Víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española

Ruinas de la Iglesia del Colegio de las Escuelas Pías de San Fernando, en el popular barrio de Lavapiés, en Madrid. El edificio fue incendiado y destruido al comienzo de la Guerra Civil Española en 1936.

El fenómeno de las víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española comprende a miles de personas, religiosos y laicos, que forman parte del conjunto más amplio de Víctimas de la represión en la zona republicana e incluye también la destrucción de patrimonio artístico religioso y documental. Entre estas personas se encontraron numerosos religiosos pertenecientes al clero secular, órdenes, congregaciones y distintas organizaciones dependientes de la Iglesia Católica española que sufrieron actos de violencia que culminaron en miles de asesinatos, alcanzando las dimensiones de un fenómeno de persecución en las áreas de control republicano.

Historia

Esta violencia no sólo se manifestó en contra de los derechos fundamentales de miles de personas, muchas de las cuales fueron asesinadas —algunas, incluso, tras sufrir tortura—, sino que también se ejerció de manera sistemática contra aquellos bienes y objetos considerados símbolos de la religiosidad, dañando o destruyendo gran parte del patrimonio arquitectónico, artístico y documental.

Citado como referencia en numerosas otras obras, un detallado estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno, identificó a un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas.

La Iglesia Católica, considerando que muchas de estas víctimas lo fueron como consecuencia de su fe, las definió como mártires. Esta denominación de carácter religioso fue también adoptada posteriormente, por el franquismo, haciéndola extensiva a todas las víctimas afines a su causa, quienes fueron llamadas mártires de la Cruzada o mártires de la Guerra Civil.

Aunque reclamado por el régimen franquista y a pesar de su estrecha relación con la Iglesia Católica, no fue hasta después de la Transición Española, que el Vaticano, durante el papado de Juan Pablo II y tras la modificación en 1983 del Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorumel Código de Derecho Canónico aplicable y vigente hasta entonces, que establecía un plazo mínimo de cincuenta años antes de presentar los procesos en Roma, impulsó numerosas causas de beatificación y canonización, generando un polémico debate entre distintos sectores de la sociedad española, que desembocaron a partir de 1987 en las primeras ceremonias.

En el contexto de la controvertida iniciativa del Gobierno español presidido por el marxista José Luis Rodríguez Zapatero sobre la revanchista y vergonzosa Ley de Memoria Histórica, el Vaticano, prosiguiendo con las causas de beatificación que comenzaron a abrirse más de veinte años antes, anunció una masiva ceremonia de declaración de beatos mártires prevista para el otoño de 2007.

Antecedentes de Anticlericalismo

(Artículos principales: Quema de conventos de 1931 en España, Quema de conventos de 1934 en España y Anticlericalismo)

A lo largo de la historia contemporánea de España anterior a la guerra civil de 1936, la violencia ejercida en contra de las personas relacionadas con la Iglesia Católica, los símbolos de su religión o sus intereses, ha sido estudiada por su carácter recurrente y prolongado en el tiempo como uno de los rasgos más destacados del anticlericalismo español, que surgido en el ideario político liberal, luego sería retomado por las corrientes republicanas más radicales y del movimiento obrero. Los asesinatos en el bienio de 1822-1823 (durante el Trienio Liberal), la matanza de sacerdotes en Madrid de 1834 (durante la Primera Guerra Carlista) y luego, durante las otras Guerras Carlistas o los episodios de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 son los ejemplos de violencia más significativos del periodo anterior al establecimiento de la Segunda República, y muestran la existencia de un significativo sentimiento anticlerical en algunos sectores la sociedad española.

Los medios de comunicación y el discurso de los políticos, generalmente desde los movimientos obreros y el republicanismo, pero también desde algunas posiciones reformistas del propio movimiento monárquico, justificaban e incluso alentaban la hostilidad de las clases populares hacia la Iglesia y su jerarquía.

Madrid, mayo de 1931: incendio del Convento de las Maravillas, en Calle de Bravo Murillo.

Durante la campaña electoral para las elecciones municipales de abril de 1931, que llevaría al cambio de régimen en España, y a pesar de la presencia de católicos como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura en las filas republicanas, buena parte de los miembros de la Iglesia vincularon la doctrina católica con la del ideario de los partidos monárquicos pero tras la derrota de estos y en los días posteriores inmediatos a la proclamación de la Segunda República, la jerarquía católica, a pesar de sus reticencias iniciales, justificadas en que el gobierno se llamaba a sí mismo "provisional" y en que el rey no había abdicado, terminó por acatar formalmente la forma del nuevo régimen. Así, ésta línea de actuación se pudo constatar en las instrucciones que los distintos obispados transmitieron a los sacerdotes para que no intervinieran en cuestiones políticas, como reflejó la nota del obispado de Gerona del 18 de abril en el boletín de la diócesis:

1º Procuren los reverendos sacerdotes no mezclarse en contiendas políticas, a tenor de los sagrados cánones.

2º Permanezca cada uno en su puesto, cumpliendo celosamente las funciones propias de su cargo; y en cuanto a la predicación, eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de cosas, desempeñando ese importante ministerio con la más exquisita prudencia.

3º Guarden con las autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas, por los medios que les son propios, en la prosecución de sus nobles fines.

El cardenal primado, Pedro Segura declaró a las pocas semanas que "monarquía y república caben en la doctrina católica" y en una pastoral fechada el 30 de abril de 1931, aconsejó a los monárquicos "discutir noblemente cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra noble nación".

Sin embargo, a medida que se fueron conociendo los planes de actuación del nuevo Gobierno, en el mes de mayo de 1931, la prensa madrileña reflejó la división de opiniones en el seno de los sectores católicos, divididos entre los que desde las posiciones más "integristas" o "rupturistas", encabezada entre otros por el cardenal primado Segura mantenían la identificación del catolicismo con la monarquía, y los que aceptaban la República según la posición llamada "vaticana", que aunque conservadora, abogaba por posturas legalista y conciliadoras.

Segura decidió expresar su posición publicando el 7 de mayo en la prensa una carta pastoral, la primera publicada por un cardenal desde el 14 de abril, en la que denunciaba los planes del nuevo régimen, al que comparaba con el bolchevique, para realizar "ataques a los derechos de la Iglesia", como el matrimonio civil o el divorcio, que el hispanista Gabriel Jackson comentaba del siguiente modo:

"Fue la primera declaración pública del cardenal desde la proclamación de la República. En ella se refería repetidas veces a las graves amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas régimen, deseaba expresar la gratitud a S.M.[...] Recordó el ejemplo de Baviera en 1919, durante el Levantamiento Espartaquista (Ver: República Soviética de Baviera), cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por analogía, que el gobierno provisional de la República era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara. Por ataques a los derechos de la Iglesia, el cardenal entendía la bien conocida determinación del nuevo régimen de separar la iglesia del Estado, organizar un sistema de enseñanza laica e introducir el matrimonio civil y el divorcio."

—Gabriel Jackson; 48

Al día siguiente, Segura prosiguió, ignorando los consejos de moderación de la Secretaría de Estado del Vaticano, enviando una circular interna en la que instaba a los religiosos a retirar los fondos de sus cuentas bancarias del país y depositarlos en el extranjero, acción que en caso de producirse, contravendría las disposiciones en contra de la fuga de capitales adoptadas por el Gobierno provisional. La respuesta del ministro de la Gobernación, el católico Miguel Maura, a ambos escritos fue la de decretar la expulsión del país del cardenal, hecho que no se completó hasta varias semanas más tarde. La actitud del sector "integrista" fue entonces considerada como una provocación, contribuyendo a avivar el sentimiento anticlerical que surgiría en los episodios del 10 de mayo de 1931 en Madrid.

La iglesia de Santa Teresa de Jesús y convento de los Padres Carmelitas Descalzos, en Madrid, fue uno de los edificios religiosos incendiados el 11 de mayo de 1931.

Aquella jornada dominical, tras una reunión de personas derechistas en la inauguración del Círculo Monárquico Independiente, fue colocado un altavoz en el que podía oírse la Marcha Real, en la calle de Alcalá de Madrid, cuando numerosos ciudadanos regresaban del tradicional paseo por El Retiro. El enfrentamiento entre los asistentes al acto monárquico y los ciudadanos que les recriminaban su actitud fue aprovechado por simpatizantes de la extrema izquierda, que habían planificado actos de protesta con motivo de la reunión derechista, para provocar disturbios violentos en la proximidad de edificios de filiación manárquica, como en la sede del diario ABC, donde la Guardia Civil pudo controlarlos, pero en los que resultaron muertas dos personas, un niño de 13 años y el portero de una finca, primeras víctimas mortales tras la proclamación pacífica de la República en abril.

Al día siguiente, las protestas, que habían concentrado a 5.000 personas en la Puerta del Sol en contra del ministro de Gobernación y de las fuerzas de orden, se reanudaron pero esta vez, con la convocatoria de una huelga general por parte de la Confederación Nacional del Trabajo y del Partido Comunista de España, pero sin el apoyo del sindicato ni del partido socialista, en la que se incrementó el carácter violento anticlerical resultando incendiadas varias iglesias (Ver: Quema de conventos de 1931 en España), colegios religiosos y conventos sin que el Gobierno, entonces dividido, decidiera usar la fuerza para evitarlo. Los destrozos se extendieron a otras ciudades en la jornada del 11 de mayo, como Málaga, donde ardió el palacio episcopal, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Murcia o Valencia, provocando el pánico entre frailes y monjas. Para cuando se hubo controlado la situación, el día 15 de mayo, un centenar de edificios habían sido afectados por los incendios provocados.

El episodio trajo a la memoria los acontecimientos anteriores de la Semana Trágica de 1909, mucho más graves en cuanto a daños personales y materiales, pero que por su proximidad a la fecha de proclamación de la República, fue posteriormente utilizado por los medios de propaganda como referencia temporal y justificación de la causa del bando vencedor, como recordaban las palabras de un sacerdote:

"Fue a partir de aquel día cuando comprendí que nada se conseguiría por medios legales, que para salvarnos tendríamos que sublevarnos antes o después."

—Testimonio de Alejandro Martí, recopilado por Roland Fraser en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, v. II, pg. 322-327. Citado en (Casanova 2005; 34)

Pocas semanas después de los disturbios anticlericales, la definitiva expulsión de Segura tras su arresto el 11 de junio en Pastrana, perpetuado por unas célebres imágenes tomadas por los reporteros gráficos que cubrían el evento, sirvió para acrecentar el cruce de acusaciones y caldear aún más el clima de tensión social generado, si bien la Santa Sede anunció la renuncia a la sede primada de Toledo del cardenal Segura el 30 de septiembre de 1931.

En los meses que siguieron, durante los debates de ponencia de la nueva Constitución se plasmó nuevamente la divergencia entre los sectores católicos, una parte de ellos representados desde abril por la asociación Acción Nacional, que iría aumentando progresivamente su influencia en la escena política, y los republicanos laicistas. La Constitución estipulaba, en su artículo 26, párrafo 3, la separación entre Iglesia y Estado y el sometimiento de las órdenes religiosas "que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado" (en referencia a su obediencia al Vaticano), a un Estatuto especial por el que se les prohibía la enseñanza. También se contemplaba la finalización de las partidas del presupuesto del Estado correspondientes a Culto y Clero, extinguiendo la vía pública de financiación de la Iglesia Católica.

En un parlamento en el que, en virtud de la ley electoral, la conjunción republicano-socialista había obtenido una holgada mayoría parlamentaria, tras las elecciones de junio de 1931, el artículo 26 fue aprobado con 178 votos a favor y 59 en contra, pero sumó numerosas abstenciones y provocó la retirada de 42 diputados de los partidos agrarios y de los representantes vasconavarros. Las disposiciones constitucionales, una vez aprobado el texto el 9 de diciembre de 1931, llevaron a la disolución en el país de la Compañía de Jesús, el 24 de enero de 1932, lo que provocó que la mayoría de los jesuitas partiera al exilio.

En las postrimerías del bienio reformista, el 17 de mayo de 1933, el gobierno aprobó la controvertida Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, aprobada por las Cortes el 2 de junio de 1933, y reglamentada por un Decreto de 27 de julio por la que se desarrollaba el carácter laico del Estado según estipulaba la Constitución. La ley confirmaba la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, a la vez que se declararon de propiedad pública los monasterios e iglesias.

Sin embargo, la ley que afectaba a la escolarización de más de 350.000 alumnos en un país donde el 40% de la población era analfabeta, fue en la práctica suspendida por la imposibilidad del Gobierno de izquierdas, derrotado en las elecciones del mes de noviembre, de construir el número suficiente de escuelas primarias en sustitución de las dependientes de la Iglesia.

La respuesta a todas estas actuaciones del Gobierno de izquierdas se plasmó en múltiples reacciones de los sectores católicos: el arzobispo de Tarragona y cardenal Francisco Vidal y Barraquer, más tarde salvado de la persecución por el Gobierno catalán, firmo una carta episcopal (25 de mayo de 1933), por la que se condenaba lo que calificaba de injerencia gubernamental y se llamaba a la movilización política de los católicos contra todo lo que amenazara a los derechos integrales de la Iglesia. Enrique Herrera Oria, dirigente de la Federación de Amigos de la Enseñanza definió la Ley como "de la guerra civil de la cultura", mientras que desde el carlismo, Manuel Fal Conde consideraba que los católicos debían defenderse "con su sangre incluso".

Por su parte, el 3 de junio, el papa Pío XI, quien el 12 de abril de 1933 nombró a Isidro Gomá, obispo de Tarazona, nuevo cardenal primado de España, dedicó expresamente la encíclica Dilectísima Nobis a "condenar el espíritu anticristiano del régimen español", afirmando que la Ley de Congregaciones "nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia" y animando a la unión de los católicos contra la República:

"...ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil."

—Gil Pecharromán, "La cuestión religiosa"

La movilización religiosa del electorado, que en estas elecciones tuvo una candidatura única a la que votar, tras una dura campaña en la que los medios de extrema izquierda acentuaron la sensación de amenaza del "fascismo", fue una de las causas de la recuperación de la derecha no republicana en las elecciones de noviembre de 1933 que permitieron la formación de un nuevo Gobierno de carácter conservador que iniciaría una etapa de revisión de las decisiones tomadas durante el bienio precedente.

El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección marxista. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón y resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias (Ver: Quema de conventos de 1934 en España), el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral, que fue gravemente dañada por una explosión, además de contabilizarse la pérdida del patrimonio documental del seminario, hechos que no habían acontecido en el país desde las matanzas de Madrid y Barcelona de 1834 y 1835.

Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó el castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.

La Guerra Civil

(Artículo principal: Guerra Civil Española)

Represión en el bando republicano

Barcelona, 1936: momias de las monjas del Convento de las Salesas, profanadas y expuestas.

(Artículos principales: Víctimas de la represión en la zona republicana y Terror rojo en España)

El colapso del sistema legal republicano y de poder estatal en los días siguientes al Pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 del 18 de julio de 1936, junto a la decisión tomada de facilitar armamento a los civiles, facilitaron el estallido de la revolución durante la cual milicias y tribunales rojos se hicieron rápidamente con el control de las ciudades, pueblos y aldeas de la zona republicana en sustitución del Gobierno, que no pudo reaccionar y recuperar la autoridad hasta varios meses más tarde.

La Revolución fue acompañada en los primeros meses por una escalada de terror anticlerical (Ver: Terror rojo en España) que sólo entre el 18 y el 31 de julio, causó la muerte a 839 religiosos, prosiguiendo durante el mes de agosto con otras 2.055 víctimas, incluyendo a 10 de los 13 obispos asesinados en el total de la guerra, es decir, un 42% del total de víctimas registradas.

Los asesinatos de religiosos y la destrucción de edificios de culto sucedieron inmediatamente a las noticias de la insurrección sin que en ocasiones quedara claro que bando se haría con el control definitivo de la localidad. Así, el 20 de julio murieron frailes carmelitas en Barcelona, en medio del enfrentamiento entre un regimiento del Ejército, que se hallaba atrincherado en el convento, con la milicias revolucionarias y las fuerzas de orden público leales a la República, mientras que en Sevilla las iglesias ardían la misma tarde del 18 de julio resultando muertos el párroco de la barriada obrera de San Jerónimo y un salesiano vestido de civil, cuyo cadáver fue arrojado a la iglesia en llamas de San Marcos.

La mayoría de las víctimas asesinadas fueron parte del clero masculino y por fusilamiento en los llamados paseos, nombre eufemístico con el que se conoció al procedimiento y aplicación arbitraria del asesinato político, sin ningún tipo de juicio o tribunal previo. A imagen de otros numerosos episodios de brutalidad en ambos bandos, hubo casos en que las víctimas sufrieron torturas y otros abusos antes de morir, como los casos de Carmen García Moyón, muerta tras ser quemada viva en Torrente el 30 de enero de 1937, Plácido García Gilabert, muerto tras sufrir mutilaciones el 16 de agosto de 1936 o Carlos Díaz, enterrado aún con vida en el cementerio de Agullent, siendo poco más tarde fusilado.

Uno de los ejemplos más destacados entre los casos de la brutalidad revolucionaria durante el verano de 1936 aconteció en la diócesis de Barbastro, la de mayor mortandad del país entre sus miembros incardinados pues se causó la muerte a 123 de los 140 sacerdotes, es decir, el 88% de sus miembros, incluyendo a su obispo, además de 51 frailes claretianos, 18 benedictinos y 9 escolapios, pero en la que no sufrió la misma suerte ninguna de las religiosas. En otras diócesis la proporción de religiosos asesinados alcanzó cifras considerables, como la de Lérida con el 66% de miembros ejecutados, Tortosa el 62%, Málaga al 48%, Menorca el 49%, Segorbe el 55% o la de Toledo, que perdió al 48% de los religiosos. En las grandes ciudades, los porcentajes relativos son inferiores, pero superan a muchas otras en términos absolutos: Madrid, con 334 sacerdotes fusilados, perdió al 30% de su comunidad religiosa, Barcelona al 22% con 279 muertos y Valencia al 27%, con 327 víctimas.

Tras el sangriento mes de agosto del 1936, diversos dirigentes del bando republicano realizaron declaraciones justificando la violencia anticlerical desde la perspectiva política, considerando que la Iglesia se había posicionado ella misma, por su apoyo al Bando Nacional, como parte beligerante de la contienda y por lo tanto, enemigo de la República. Aunque visibles desde los primeros días de la guerra en algunas unidades de combate como las de Navarra, donde muchos religiosos se habían integrado en las unidades de requetés para acompañar a los combatientes, como recuerda un testigo: "...figuraban capellanes en número tan crecido que se estorbaban unos a otros." los casos en la que los religiosos empuñaron armas fueron escasos y en circunstancias poco claras, como recuerda el hispanista Ranzato, pues según él, solo se ha podido confirmar un único episodio en los una iglesia participó en los combates armados, el caso de las Carmelitas de la Diagonal de Barcelona.

La violencia en contra de la Iglesia Católica era asumida por los líderes marxistas. Así, el líder del POUM, Andrés Nin, en un mitin llevado a cabo el 1 de agosto de 1936 proclamó que la "cuestión religiosa", a diferencia de la ineficaz legislación republicana "burguesa", había sido "resuelta" gracias, según él, a la acción revolucionaria de la clase obrera:

"La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera (...) hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto."

—Andrés Nin, La Vanguardia, 2/08/36. Biblioteca de La Vanguardia

Por su parte, en un artículo de opinión en el periódico anarquista Solidaridad Obrera, el órgano de expresión de la CNT, del 15 de agosto de 1936, se comentaba los planes por moderar la revolución en algunos aspectos a excepción del conflicto con la Iglesia, ilustrando la intransigencia anticlerical de parte del movimiento revolucionario:

"Los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las antorchas del pueblo las han pulverizado (...) Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados."

—Solidaridad Obrera, 15/08/36

A partir de 1937, con la llegada a la presidencia del Consejo de Ministros de Largo Caballero y la formación de un Gobierno de unidad (el denominado Gobierno de la Victoria) que incorporó a un católico, representante del Partido Nacionalista Vasco, Manuel de Irujo, y ante la presión de la opinión pública internacional, se impuso paulatinamente el control gubernamental y los episodios de represión, de todo tipo, se hicieron más esporádicos y localizados, si bien asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos católicos continuaron teniendo lugar hasta el final de la guerra, con un brever repunte de violencia simultáneo a la retirada del denominado Ejército Popular del frente de Cataluña hacia la frontera hispanofrancesa en el que resultaron muertos, entre otros elementos relevantes identificados con el bando franquista, el obispo de Teruel, Anselmo Polanco y Felipe Ripoll, vicario general de la misma diócesis, que fueron ejecutados el 7 de febrero de 1939 en Pont de Molins.

Irujo, que fue ministro sin cartera de septiembre de 1936 a mayo de 1937 en los dos Gobiernos marxistas de Largo Caballero, y ministro de Justicia en de Negrín el 18 de mayo de 1937, fue el encargado del memorándum sobre la persecución religiosa presentado al Consejo de Ministros en el que se daba cuenta de la magnitud de lo acontecido:

"La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado, en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c) Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes, cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a cabo -los organismos oficiales los han ocupado en su edificación obras de carácter permanente. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda."

Los planteamientos de Irujo comenzaron a dar sus frutos tímidamente cuando entró como titular de Justicia en el Gobierno de Negrín, al proponer el restablecimiento, aunque de manera restringida, del culto católico y el retorno de los obispos catalanes. Pero las medidas llegaron demasiado tarde y así, el mismo vicario de Barcelona se negó a exponer el culto público, como tampoco aceptó el retorno del arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, quien había sido salvado por la Generalidad de las milicias anarquistas y se había negado a firmar la Carta colectiva del Episcopado Español.

La presión de la opinión pública internacional, en cuya concienciación tuvo influencia dicha Carta, redactada por Gomá en febrero de 1937, se manifestó por las protestas de organizaciones y de representantes diplomáticos. Destacó la actuación del embajador de Francia, Erik Labonne, protestante practicante y favorable a la causa republicana, quien el 16 de febrero de 1938 envió un extenso informe a su ministro de Asuntos Exteriores donde se atestigua el descrédito sufrido por el bando republicano como resultado de la violencia religiosa:

"¡Qué espectáculo!... desde hace cerca de dos años y después de afrentosas masacres en masa de miembros del clero, las iglesias siguen devastadas, vacías, abiertas a todos los vientos. Ningún cuidado, ningún culto. Nadie se atreve a aproximarse a ellas. En medio de calles bulliciosas o de parajes desiertos, los edificios religiosos parecen lugares pestíferos. Temor, desprecio o indiferencia, las miradas se desvían. Las casas de Cristo y sus heridas permanecen como símbolos permanentes de la venganza y del odio. En las calles, ningún hábito religioso, ningún servidor de la Iglesia, ni secular ni regular. Todos los conventos han sufrido la misma suerte. Monjes, hermanas, frailes, todos han desaparecido. Muchos murieron de muerte violenta. Muchos pudieron pasar a Francia gracias a los meritorios esfuerzos de nuestros cónsules, puerto de gracia y aspiración de refugio para tantos españoles desde los primeros días de la tormenta. Por decreto de los hombres, la religión ha dejado de existir. Toda vida religiosa se ha extinguido bajo la capa de la opresión del silencio. A todo lo largo de las declaraciones gubernamentales, ni una palabra; en la prensa, ni una línea. Sin embargo, la España republicana se dice democrática. Sus aspiraciones, sus preocupaciones políticas esenciales, la empujan hacia las naciones democráticas de Occidente. Su Gobierno desea sinceramente, así lo proclama, ganar la audiencia del mundo, hacer evolucionar a España según sus principios y siguiendo sus vías. Como ellas, se declara partidario de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión. Hace mucho tiempo ha aceptado el ejercicio del culto protestante y del culto israelita. Pero permanece mudo hacia el catolicismo y no lo tolera en absoluto. Para él el catolicismo no merece ni la libre conciencia, ni el libre ejercicio del culto. El contraste es tan flagrante que despierta dudas sobre su sinceridad, que arrastra el descrédito sobre todas sus restantes declaraciones y hasta sobre sus verdaderos sentimientos. Sus enemigos parecen tener derecho a acusarle de duplicidad o de impotencia. Como su interés, como infinitas ventajas le llevarían con toda evidencia a volverse hacia la Iglesia, se le acusa sobre todo de impotencia. A pesar de sus denegaciones, a pesar de todas las pruebas aducidas de su independencia y de su autonomía, se le cree ligado a las fuerzas extremistas, a los ateísmos militantes, a las ideologías extranjeras. Si fuera verdaderamente libre, se dice, si su inspiración e influencias procedieran efectivamente de Inglaterra o de Francia, ¿cómo ese Gobierno no ha atemperado el rigor de sus exclusivismos, olvidando su venganza, y reniega de su ideología?"

Carta colectiva

Se preparó la Carta colectiva de los Obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, firmada el 1 de julio de 1937, por la que se confirmó el apoyo definitivo de la jerarquía de la Iglesia española al Bando Nacional. Suscrita por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, no contó sin embargo con la firma ni del obispo de Vitoria Mateo Múgica, quien alegó a las circunstancias de su exilio para no rubricarla, ni del arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Impresa en francés, italiano e inglés, declaraba a la opinión pública internacional que siendo la Iglesia española víctima inocente, pacífica, indefensa de la guerra, apoyaba la causa del bando garante de los principios fundamentales de las sociedad antes de perecer totalmente en manos del comunismo que había provocado la revolución antiespañol y anticristiana y que llevaba asesinados a más de 300.000 seglares.

Magnitud de la tragedia

Puerta del cementerio de Paracuellos de Jarama erigido en el lugar donde se enterraron a los asesinados. De los cientos de asesinados, los religiosos constituyeron uno de los grupos más significativos.

Al término de la contienda, según el estudio de Antonio Montero Moreno, historiador y periodista que fue arzobispo de Mérida-Badajoz entre 1994 y 2004, que fue su tesis doctoral por la Universidad de Salamanca, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas. Otras fuentes promovidas por la Iglesia, entre ellas el estudio de Vicente Cárcel Ortí para la preparación del "catálogo de los mártires cristianos del siglo XX", solicitado por el papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000 amplían la estimación con 3.000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual estiman en torno a 10.000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones eclesiásticas.

Los obispos asesinados fueron Florentino Asensio y Barroso, obispo de Barbastro (1877-1936); Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén (1869-1936); Manuel Borrás Ferré, obispo auxiliar de Tarragona (1880-1936); Narciso de Esténaga Echavarría, obispo de Ciudad Real (1882-1936); Salvio Huix Miralpeix, obispo de Lérida (1877-1936); Manuel Irurita Almándoz, obispo de Barcelona (1876-1936); Cruz Laplana y Laguna, obispo de Cuenca (1875-1936); Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix (1869-1936); Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza (1866-1936); Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel (1881-1939); Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador apostólico de Orihuela (1878-1936); Miguel Serra Sucarrats, obispo de Segorbe (1868-1936) y Diego Ventaja Milán, obispo de Almería (1880-1936).

La magnitud e intensidad de la tragedia, para la cual hay un consenso general entre los especialistas e historiadores, es destacada por Antonio Montero Moreno, autor del estudio de los años sesenta, en su concentración en el tiempo:

"En toda la historia de la universal Iglesia no hay un solo precedente, ni siquiera en las persecuciones romanas, del sacrificio sangriento, en poco más de un semestre, de doce obispos, cuatro mil sacerdotes y más de dos mil religiosos."

Por su parte, el historiador británico e hispanista Hugh Thomas, contextualiza la persecución religiosa a los comportamientos criminales del bando republicano y destaca su extremismo, comparable según él, a otros periodos sangrientos de la historia europea:

"En ninguna época de la historia de Europa, y posiblemente del mundo, se ha manifestado un odio tan apasionado contra la religión y cuanto con ella se encuentra relacionado."

—Hugh Thomas, La República Española y la Guerra Civil, pg. 257.

El también hispanista e historiador conservador británico, Stanley G. Payne enlaza la magnitud del caso con otros periodos revolucionarios:

"La persecución de la Iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental, incluso en los momentos más duros de la Revolución francesa."

Pérdida del patrimonio

Simultáneamente a los casos de violencia contra las personas, resultó afectada una gran parte de las propiedades y bienes eclesiásticos así como del patrimonio cultural asociado a las obras de arte en ornamentación, retablos, imágenes y lienzos, hechos que los autores católicos denominan "el martirio de las cosas".

Durante la contienda, resultaron destruidas 20.000 iglesias, entre ellas varias catedrales, incluyendo su patrimonio artístico y sus archivos como resultado de las acciones producidas por los rojos.

En Cataluña, el Presidente de la Generalidad, Lluís Companys, durante una entrevista a finales de agosto de 1936 por una periodista de L'Oeuvre declaró al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el culto católico:

"...este problema no se plantea siquiera, porque todas las iglesias han sido destruidas."

En Madrid se destruyeron casi todas las iglesias mientras que en la vecina localidad de Getafe el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús situado en la cima del Cerro de los Ángeles fue volado con dinamita el 7 de agosto de 1936.

Reacción de la Iglesia Católica

Anarquistas del Bando republicano disparándole a la estatua de Cristo en el Cerro de los Ángeles, Getafe.

A pesar de que en el ideario inicial de los sublevados no se reflejaba la cuestión religiosa, la respuesta de los representantes de la Iglesia Católica a la persecución religiosa, con el cardenal primado Isidro Gomá al frente, fue la de apoyar su causa, aunque de manera no pública hasta la publicación de la Carta Colectiva de los obispos españoles del 1 de julio de 1937 cuando se manifestó de manera abierta a la opinión pública internacional.

Desde los primeros días del conflicto, diversas unidades combatientes del bando sublevado adoptaron la simbología católica en sus distintivos e integraron a numerosos religiosos en labores de asistencia religiosa. Aunque como recordaba en 1993 Gabriele Ranzato no existen prácticamente casos documentados y contrastados de participación directa de religiosos en la violencia, salvo en circustancias no muy claras, algunos casos adquirieron popularidad como el ejemplo citado en las memorias del general sublevado Gonzalo Queipo de Llano recopiladas por Antonio Bahamonde, sobre los curas guerreros, que el autor denomina los "anti-mártires", como el llamado el "cura-legionario" de Zafra.

Terminada la guerra, en abril de 1939, se celebró un acto en la iglesia madrileña de Santa Bárbara en el que Francisco Franco recibió la espada de la Victoria de manos de Gomá, mientras pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los "enemigos de la Verdad" religiosa.

El apoyo y soporte ideológico de la Iglesia Católica al gobierno franquista fue recompensado con una situación privilegiada de aquella. Esta situación se hizo más patente tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido denominada por muchos autores como "nacionalcatolicismo"; entre otras características, se multiplicaron los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas. Los entierros de mártires fueron celebrados por todo el país en actos de gran solemnidad y exaltación.

El régimen franquista promulgó la "Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España" por decreto del 26 de abril de 1940 con el fin de instruir los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja. La investigación se llevó a cabo de manera sistemática y detallada en toda España bajo la responsabilidad del fiscal jefe de la Causa General, figura establecida en 1943, y duró prácticamente hasta 1960.

La enorme documentación acumulada fue dividida en once piezas o capítulos, uno de ellos abierto expresamente bajo el epígrafe Persecución religiosa: Sacerdotes y religiosos asesinados y conventos destruidos o profanados. Las diócesis colaboraron con la Causa General mediante la labor del provisor de la Diócesis, encargado de suministrar los informes y recolectar los testimonios de los asesinatos y sus circunstancias.

Década de 1980: primeras beatificaciones

Según el Código de Derecho Canónico vigente entonces, estos procesos no podían llevarse a cabo antes de cincuenta años tras el fallecimiento del futuro beato. Fue el papa Juan Pablo II, con el nuevo Código, quien permitió, a partir de ese momento, que el tiempo previo a las beatificaciones se redujera considerablemente.

Durante el papado de Juan Pablo II se inició un periodo de beatificaciones de mártires, que comenzó con el reconocimiento de varias carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936, en una ceremonia celebrada en Roma el 29 de marzo de 1987.

Hasta el 2007 se han realizado diez ceremonias de beatificación, que incluyen a 471 mártires, de los que 4 son obispos, 43 sacerdotes seculares, 379 religiosos, y 45 laicos. También ha habido varias ceremonias de canonización, las de los nueve Hermanos de las Escuelas Cristianas de Turón muertos en 1934 (Ver: Mártires de Turón), otro religioso de la misma orden asesinado en Tarragona en febrero de 1937, y Pedro Poveda Castroverde, fundador de la Institución Teresiana, asesinado en Madrid el 28 de julio de 1936.

Nuevas beatificaciones en 2007

El 27 de abril de 2007, la Conferencia Episcopal Española en su octogésima novena asamblea plenaria celebrada en Madrid, emitió un comunicado "Mensaje con motivo de la beatificación de 498 mártires del siglo XX en España" por el que se anunciaba una nueva ceremonia de beatificación, prevista para octubre de 2007, de 498 religiosos asesinados no solo durante la Guerra Civil Española, sino también en los episodios de Asturias en 1934.

Juan Antonio Martínez Camino, secretario portavoz de la Conferencia, presentó a los medios de comunicación el 27 y el 28 de abril de 2007 la declaración sobre este acto declarando que constituye su aportación a la reconciliación nacional pues "los mártires, que murieron perdonando, son el mejor aliento para que todos fomentemos el espíritu de reconciliación" que será aprovechado como "un estímulo para la renovación de la vida cristiana" en España, pues "se trata, ante todo, de glorificar a Dios por la fe que vence al mundo", en un contexto que considera que "...al tiempo que se difunde la mentalidad laicista, la reconciliación parece amenazada en nuestra sociedad"

Varias semanas más tarde, se manifestó el obispo de Tarazona, Demetrio Fernández, reafirmando la tradicional consideración de mártires según la Iglesia, reservada a las personas beatificadas y responsabilizando al marxismo y laicismo de su suerte:

"Se les pidió renunciar a su fe y ellos se mantuvieron firmes en esa fe y en su amor a Cristo. Con ello se pretendía borrar la fe y toda huella religiosa, en aras de una ideología totalitaria llena de odio contra Dios y contra la religión. Ideas marxistas y laicistas, plasmadas en personas concretas, se proponían borrar a Dios del mapa. Y en medio de tanta destrucción y de tanto odio, prevaleció el amor más grande. La Iglesia, experta en humanidad, con dos mil años de historia, reconoce en ellos a sus mejores hijos."

Referencias

Bibliografía

• Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1961, 1999.
• Jackson, Gabriel, La Republica Española y la Guerra Civil (1931-1939). Editorial Crítica S. A. 1976, 1979. Ediciones Orbis S.A.
• Tuñón de Lara, Manuel, Tres claves de la Segunda República. Alianza Editorial S.A. Madrid 1985
• Tusell, Javier, Historia de España en el siglo XX (I) Del 98 a la proclamación de la República. Editorial Taurus, Madrid, 1999.
• Tusell, Javier, Historia de España en el siglo XX (II) La crisis de los años treinta. Republica y Guerra Civil. Editorial Taurus, Madrid, 1999.
• Thomas, Hugh, La Guerra Civil Española. Ediciones Grijalbo S.A. 1976.

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• Guerra Civil Española
• Víctimas de la represión en la zona republicana
• Bando republicano
• Quema de conventos de 1931 en España
• Quema de conventos de 1934 en España
• Comunismo
• Anarquismo
• Checas
• Genocidio de Paracuellos
• Terror rojo en España
• Servicio de Información Militar
• Anticlericalismo
• Segunda República Española

Enlaces externos

• Mártires de la Guerra Civil en la Conferencia Episcopal Española
• Mártires de Turón (Asturias)
• Sitio oficial de San Pedro Poveda
• Sitio web de la beatificación de 498 mártires el 28 de octubre de 2007
• Cientos de cadáveres de la República están en fosas comunes de Toledo.

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