Carlismo

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La bandera tradicional carlista.

El carlismo es un movimiento político y social legitimista de carácter antiliberal y contrarevolucionario surgido en España en el siglo XIX que defendía la continuidad de la dinastía legítima en el trono español ante la amenaza de la Revolución liberal, y que en sus orígenes propugnaba, no sólo la vuelta al Antiguo Régimen, sino también una política de Cristiandad.[1]

En la década de 1970 una parte del carlismo evolucionó hacia tres corrientes: la socialismo autogestionario (el Partido Carlista), el sector tradicionalista y otra de un conservador, inspirado en las reformas del Concilio Vaticano II que formaría la Comunión Tradicionalista Carlista.

Introducción

Objetivamente considerado, el Carlismo aparece como un movimiento político. Surgió al amparo de una bandera dinástica que se proclamó a sí misma legitimista y que se alzó a la muerte de Fernando VII, en el año 1833, con bastante eco y arraigo popular. Se distinguen en él esas tres bases cardinales que lo definen: una bandera dinástica, una continuidad histórica y una doctrina jurídico-política[2]

Doctrina

Los carlistas formaban el ala tradicional de la sociedad española de la época, englobando a los denominados apostólicos, tradicionalistas y, sobre todo, a la reacción antiliberal. La lucha entre la autoproclamada regencia de María Cristina, esposa de Fernando VII y el Rey Don Carlos V fue realmente una lucha entre dos concepciones políticas, de una parte los defensores del Antiguo Régimen y de otra los partidarios de las reformas liberales, surgidas como consecuencia de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, que habían empezado a reorganizar la sociedad, tanto moral como materialmente, especialmente en las clases populares. Así, el carlismo tuvo escasa repercusión en las grandes ciudades, siendo un movimiento predominantemente rural.

Otro aspecto de la disputa transcurría en el terreno religioso, con el deseo de los carlistas de conservar la fe católica constructora de la Historia de España. Los liberales iniciaron reformas económicas que despojaban de las tierras a los terratenientes, al tiempo que rechazaban el poder de la Iglesia en el Estado. Así, España se vio reformada en el terreno político, religioso y social. Como consecuencia de ello, apareció la reacción de los terratenientes y de la Iglesia a los nuevos gobiernos que querían modernizar el país.

Además, los partidarios del Rey Don Carlos V alentaban la reinstauración de la totalidad de los fueros de los territorios de las zonas sublevadas (si bien existen discrepancias entre los historiadores respecto si la defensa de los fueros fue un rasgo característico del carlismo desde su origen o si se manifestó ya empezada la Primera Guerra Carlista), nótese que donde surgió por primera vez en Carlismo fue en Castilla, origen también de los Fueros a la española.

Así se conformó el ideario carlista: legitimidad dinástica, tradición católica, monarquía confederal y misionera con derechos forales para sus unidades políticas tradicionales (Reinos, Señoríos, Principados).

Su lema: Por Dios, por la Patria y el Rey.

Antecedentes

Ya durante el Trienio Liberal (1820-1823) había surgido un movimiento de carácter antiliberal y contrarrevolucionario como reacción a las políticas reformistas que se establecieron desde el poder y que tuvo continuidad en la denominada Guerra de los Agraviados de 1827. Sin embargo, el movimiento hundía sus bases ideológicas en el pensamiento español antiilustrado y antiliberal de autores como Fernando de Ceballos, Lorenzo Hervás y Panduro o Francisco Alvarado, enmarcados en una corriente europea de reacción contra el enciclopedismo y la Revolución Francesa.

Nacimiento

Fernando VII había quedado viudo por tercera vez, sin descendencia y contrajo un nuevo matrimonio con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias en 1829, habiendo designado como sucesor a su hermano Carlos María Isidro. Sin embargo, a finales de marzo de 1830, María Cristina quedó embarazada y ante la posibilidad de tener un heredero, el 31 de marzo de 1830 Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, la cual, aunque había sido aprobada por las Cortes el 30 de septiembre de 1789, en tiempos de Carlos IV, no se había hecho efectiva en aquella época por razones que requieren de remontarnos al fin de la Guerra de Sucesión para explicar:

Tras su victoria en la guerra de Sucesión al trono español, el rey Felipe V introdujo en el auto acordado de 10 de mayo de 1713, entre otras disposiciones, la ley semi-sálica en la sucesión al trono. Esta norma, inspirada en la costumbre francesa, es una variante de la ley sálica, la cual estipula la sucesión agnada, es decir, la exclusión de las mujeres de la sucesión al trono, excepto como esposas de un sucesor. La variante semi-sálica no las excluye completamente del trono, sino que da preferencia no solo a los hermanos menores, sino también a otros miembros varones de la familia directa que mantengan la legitimidad.

El 5 de mayo de 1789, seis meses después de la muerte de SMC Carlos III, fueron convocadas cortes generales del reino. El motivo era que los procuradores jurasen como heredero al infante don Fernando, hijo primogénito del rey, como demandaban las leyes. Las cortes se inauguraron el 19 de septiembre de dicho año, y concurrieron 37 procuradores municipales, 20 por Castilla y 17 por los reinos de la Corona de Aragón. Pedro Rodríguez, primer conde de Campomanes, como presidente del Consejo de Castilla, fue el rector de estas cortes. Interesa saber que Campomanes, déspota ilustrado de libro, combatió los privilegios gremiales y fue el principal impulsor de la expulsión de los jesuitas de los territorios de la corona y la incautación de sus bienes. Interesa también saber que poco después de estas cortes generales, fue desposeído de sus cargos por el rey por simpatizar con los principios de la revolución liberal francesa, siendo considerado comúnmente por la historiografía como uno de los primeros afrancesados. Resulta también fundamental recordar que el motivo de convocatoria de las cortes de 1789, y por el que tenían mandato los procuradores, era la jura del infante Fernando como heredero.

Una vez cumplido el trámite de jurar al infante Fernando como heredero, Campomanes presentó a las cortes en nombre del rey la proposición para derogar el auto acordado de 1713, retornando a la sucesión anterior. Las razones para esta proposición que se han sugerido son varias: el hecho de que Fernando tuviese varias hermanas mayores sin casar, o que la infanta Carlota estuviese casada con el heredero portugués, por lo cual remotamente podría venir la unión de ambos reinos en caso de fallecer los niños Fernando y Carlos, únicos hijos varones del rey. Sea como fuere, dado que esta modificación fundamental en las leyes de sucesión del reino no se hallaba en el orden del día, los procuradores no estaban facultados ni habían recibido mandato imperativo para tratarlo, por lo que el dictamen podía ser refutado de ilegalidad.

Añádase a esta ilegitimidad radical las sospechosas maneras en que se desenvolvieron estas cortes, que aconsejan no considerar sus dictámenes con la fuerza debida. Campomanes, con unas maneras absolutistas que degradan la gloriosa historia de las cortes hispanas, no solo presentó la petición real, sino que redactó él mismo el suplicatorio que debían haber confeccionado los procuradores, lo mandó leer y prohibió toda discusión, quitando la palabra a los miembros del consistorio y ordenando se pasara a votar directamente, resultando aprobada por una insólita unanimidad. ¿Cabe hablar de verdadero parlamentarismo tradicional en este caso? Todo el proceso de modificar la ley de sucesión fundamental del reino se despachó en menos de cuatro horas. Si consideramos además que Campomanes se negó a aceptar las peticiones de algunos procuradores a la corona (como estaban en su derecho a hacer), y que las cortes se disolvieron inesperada y tumultuosamente por su presidente el 17 de octubre, diez días después del asalto del palacio de Versalles por los parisinos, y por temor a que las agitaciones de los Estados Generales franceses pudieran trasladarse a las cortes españolas, tenemos un acabado cuadro de la arbitrariedad y desprecio con que los ministros absolutistas del rey trataron a la que estaba llamada a ser la más alta cámara legislativa del reino, y a la que el despotismo reinante en el siglo había degradado hasta extremos inimaginables.

Don Carlos María Isidro, hijo del rey, nació el 29 de marzo de 1788, es decir, más de un año antes de las cortes antedichas. Ni la legislación jurídica regular, ni ninguna cláusula especial del suplicatorio de las mismas, establece un principio de retroactividad en su disposición. Por tanto, la alteración de las leyes sucesorias solo hubiese afectado a los nacidos con posterioridad a las cortes.

Como ya dijimos, Campomanes fue destituido de sus cargos poco después por sus simpatías revolucionarias liberales. Las disposiciones de las cortes, para tener fuerza de ley, debían ser sancionadas y promulgadas por el monarca. De forma anómala e insólita en la historia de las cortes, SMC Carlos IV no firmó ni promulgó esta derogación del auto acordado de 1713. Se especula historiográficamente con la razón de esta no promulgación, que en ningún caso es casual, y se atribuye al miedo que el valido conde de Floridablanca tenía de que la modificación de las leyes sucesorias causara la indisposición de las cortes de Francia y Nápoles, adversas a esta modificación. No deja de ser una teoría, y cae a tierra cuando consideramos que SMC don Carlos IV gobernó por otros 21 años, durante los cuales la situación de las cortes internacionales cambió dramáticamente en varias ocasiones, y jamás promulgó dicho suplicatorio de modificación. ¿Acaso se había “olvidado” el rey de promulgar esta disposición de las cortes? Veremos que no, y que de hecho es más que probable que esa propuesta fuese inducida al rey por Campomanes, y que al caer en desgracia este por sus simpatías liberales, el rey decidiera desechar también su propuesta sucesoria.

El 15 de julio de 1805 mandó el rey D. Carlos IV que se publicara una recopilación de leyes de España, elaborada a su encargo por Juan de Reguera en 1804. Fue editada en 1806 y se convirtió en texto fundamental para el derecho español contemporáneo. En su libro III, que trata del rey y su casa real, se mantiene el orden sucesorio según las disposiciones del auto acordado de 1713, manteniendo la ley semi-sálica, y sin incorporar el suplicatorio de las cortes de 1789. ¿Qué mejor momento hubiese tenido el rey para promulgar dicho suplicatorio sino este, de hallarse en disposición de ánimo para modificar la ley del orden sucesorio? No hay otra conclusión posible que la de que SMC Carlos IV no deseaba modificar dicho orden, y que, por respeto a las cortes, no la desautorizó públicamente, limitándose a ejercer su prerrogativa de no dar cuerpo de ley a las peticiones de los procuradores, como era su derecho.

El 31 de marzo de 1830 decidió Fernando VII la publicación de la pragmática sanción del suplicatorio de las cortes de 1789, por la cual el hijo que su esposa María Cristina de Borbón-Dos Sicilias esperaba, fuese varón o mujer, reinaría con preeminencia sobre su hermano Carlos, con el cual la relación se había deteriorado, al haberse este (evidente heredero) alzado como estandarte de los apostólicos o realistas puros, frente a los pasteleos que el monarca ya estaba llevando a cabo con los elementos liberales y que conduciría a que los últimos gabinetes del rey estuvieran dirigidos por notorios liberales moderados. Sólo el rey que convoca cortes puede sancionar sus acuerdos, por lo que esta publicación extemporánea era ilegal. Únase la razonable objeción que se puede poner a la validez de una decisión adoptada 41 años antes en circunstancias distintas. Únase el sospechoso empeño de su padre de no publicar dicha modificación, que sólo puede interpretarse como rechazo a la misma. Tanto legal como sensatamente, lo lógico hubiese sido que Don Fernando VII convocase nuevas cortes con asunto tan importante para la nación como único punto de discusión (circunstancia que, recordemos, ya no se cumplió en las cortes de 1789). La razón por la que no se llevó a cabo esta providencia es muy simple: el rey sabía del poderoso apoyo popular con que contaba la filosofía monárquica tradicionalista que su hermano representaba, y no deseaba pasar por el trance de tener que ceder su deseo ante el de la nación representada en Cortes.

Con todo, ésto no detuvo las ansias de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias de ver coronado a su futuro vástago, nace el 10 de octubre de 1930 María Isabel Luisa de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (mal llamada "Isabel II") y la masonería europea dispondría de medios económicos, materiales y humanos para sostener la Regencia en que se autoproclamaría María Cristina el 29 de Septiembre de 1833 al contar su hija casi tres años, a la muerte de su marido el rey Fernando VII; todo a cambio de la irrupción de la Revolución Liberal en España.

Don Carlos María Isidro fue proclamado Rey de las Españas como Carlos V en Talavera de la Reina el 3 de Octubre de 1833. A ésto respondió la autoproclamada "regencia de Maria Cristina" tomando las armas contra el Rey Legítimo y sus partidarios, dando comienzo a la que se vendría a llamar 1ª Guerra Carlista.

Guerras carlistas

En el siglo XIX se produjeron varias rebeliones de los carlistas contra la usurpación de Isabel "II" y sucesivos, denominadas en aquella época guerras civiles. Al producirse la Cruzada de Liberación en 1936, se hizo habitual designar como guerras carlistas a las del siglo XIX, y reservar el término Guerra Civil para la de Guerra Civil Española.

Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Fue la más violenta y dramática, con casi 200.000 muertos. Los primeros levantamientos en apoyo de Carlos V, ocurrieron a los pocos días de la muerte de Fernando VII, pero fueron sofocados con facilidad en todas partes salvo en las Vascongadas, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Se trataba sobre todo de una guerra civil, sin embargo tuvo su impacto en el exterior: los países absolutistas (Imperio Austríaco, Imperio Ruso y Prusia) y el Papado apoyaban aparentemente a los carlistas, mientras que el Reino Unido, Francia y Portugal apoyaban a Isabel II, lo que se tradujo en la firma del Tratado de la Cuádruple Alianza en 1834.

Ambos bandos contaron con grandes generales (Zumalacárregui y Cabrera en el bando carlista, y Espartero en el bando isabelino, lo que se tradujo en un conflicto arduo y prolongado). Pero el agotamiento carlista llevó a que una parte de ellos, los Moderados dirigidos por el general Maroto se dividieran y buscasen un acuerdo con el enemigo.

Las negociaciones entre Maroto y Espartero culminaron en el Acuerdo de Vergara en 1839 que marcaba el fin de la guerra en el norte del país. Sin embargo, Cabrera resistió en el Levante casi un año más.

Segunda Guerra Carlista (1849-1860)

No fue tan dramática como la primera y tuvo un impacto mucho menor. El conflicto se prolongó de forma discontinua entre 1849 y 1860. Su principal campo de batalla fueron las zonas rurales de Cataluña, aunque hubo algunos episodios en Aragón, Navarra y Guipúzcoa. En 1845 el Infante don Carlos había abdicado en favor de su hijo Carlos Luis de Borbón, conde de Montemolín, que toma el nombre de Carlos VI, como pretendiente a la corona. Al mando del general Cabrera, la contienda se caracteriza por acciones guerrilleras que no consiguen resultado, haciendo que Cabrera tenga que cruzar la frontera, si bien algunos focos resistieron hasta 1860 en acciones más propias del bandolerismo.

Tercera Guerra Carlista (1872-1876)

La tercera guerra carlista se inició con el levantamiento armado de los partidarios de Carlos VII (en 1868 el pretendiente publicó un manifiesto en el que exponía sus ideas, entre ellas la de constituir unas Cortes de estructura tradicional y promulgar una Constitución o carta otorgada, así como realizar una política económica proteccionista) sobre la monarquía de Amadeo "I" y después contra Alfonso "XII", hijo de Isabel "II" con el militar Enrique Puigmoltó (y por tanto, hijo ilegítimo y dos veces privado de derechos sucesorios), proclamado rey por el general Arsenio Martínez Campos en Sagunto, lo que supone un flagrante contrafuero que se vería repetido por el General Franco casi un siglo después al hacer sucesor suyo a título de rey a Alfonso (Juan Carlos) Puigmoltó ("Borbón"), perjuro esclavo de la masonería.

Los principales escenarios de conflicto de esta guerra fueron las zonas rurales de las Vascongadas, Navarra y Cataluña, y con menor repercusión en zonas como Aragón, Valencia y Castilla.

Este nuevo conflicto fue uno de los factores que desestabilizaron la monarquía constitucional de Amadeo "I" y de la I República.

La guerra finalizó en 1876 con la conquista de Estella, la capital carlista y la huida a Francia del reclamante. Hubo algunos intentos posteriores de sublevación, aprovechando el descontento por la pérdida de las posesiones ultramarinas en 1898, pero no tuvieron éxito.

Del fin de las guerras carlistas a la guerra civil

Carlos VII

En 1879 Cándido Nocedal, como representante del reclamante en España, reorganizó el carlismo enfatizando su carácter de movimiento católico y apoyándose en una red de periódicos afines que efecturaron una política muy agresiva, lo cual le enfrentó con sectores carlistas que formaron la Unión Católica, grupo dirigido por Alejandro Pidal, que acabó uniéndose con los conservadores de Antonio Cánovas del Castillo.

Tras la muerte de Cándido Nocedal el reclamante asumió la dirección del partido para evitar enfrentamientos, pero en 1888 acabó expulsando a Ramón Nocedal, hijo de Cándido y heredero de su pensamiento, que creó un partido integrista, de pequeño tamaño pero con mucha influencia en círculos radicales, el Partido Católico Nacional. A partir de 1890 el Marqués de Cerralbo estuvo al frente del carlismo, reconstruyéndolo como un moderno partido de masas, centrado en asambleas locales, llamadas círculos, que llegaron a ser cientos en toda España y con más de 30.000 asociados en 1896. Esas asambleas fueron copiadas por otras fuerzas políticas; además de la actividad política, realizaban acciones sociales, lo que llevó al carlismo a una participación activa de oposición al sistema político de la Restauración como Comunión Tradicionalista. Esta formación conseguiría 5 diputados en 1891, 7 en 1893, 10 en 1896, 6 en 1898, 2 en 1899, participando en coaliciones como Solidaritat Catalana en 1907, junto con regionalistas y republicanos.

A partir de 1893 Juan Vázquez de Mella se convierte en el líder parlamentario y principal ideólogo del carlismo, secundado por Víctor Pradera; ambos tuvieron una amplia influencia en el pensamiento conservador español.

En 1895, Sabino Arana y su hermano, degeneran desde el carlismo hasta el nacionalismo vasco, reclamando los fueros de los territorios vascos, fundando el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Con la pérdida de las colonias en 1898 los carlistas sopesan una acción insurreccional que no llegó a producirse, aunque en octubre de 1900 se levantaron algunas partidas en Badalona sin autorización de los jefes carlistas. Ello llevó al carlismo a una crisis y al cierre de círculos y publicaciones por parte de las autoridades. El representante del reclamante desde 1898, Matías Barrio Mier, se dedicó a reconstruir el movimiento, potenció las juventudes del mismo. En las elecciones de 1901 el carlismo consiguió 6 diputados, 7 en 1903, 4 en 1905 y 14 en 1907 gracias a la participación en Solidaritat Catalana.

Jaime III

El 18 de julio de 1909 muere el Rey Carlos VII y será su hijo Jaime de Borbón, con el nombre de Jaime III, quien asume la titularidad de la Dinastía Legítima. Bartolomé Feliú fue su representante en España hasta 1912 y Juan Vázquez de Mella el encargado de la secretaría política del carlismo, a pesar de las malas relaciones entre él y el reclamante.

En 1910 los carlistas ocuparon 4 escaños y en 1914 quedaron reducidos a tan sólo 2. Entre 1912 y 1918 una junta presidida por el marqués de Cerralbo ostentó la jefatura del partido. En 1913 comenzó a organizarse el requeté como la organización paramilitar del partido.

Durante la Primera Guerra Mundial Jaime vivió bajo arresto domiciliario en el Imperio Austrohúngaro por su apoyo a Francia y a los aliados, sin casi comunicación con la dirección política carlista en España, que seguía encabezando Vázquez de Mella, con un carácter germanófilo. Tras la derrota de los imperios centrales, Vázquez de Mella, Cerralbo, Pradera y otros líderes carlistas, conocidos como mellistas, dejaron el partido en 1919 y se organizaron en el Partido Católico Tradicionalista.

Los carlistas bajo el liderato directo del reclamante evolucionaron hacia posturas socializantes de izquierda, llegando incluso Jaime III a definirse como socialista, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia Católica, renovando su foralismo en clave confederal. En 1919 los carlistas consiguieron 3 escaños en el Congreso. En 1919 el carlismo tuvo un importante papel en la fundación de los Sindicatos Libres (sindicalismo católico).

El carlismo mantuvo una relación ambigua bajo el gobierno de Miguel Primo de Rivera hasta 1925, cuando el reclamante publicó un manifiesto contra la dictadura, sucediéndose un período de represión de sus actividades por parte del régimen, del que tan sólo se recuperó en 1930 con la presentación de proyectos de Estatuto para Cataluña en 1930 y el Estatuto de Estella (Navarra y País Vasco) de 1931. Al tiempo, miembros de las otras familias carlistas colaboraron con el gobierno, como Víctor Pradera, líder de la Unión Patriótica.

El carlismo llegaba muy debilitado al comienzo del periodo de la Segunda República Española. Desde 1931 adoptó una posición definida contra la Segunda República, formando una alianza electoral con el PNV, la Lliga Regionalista y pequeños partidos de la derecha, consiguiendo 7 diputados en las Cortes Constituyentes. El pretendiente Jaime celebró conversaciones con Alfonso XIII para la reunificación de sus ramas de la casa de Borbón, con la propuesta de establecer a Jaime como jefe de la casa de Borbón a cambio de que nombrara heredero al infante Juan de Borbón y Battenberg, hijo de Alfonso XIII. Las negociaciones terminaron bruscamente con la muerte de Jaime a consecuencia de una caída de caballo el 2 de octubre de 1931.

Alfonso Carlos I

El único heredero directo era Alfonso Carlos de Borbón, hermano de Carlos VII, de 82 años, que tomó el nombre de Alfonso Carlos I en memoria de su hermano y reorganizó el movimiento carlista como Comunión Tradicionalista, adoptando nuevamente posturas ideológicas integristas, propiciando la vuelta de los mellistas y a la que se unieron otros movimientos católicos que temían una república laica. De esta forma el carlismo entró en una fase de expansión, aumentando la actividad y el número de los círculos o creándose secciones femeninas (las Margaritas). Comunión Tradicionalista tuvo un importante respaldo en el País Vasco, Navarra, Cataluña y también en Andalucía, donde destacó rápidamente el integrista Manuel Fal Conde.

Los carlistas apoyaron el intento de golpe de estado del general José Sanjurjo el 10 de agosto de 1932 y sus juventudes tuvieron serios enfrentamientos con los partidos de la izquierda. Además, a pesar de su apoyo inicial al Estatuto de Cataluña acabaron por oponerse a él, lo que acabó con la relación con la Lliga, y posteriormente con el PNV cuando los carlistas de Álava se opusieron al estatuto vasco.

En las elecciones legislativas de 1933 participaron dentro de las candidaturas de derechas, consiguiendo 21 diputados, pero la alianza radical-cedista empujó a Comunión Tradicionalista a una posición de extrema derecha, provocando la radicalización de sus bases. A partir de los sucesos de octubre de 1934, los carlistas pasaron a la conspiración y a la acción directa en contra de la Segunda República Española.

Un pequeño número de carlistas, conocido como Núcleo de la Lealtad, designó a Carlos de Habsburgo-Lorena como sucesor de Alfonso Carlos, lo que fue desautorizado por éste, nombrando regente a Javier de Borbón-Parma en enero de 1936.

Guerra civil española

(Artículo principal: Guerra Civil Española)

En las elecciones de febrero de 1936 los carlistas consiguieron 10 escaños en las candidaturas de la derecha. Los carlistas rompieron con los alfonsinos en abril de 1936 y prepararon su propio levantamento armado contra la República, bajo la dirección del abogado sevillano Manuel Fal Conde, que había conseguido aumentar espectacularmente la influencia del carlismo en Andalucía, y de José Luis Zamanillo, delegado nacional del Requeté (brazo armado del carlismo), que habían formado la Junta Suprema Militar Carlista. Sin embargo, tras largas negociaciones acabaron sumándose al que preparaba el ejército y que daría lugar a la Guerra Civil española, en la que participaron unidades de voluntarios carlistas, agrupados en Tercios de Requetés, los cuáles tuvieron una actividad destacada y su participación determinante para el desarrollo de la guerra. Bajo el mando del general Emilio Mola formaron una columna que trató de tomar Madrid, no siendo detenida hasta el puerto de Navacerrada. Sin embargo, ya desde el comienzo de la guerra los carlistas, y en especial su líder Manuel Fal Conde, tuvieron serias divergencias con la jefatura de la sublevación.

A la muerte del pretendiente Alfonso Carlos el 29 de septiembre de 1936 Javier de Borbón-Parma asumió la regencia, tal como había dispuesto el pretendiente. El Decreto de Unificación impuesto por Franco en abril de 1937 con la Falange Española, en contra de la opinión de Fal Conde y del regente, contó con el apoyo del carlismo navarro y de parte del vasco. El regente expulsó de Comunión Tradicionalista a los que aceptaron puestos en el nuevo partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y tras una entrevista con Francisco Franco fue expulsado de España, estableciéndose en Francia.

La unificación terminó con el carlismo como partido, aunque no como fuerza política, y aunque perdió sus periódicos y edificios, mantuvo una cierta influencia en el gobierno franquista, a través del Ministro de Justicia, elegido entre los carlistas, al tiempo que los carlistas manifestaban su disgusto con la ideología parafascista que predominaba en la FET y de las JONS. Con la ocupación alemana de Francia los alemanes detuvieron al regente Javier de Borbón-Parma y lo trasladaron al campo de prisioneros de Natzweiler y luego, ante el avance de los aliados, al de Dachau hasta su liberación.

El carlismo durante el franquismo

Durante el franquismo una buena parte de los carlistas permanecieron en la FET y de las JONS o dejaron de tener actividad política. Paralelamente aumentaron las disidencias dentro del carlismo. En 1943 el grupo heredero del Núcleo de la Lealtad (o carlo-octavistas) encabezados por Jesús de Cora, y con cierto apoyo dentro del régimen franquista, reconoció a Carlos de Habsburgo-Lorena como rey con el nombre de Carlos VIII y en 1948, el conde de Rodezno, a la cabeza de un pequeño número de dirigentes carlistas, reconocieron a Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, como rey. Javier de Borbón-Parma regresó en diversos momentos a España, siendo en todas ellas expulsado por las autoridades franquistas por su actividad política.

En 1949, el jefe del carlismo en Cataluña, Mauricio de Sivatte fue expulsado por discrepancias con Don Javier (le reprochaba no decidirse a asumir el título de rey, por esperar este nombramiento del General Franco). Finalmente en 1952, don Javier asume formalmente la sucesión de Alfonso Carlos debido a las presiones de los dirigentes del carlismo para poner fin a la regencia, proclamándose rey con el nombre de Javier I. A partir de 1955 con el cese de Fal Conde y la asunción de la jefatura carlista por Javier, se nombra una junta presidida por José María Valiente, que realizó una política de no enfrentamiento con el régimen. El 20 de diciembre de 1957 unos 50 dirigentes carlistas, dirigidos por Luis Arellano y José María Arauz de Robles, visitaron a Juan de Borbón en Estoril para reconocerlo como rey.

En 1958 Mauricio de Sivatte, expulsado del carlismo años antes, estableció un grupo bajo el nombre de Regencia Nacional y Carlista de Estella (RENACE) de carácter antifranquista y tradicionalista. Sivatte consiguió arrastrar inicialmente a gran parte de los carlistas catalanes, pero casi todos sus partidarios lo abandonaron en 1964 para volver a reintegrarse en el Partido Carlista que lideraban Don Javier y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma.

En la década de 1960 comenzó una etapa de honda renovación ideológica del Partido Carlista, impulsada por la organización universitaria AET y la obrera MOT con el apoyo del Rey Don Javier. Se gesta así un giro hacia la izquierda que se vio refrendado por el ascenso de José María de Zavala a la secretaria general del carlismo en 1966.

En 1968 el régimen franquista expulsó a Carlos Hugo y a Javier de España y en 1971 la junta de gobierno del carlismo reconoció abiertamente su oposición al régimen franquista e incluso hubo intentos de lucha armada dentro del movimiento carlista protagonizados por los Grupos de Acción Carlista (GAC). En el congreso federal de 1972, el Partido Carlista se definió como un partido de masas, de clase, democrático, socialista y monárquico federal. Poco después de que el pretendiente sufriera un accidente de automóvil, éste otorgó plenos poderes a su hijo, Carlos Hugo de Borbón-Parma, para dirigir el partido, y el 20 de abril de 1975 abdicó en él. Durante estos años, el Secretario Federal de Organización del Partido Carlista fue el periodista Carlos Carnicero.

El sector tradicionalista del carlismo encabezado por Raimundo de Miguel, Juan Sáenz-Díez y José Arturo Márquez de Prado no reconoció a Carlos Hugo como rey y en julio de 1975 se separó formalmente del Partido Carlista reactivando la Comunión Tradicionalista, con fuerza en Sevilla, pero que no pudo atraerse a los sectores tradicionalistas escindidos del carlismo con anterioridad, como la RENACE. Otra parte de los carlistas disconformes con la postura de Carlos Hugo formaron partidos como la Unión Nacional Española, Partido Social Regionalista (Unión Institucional) o se integraron en partidos franquistas como Fuerza Nueva.

El carlismo en la actualidad

Tras la muerte de Franco, el príncipe Sixto de Borbón, hermano de Carlos Hugo, apoyado por elementos de origen franquista, intentó organizar un carlismo de extrema derecha alternativo al Partido Carlista, con una fuerte colaboración de Fuerza Nueva, llegando sus seguidores a realizar un atentado contra los carlistas fieles a Carlos Hugo en la concentración anual del carlismo en Montejurra en 1976, en lo que comúnmente se denominó como los "sucesos de Montejurra" y que se saldaron con la muerte a balazos de dos carlistas (Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos) y varios heridos. Los responsables de estos hechos se beneficiaron de la amnistía de 1977 y quedó extinguida su responsabilidad penal.

A la llegada de la transición, el Partido Carlista, que tenía 8.500 militantes en 1977, no pudo participar en las primeras elecciones al parlamento español, por no llegarle el reconocimiento a tiempo, lo que no impidió que pidiera el voto positivo para la Constitución de 1978. Sin embargo, una parte importante de los militantes y simpatizantes del partido optaron por entrar en movimientos nacionalistas y regionalistas de izquierdas. Carlos Hugo dimitió de sus cargos y pidió la baja en el Partido Carlista en 1980, aunque sin renunciar a sus derechos dinásticos a la corona de España.

Los elementos tradicionalistas del carlismo se reorganizaron en el "Congreso de la Unidad Carlista" celebrado en 1986 en San Lorenzo de El Escorial refundando la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) que se proclama heredera y continuadora de la historia, doctrina y pensamiento monárquico y político del carlismo. Esta formación, que actualmente no reconoce a ningún pretendiente, CTC concurrió a las elecciones al Parlamento Europeo de 1994, obteniendo en toda España 5.226 votos (0,03%), y obtuvo 25.000 votos en toda España en sus candidaturas al Senado en 2004 y 45.000 votos en sus candidaturas al Senado en las elecciones generales de 2008 también en toda España.

El carlismo de izquierdas continuó electoralmente con el Partido Carlista al que está federado en Navarra y País Vasco el Partido Carlista de Euskalherria / Euskal-Herriko Karlista Alderdia (EKA), inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas, del Ministerio del Interior, que aprobó sus Estatutos el 21 de julio de 2000 (Tomo IV, Folio 334), con el lema "Libertad, Socialismo, Federalismo y Autogestión". Inicialmente fue denominado por influencia de la terminología aranista "Euskadiko Karlista Alderdia". Sigue celebrando todos los años el acto de Montejurra el primer domingo de mayo. En el año 2000 comenzó un proceso de reconstrucción del partido y se presentó a las elecciones municipales de 2003 en varios municipios navarros, obteniendo representación en unos pocos ayuntamientos.

De forma independiente, si bien leal a Sixto de Borbón, opera en Asturias el Círculo Tradicionalista Pedro Menéndez de Avilés de cariz ultracatólico.

Símbolos

Referencias

  1. ↑ Ayuso Torres, Miguel (2011). Fundación Elías de Tejada (ed.). A los 175 años del carlismo: una revisión de la tradición política hispánica, Itinerarios, pp. 20.
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