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Crisis política en Venezuela
La Crisis política en Venezuela se desarrolla desde el año 2013 hasta la actualidad, motivada por las ineficaces políticas económicas del gobierno chavista de Nicolás Maduro, el atropello a la Constitución y una violación sistemática a de los derechos humanos de los venezolanos.
Sumario
Desarrollo
2013
Llegada de Nicolás Maduro al poder
El 5 de marzo de 2013 puede ser considerado un punto de inflexión en la política venezolana. El anuncio del fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez fue el final de un proceso iniciado con su elección en diciembre de 1998. Su ausencia ha supuesto un vacío de poder que no ha llenado ningún actor político, ingresando el país en una crisis política, económica y social sin precedentes en su historia.
Chávez había designado como sucesor a Nicolás Maduro al no poder ejercer el poder tras la operación de cáncer a la que fue sometido en Cuba. Sin embargo, la ajustada victoria en las elecciones del 14 de abril de 2013 frente al candidato opositor Henrique Capriles, por menos del dos por cien de los votos levantó graves denuncias de Fraude electoral por parte del gobierno y tuvo como consecuencia la aparición de importantes dudas sobre la legitimidad de su elección, así como sobre su capacidad para conducir el país.
2014
Comienzo de la crisis económica
La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos. Esta falta de divisas junto con la políticas de expropiaciones, regulación de precios y tipos de cambios tuvo como resultado un un grave desabastecimiento.
Hacia fines de 2014, y durante 2015, la continua escasez de productos y los bajos precios del petróleo produjeron un recrudecimiento de las protestas.
2015
La oposición gana las elecciones parlamentarias
Consultoras como Datanalisis indicaban que si en mayo de 2013, Maduro tenía un nivel de aceptación del 50%, para marzo de 2015 dicho apoyo apenas superaba el 20%. Por ello, en, la oposición triunfó en los comicios legislativos de manera contundente, ganado el control de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia cuyos miembros habían sido elegidos de manera irregular por el oficialismo, declaró en desacato al parlamento venezolano, que quedó sin capacidad de actuación siendo ignorada por el Poder ejecutivo controlado por Maduro.
Leopoldo López es condenado a prisión
El 10 de septiembre de 2015, el gobierno condenó a prisión al líder opositor Leopoldo López acusado de incitación a la violencia en las manifestaciones de 2014, duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad con saldo de 43 personas muertas y cientos de heridos. Le condenaron a 13 años y 9 meses. Las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado este arresto por haber sido motivado políticamente.
2016
Comienzan las protestas
En 2016, las protestas han ocurrido luego de la controversia surgida tras las trabas impuestas a la Asamblea Nacional después de las elecciones parlamentarias de 2015, en las que triunfó la oposición, sumado a la situación económica. En los primeros dos meses de 2016 ocurrieron más de 1000 protestas junto con decenas de saqueos.
La suspensión del proceso de convocatoria del referéndum revocatorio desató una nueva crisis política en 2016, con un llamado de la oposición venezolana a marchas pacíficas multitudinarias a partir del miércoles 26 de octubre de 2016.
2017
Autogolpe de Estado
Según la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la Crisis Constitucional de Venezuela de 2017 se produjo por la ruptura del hilo constitucional en ese país, a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora y extendiera los poderes del presidente Nicolás Maduro, originando una nueva oleada de protestas. Las sentencias produjeron la condena internacional y agravaron la crisis siendo calificadas como un autogolpe de Estado orquestado por el gobierno chavista.
Violando la legislación nacional e internacional, el gobierno comenzó a juzgar a civiles en tribunales militares, donde no pueden elegir a su propios abogados y tanto los fiscales como abogados defensores y los jueces mismos están subordinados al presidente Maduro[1].
Convocatoria a una reforma constitucional
El 1 de mayo de 2017, el presidente de facto Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Una trampa que según la oposición busca crear una nueva constitución nacional que le dote de superpoderes. De acuerdo con los artículos 346 y 348 de la constitución, el presidente puede lanzar la iniciativa de una constituyente pero no convocarla[2]. Únicamente el pueblo en referéndum por votación directa, universal y secreta puede convocarla y elegir a los constituyentes encargados de redactar el texto. Pero en lugar del voto universal y directo, el gobierno anunció que de los 540 miembros de la constituyente, 176 serían seleccionados por sectores afines al gobierno. Los restantes 364, serían elegidos territorialmente según el criterio dictado por el gobierno, en el que a regiones con muchos mas habitantes se le asignan la misma cantidad de representantes.
La constituyente tendría la potestad de disolver todos los poderes, asignarse sus funciones y gobernar por decreto; además el texto constitucional no dice hasta cuando. Por ese motivo, el líder opositor Henrique Capriles apunta que ya sea que los cambios hechos a la constitución se deban aprobar o no mediante referéndum, la constituyente puede usarse para que el régimen se perpetúe en el poder de manera indefinida[3] y le habilita a destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz que investiga sus crímenes, encarcelar a opositores y disolver el parlamento[4].
Votaciones fraudulentas
El 30 de julio de 2017, se votaron los miembros para la Asamblea Nacional Constituyente en una elección donde participaron alrededor de 3 millones de personas según la oposición y 8 millones según el gobierno. Los funcionarios públicos y aquellos que reciben beneficios sociales como alimentación o vivienda, fueron obligados a votar no admitiéndose el voto nulo en el sistema electoral. Los centros de votación estuvieron desiertos como lo documentaron medios periodísticos[5], lo que forzó al gobierno a prohibir al periodismo independiente acercarse a menos de 500 metros de los locales. El evento estuvo plagado de denuncias de fraude y la autoridad de la Constituyente fue desconocida por Alemania, Suiza, España, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Paraguay, Estados Unidos, la Unión Europea y Guatemala. A favor de la Constituyente se manifestaron Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Como consecuencia, el gobierno de Maduro enfrentó sanciones económicas impuestas por EE.UU., Colombia, Canadá, México, Panamá y Perú.
Para el presidente del Parlamento, Julio Borges, la cifra de 8 millones que ofreció el Consejo Nacional Electoral otorga un millón de votos más a Maduro que cuando fue escogido como presidente en 2013, a pesar de que en 2016 perdió la Asamblea Nacional a manos de la oposición. “Yo creo que eso hoy no lo cree ni la mamá de Maduro”[6], señaló Borges. El dirigente del partido Primero Justicia acusó al Consejo Nacional Electoral de haberse convertido abiertamente en una “mafia”.
El 1 de agosto de 2017, el rector del Comité Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció graves irregularidades en el proceso electoral[7].
El 2 de agosto se supo que la empresa Smartmatic que ha abalado los resultados electorales en Venezuela desde el año 2004, confirma que hubo fraude electoral en la elección de la Constituyente, con por lo menos un millón de votos fraudulentos[8]. Sin embargo, se requeriría una auditoría para determinar la magnitud total del fraude.
Asalto al fuerte Paramacay
El 6 de agosto de 2017, durante el asalto al fuerte de Paramacay, un grupo de 20 civiles disidentes comandados por el antiguo capitán de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Caguaripano irrumpieron el fuerte de Paramacay, para extraer armamento bélico. Después de un tiroteo las tropas leales al gobierno lograron dispersar a los rebeldes que se llevaron consigo: 500 Fusiles AK-103 y 500 cargadores de este tipo de fusil, 50 lanzagranadas múltiples de 40 mm., 140 granadas de 40 mm., 80 bayonetas y 60 pistolas. Ese material lo colocaron en un vehículo Toyota con placas militares y lo sacaron del fuerte Paramacay. El régimen de Maduro lograría en diversos operativos capturar a la mayor parte de los implicados gracias a la información aportada por colaboracionistas. Pero no consiguió recuperar en su totalidad el armamento que se llevaron.
Para febrero de 2018 el abogado de Caguaripano denuncia que su defendido estaba siendo recluido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, víctima de fuertes torturas y que había sufrido el desprendimiento de ambos testículos por la aplicación descargas eléctricas. El abogado también denunció que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueron hasta la casa de sus padres para y arrestaron a su madre y a su hermano, a quienes liberaron posteriormente.
2018
Asesinato de Óscar Pérez
En el curso de operativo contra la disidencia en enero de 2018, efectivos de seguridad y colectivos chavistas asesinan al inspector Óscar Pérez después de que se había rendido. Se le acusaba de haber liderado el ataque al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2017, donde no se registraron muertos ni heridos.
Reelección fraudulenta
El 20 de mayo de 2018, Maduro volvió a anunciar su victoria en unas elecciones sin garantías ni observadores independientes, a las que la oposición decidió no presentarse. La comunidad internacional anunció de antemano que no reconocería el resultado por no estar dadas las condiciones para un proceso limpio.
Condena por corrupción
En agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio condenó a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción. Según la sentencia deberá devolver un total de 35.000 millones de dólares al estado venezolano por el caso de corrupción de la constructora Odebrecht.
Atentado con drones contra Maduro
El 4 de agosto de 2018, durante un acto por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana se produjeron varias explosiones mientras Nicolás Maduro daba un discurso en la Avenida Bolívar en Caracas. En total hubieron tres explosiones: un drón explotó frente a la tarima presidencial, otro se levantó y explotó hacia el lado derecho de la tarima, haciendo que un sector de los familiares de los efectivos que estaban en la parada se desplazaran corriendo hacia la izquierda. Un tercer drón explotó en las inmediaciones de un edificio al sur de la tarima.
Durante la transmisión del acto pudo verse como Maduro interrumpía su discurso para mirar hacia arriba, mientras las cámaras se sacudían. Las imágenes luego muestran a soldados corriendo, aparentemente en búsqueda de refugio, antes de la interrupción de la transmisión. Al anochecer, el dictador daba una rueda de prensa en la que mencionó que fueron capturados parte de los presuntos autores del intento de tiranicidio que sufrió, sin especificar cuántos ni quiénes.
La prensa oficialista se refirió al intento de ajusticiar al dictador venezolano como un "magnicidio" frustrado, al tiempo que Maduro acusó a una larga de lista de posibles autores incluyendo al gobierno del expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, a Estados Unidos, a la "ultraderecha" venezolana (apelativo común en el discurso chavista para generalizar a la oposición venezolana) o la de Colombia, o bien ambas. La cancillería colombiana negó las acusaciones a las que tachó de "ridículas".[9]
Declaraciones del Secretario General de la OEA
El 14 de septiembre, Luis Almagro, Secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), declaró que "no se puede descartar una intervención militar" para derrocar al régimen del presidente Nicolás Maduro. La declaración de Almagro fue considerada extremista incluso por algunos países críticos al régimen al tiempo que Maduro advirtió que llevaría el caso ante las Naciones Unidas.
Almagro, a través de su cuenta de twitter, intentó explicar por medio de un video que sus palabras fueron mal interpretadas, pues lo que él dijo fue que "no se debe descartar ninguna acción" en Venezuela. Criticó además a Maduro por negarse a recibir ayuda humanitaria, cometiendo una "violación de los derechos humanos".
2019
En enero, la Asamblea Nacional de Venezuela ordena la destitución de Nicolás Maduro y nombra a Juan Guaidó como presidente interino. La Unión Europea, Estados Unidos, la OEA y la mayoría los países latinoamericanos reconocen a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Por su parte, Maduro sigue recibiendo apoyo y reconocimiento de sus aliados Rusia, China, Irán, entre otros.
Embargo petrolero de Estados Unidos
El secretario del Tesoro de EE.UU. y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, anunciaron un embargo petrolero a Venezuela: "La acción de hoy asegura que ya no pueden saquear los activos del pueblo venezolano"[10]. La actividad petrolera con EE.UU. es clave para la supervivencia económica del régimen. El país logra unos 11.000 millones de dólares por ello, lo que supone un 42,3% de los ingresos por exportaciones. Sin acceso a las refinerías estadounidenses, solo pueden exportar su petróleo a India, Rusia y China. A estos dos últimos, se le envía el crudo gratis como pago por los créditos que le han dado. Las medidas alcanzaron a PDVSA y su filial estadounidense CITGO. Además, Venezuela no podrá importar gasolina desde territorio estadounidense.
Bloqueo a la llegada de ayuda humanitaria
En febrero de 2019, cargamentos de ayuda humanitaria donados por la comunidad internacional, llegaron a Colombia, Brasil y Curazao. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez aseguró que la distribución de comida se trataría de una conspiración de EE.UU. para envenenar a los venezolanos e inocularles el cáncer.
El sábado 23 de febrero, el régimen reprimió a los voluntarios que intentaron hacer pasar la ayuda llegando a quemar la comida y medicamentos. Todo esto, si bien se seguía insistiendo conque en Venezuela no hay medicina ni alimentos porque lo impiden las sanciones contra Maduro. Ante la presión internacional el régimen autorizó la entrega de ayuda humanitaria por parte de Cruz Roja.
Deserciones
En un solo día, más de 120 oficiales, suboficiales y soldados de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) desertaron y cruzaron la frontera para jurar lealtad a Juan Guaidó[11]. En total, unos 411 miembros de las fuerzas de seguridad habrían desertado en los 4 días que siguieron al frustrado ingreso de la ayuda humanitaria.
En mayo de 2019, el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, confirmó que era cierta la versión de que Estados Unidos sí contactó con él para negociar la posible "salida" de Nicolás Maduro de Miraflores[12].
Liberación de Leopoldo López
En la madrugada del 30 de abril de 2019, aparecen las primeras imágenes que muestran la liberación del líder opositor Leopoldo López tras cinco años de cautiverio. Un grupo de militares y miembros de la Guardia Nacional de Venezuela acataron el indulto ordenado por el presidente Juan Guaidó y le permitieron abandonar la prisión domiciliaria. Junto a su esposa Lilian Tintori, se refugiaron en la embajada española en Caracas. No obstante, los sublevados no contaron con el suficiente apoyo dentro de las fuerzas armadas como para intentar forzar el fin de la dictadura y el retorno a la democracia.
La ONU acusa a la dictadura venezolana de violaciones a los DD.HH.
En julio de 2019, un informe de Naciones Unidas acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la "resistencia a la autoridad". Una migración sin freno. En definitiva, el deterioro profundo de la democracia, son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela[13].
2020
Gira internacional de Juan Guaidó
En febrero el presidente encargado Juan Guaidó, finaliza una exitosa gira de 23 días por Europa y América donde es recibido por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Horas antes fue recibido por el vicepresidente Mike Pence, en el Congreso.
A su regreso es agredido por esbirros del régimen cuando intentaba abandonar el aeropuerto de Maiquetía. Grupos violentos generaron el caos en el lugar, golpeando a los presentes y agrediendo a varios periodistas, según lo denunció el Sindicato Nacional de la Prensa.
La ONU acusa al Gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad
El 16 de septiembre de 2020, una misión para determinar los hechos, ordenada por Naciones Unidas para Venezuela, presentó en Bruselas un informe de 443 páginas que califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y señala como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro; a Diosdado Cabello, número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; a los ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López, y a los jefes de los servicios de inteligencia, junto a otros 45 funcionarios del régimen venezolano.
Los investigadores analizaron 223 casos ocurridos desde 2014 en adelante, de los cuales 48 se incluyen como casos de estudio exhaustivos. Examinaron además otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía se llevan el grueso del informe. Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de letalidad policial. El texto de la Misión recoge 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
2021
El régimen chavista recupera el control de la Asamblea Nacional
El 5 de enero de 2021, el régimen de Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela que había perdido en 2015. Las elecciones legislativas de diciembre de 2020, amañadas por el gobierno según la inmensa mayoría de la oposición y cuestionadas por las principales instancias internacionales, dieron a la coalición de partidos que respalda a Nicolás Maduro más del 90% de los 277 escaños. Y pese a que esos comicios registraron una abstención de casi el 70%, según datos oficiales, el aparato político del gobierno controla ahora todas las instituciones del país.
2022
Fracaso del gobierno interino
Para fines de 2022, Maduro es internacionalmente aceptado como gobernante de facto de Venezuela, siendo su presidencia reconocida por más de 50 países; además de entablar diálogos con países y organizaciones que aún mantienen su reconocimiento a Juan Guaidó.
La oposición no logró el apoyo de las fuerzas armadas al interior del país y la presión internacional por si sola no consiguió forzar un cambio de régimen. Con el paso de los años, aproximadamente 7,1 millones de venezolanos descontentos emigraron al exterior, cesando las protestas y la presión interna contra la dictadura.
La mayoría parlamentaria de la oposición venezolana, decidió eliminar el gobierno interino de Guaidó, al considerar que no cumplió con el objetivo de forzar la caída del régimen. Políticos opositores como Henrique Capriles llamaron a romper la abstención y volver a participar en elecciones amañadas por el régimen. Aunque no hay posibilidades de ganar las elecciones, una oposición colaboracionista permitiría a sus dirigentes continuar viviendo de la política al tiempo que legitima al gobierno de Maduro.
2023
Estados Unidos decidió aliviar las sanciones al sector petrolero, del gas y del oro. La decisión del Gobierno del presidente Joe Biden es una respuesta al acuerdo político entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar elecciones el año próximo. El levantamiento parcial de las sanciones tiene efecto inmediato, pero en el caso del petróleo y el gas es temporal, hasta dentro de seis meses, y solo se renovará si el Gobierno de Maduro sigue dando pasos para restaurar la democracia. Entre las exigencias de Washington está la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela y de presos políticos venezolanos. En octubre, Maduro le dijo a Biden que permitiría elecciones presidenciales libres y justas en 2024.
2024
Maduro proscribe a su principal oponente, María Corina Machado, postularse durante los próximos 15 años, mientras sus matones persiguen a su equipo, destrozadoles su sede de campaña. En respuesta, Biden respondió restableciendo las sanciones sólo a la empresa minera de oro estatal de Venezuela. Está esperando hasta abril para restablecer las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela, lo que le permitirá a Maduro pasar dos meses apuntalando su tiranía. Incluso después de la fecha límite de abril, el dictador sería libre de vender algo de gas natural libre de sanciones y saldar la deuda de su régimen.
Referencias
- ↑ El gobierno venezolano recurre a la justicia militar ‘como si estuviera en guerra’
- ↑ ¿Por qué la Constituyente convocada por Maduro es considerada un fraude?
- ↑ Capriles: La Constituyente solo busca evitar que haya más elecciones
- ↑ Capriles dice que Constituyente venezolana será usada para «cortar cabezas»
- ↑ Desiertos: así estuvieron los centros de votación para la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro
- ↑ Julio Borges: La elección de la Constituyente fue un fracaso total para el Gobierno
- ↑ Rector electoral venezolano denunció irregularidades en la Constituyente
- ↑ Video: Resultados de la Constituyente fueron manipulados
- ↑ «Resultan absurdos señalamientos de Maduro a Santos: gobierno de Colombia | NTN24 | www.ntn24.com» (en es). Consultado el 5 de agosto de 2018.
- ↑ Washington corta el grifo del crudo al régimen de Nicolás Maduro.
- ↑ Desertan 85 militares venezolanos en un día a Colombia y ya suman 411
- ↑ Padrino López: Intentaron comprarme
- ↑ La ONU exige a Maduro detener las "graves violaciones de derechos"
- ↑ La ONU acusa al Gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad
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