania, Suiza, España, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Paraguay, Estados Unidos, la Unión Europea y Guatemala. A favor de la Constituyente se manifestaron Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Como consecuencia, Venezuela enfrentará sanciones económicas impuestas por EE.UU., Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú.

Para el presidente del Parlamento, Julio Borges, la cifra de 8 millones que ofreció el Consejo Nacional Electoral otorga un millón de votos más a Maduro que cuando fue escogido como presidente en 2013, a pesar de que en 2016 perdió la Asamblea Nacional a manos de la oposición. “Yo creo que eso hoy no lo cree ni la mamá de Maduro”[6], señaló Borges. El dirigente del partido Primero Justicia acusó al Consejo Nacional Electoral de haberse convertido abiertamente en una “mafia”.

El 1 de agosto de 2017, el rector del Comité Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció graves irregularidades en el proceso electoral[7].

El 2 de agosto se supo que la empresa Smartmatic que ha abalado los resultados electorales en Venezuela desde el año 2004, confirma que hubo fraude electoral en la elección de la Constituyente, con por lo menos un millón de votos fraudulentos[8]. Sin embargo, se requeriría una auditoría para determinar la magnitud total del fraude.

Asalto al fuerte Paramacay

El 6 de agosto de 2017, durante el asalto al fuerte de Paramacay, un grupo de 20 civiles disidentes comandados por el antiguo capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Caguaripano​ irrumpieron el fuerte de Paramacay, para extraer armamento bélico. Después de un tiroteo las tropas leales al gobierno lograron dispersar a los rebeldes que se llevaron consigo: 500 Fusiles AK-103 y 500 cargadores de este tipo de fusil, 50 lanzagranadas múltiples de 40 mm., 140 granadas de 40 mm., 80 bayonetas y 60 pistolas. Ese material lo colocaron en un vehículo Toyota con placas militares y lo sacaron del fuerte Paramacay. El régimen de Maduro lograría en diversos operativos capturar a la mayor parte de los implicados gracias a la información aportada por colaboracionistas. Pero no consiguió recuperar en su totalidad el armamento que se llevaron.

Para febrero de 2018 el abogado de Caguaripano denuncia que su defendido estaba siendo recluido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, víctima de fuertes torturas y que había sufrido el desprendimiento de ambos testículos por la aplicación descargas eléctricas.​ El abogado también denunció que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueron hasta la casa de sus padres para y arrestaron a su madre y a su hermano, a quienes liberaron posteriormente.

2018

Asesinato de Óscar Pérez

En el curso de operativo contra la disidencia, efectivos de seguridad y colectivos chavistas asesinan al inspector Óscar Pérez después de que se había rendido. Se le acusaba de haber liderado el ataque al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2017.

Reelección fraudulenta

El 20 de mayo de 2018, Maduro volvió a anunciar su victoria en unas elecciones sin garantías ni observadores independientes, a las que la oposición decidió no presentarse. La comunidad internacional anunció de antemano que no reconocería el resultado por no estar dadas las condiciones para un proceso limpio.

Condena por corrupción

En agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio condenó a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción. El TSJ de Venezuela en el exilio condena a Maduro a 18 años y 3 meses de cárcel por corrupción. Según la sentencia deberá devolver un total de 35.000 millones de dólares al estado venezolano por el caso de corrupción de la constructora Odebrecht.

Declaraciones de Luis Almagro

El 14 de septiembre, Luis Almagro, Secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), declaró que "no se puede descartar una intervención militar" para derrocar al régimen del presidente Nicolás Maduro. La declaración de Almagro fue considerada extremista incluso por algunos países críticos al régimen al tiempo que Maduro advirtió que llevaría el caso ante las Naciones Unidas.

Almagro, a través de su cuenta de twitter, intentó explicar por medio de un video que sus palabras fueron mal interpretadas, pues lo que él dijo fue que "no se debe descartar ninguna acción" en Venezuela. Criticó además a Maduro por negarse a recibir ayuda humanitaria, cometiendo una "violación de los derechos humanos".

2019

En enero, la Asamblea Nacional de Venezuela ordena la destitución de Nicolás Maduro y nombra a Juan Guaidó como presidente interino. La Unión Europea, Estados Unidos, la OEA y la mayoría los países latinoamericanos reconocen a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Por su parte, Maduro sigue recibiendo apoyo y reconocimiento de sus aliados Rusia, China, Irán, entre otros.

Embargo petrolero de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de EE.UU. y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, anunciaron un embargo petrolero a Venezuela: "La acción de hoy asegura que ya no pueden saquear los activos del pueblo venezolano"[9]. La actividad petrolera con EE.UU. es clave para la supervivencia económica del régimen. El país logra unos 11.000 millones de dólares por ello, lo que supone un 42,3% de los ingresos por exportaciones. Sin acceso a las refinerías estadounidenses, solo pueden exportar su petróleo a India, Rusia y China. A estos dos últimos, se le envía el crudo gratis como pago por los créditos que le han dado. Las medidas alcanzaron a PDVSA y su filial estadounidense CITGO. Además, Venezuela no podrá importar gasolina desde territorio estadounidense.

Bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria

En febrero, cargamentos de ayuda humanitaria donados por la comunidad internacional, llegaron a Colombia, Brasil y Curazao. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez aseguró que la distribución de comida se trataría de una conspiración de EE.UU. para envenenar a los venezolanos e inocularles el cáncer. El sábado 23 de febrero, el régimen reprimió a los voluntarios que intentaron hacer pasar la ayuda llegando a quemar la comida y medicamentos.

En un solo día, más de 120 oficiales, suboficiales y soldados de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) desertaron y cruzaron la frontera para jurar lealtad a Juan Guaidó[10]. En total, unos 411 miembros de las fuerzas de seguridad habrían desertado en los 4 días que siguieron al frustrado ingreso de la ayuda humanitaria.

Referencias

Artículos relacionados

Enlaces externos